Las reacciones retóricas de los dirigentes independentistas a la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña han sido desquiciadas, enrocados como están en su bucle ideológico sobre la “represión”, y ponen en evidencia su desesperación ante la agonía del procés, a la vez que enseñan --de nuevo-- su cara antisistema. Acusar a España de lo que habrá sido un funcionamiento automático de los servicios de control aeroportuario de pasajeros, respecto a alguien que aparece en los ficheros policiales de toda Europa, refleja su enfermiza obsesión contra el Estado.

La cuestión jurídica de si la euroorden de detención y entrega de Puigdemont está activada o suspendida, igual como si lo ampara la inmunidad por su condición de eurodiputado, puede ser zanjada en un sentido u otro, previo examen de los datos procesales, pero eso compete a los tribunales, no a la calle. La esencia del derecho es su interpretabilidad, función que cumplen jueces, fiscales y abogados. En una democracia, y por extensión en la UE, hay que dejar que el sistema jurídico despliegue su eficacia.

Las barbaridades que sueltan los dirigentes independentistas --entre ellos el supuesto moderado Pere Aragonés: "La represión solo se parará con amnistía, autodeterminación e independencia”, así de simple y de definitivo-- muestran que no reconocen la separación de poderes y la independencia de la justicia, pilares fundamentales del Estado de derecho. Con estos antecedentes, ¿qué Estado de derecho ofrecerían en su imaginaria república? Se comportan como unos antisistema de salón.

El viaje con cargo al erario público de nuestras máximas autoridades autonómicas, el presidente y el vicepresidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament con sus respectivos séquitos, a Alguero --¿para qué, si el desarrollo de los acontecimientos depende allá de los órganos judiciales italianos?--, así como la participación de varios consellers en las manifestaciones en Barcelona exigiendo la liberación de Puigdemont, son la prueba de que no disimulan su actuación  como gobernantes (solo) para los independentistas.

Puigdemont lleva 1428 días de escapada y ha sido detenido por tercera vez. Lo fue antes en Bélgica y en Alemania. Si a la tercera no va la vencida, y no es entregado a la Audiencia Nacional, irá a la cuarta, a la quinta o más adelante. Es su destino inexorable.

Después de las elecciones del 21-D de 2017, sobrevalorando el resultado de los independentistas, Puigdemont dijo con lenguaje barriobajero: “España tiene un pollo de cojones”. Quién lo tiene es él. El delito de sedición por el que se pide su entrega prescribe a los 15 años, echando la cuenta tendrá ese pollo hasta octubre de 2032, si no se entrega o es entregado antes y es juzgado y sentenciado, siguiendo la suerte (respetando su presunción de inocencia) de los que ya respondieron como copartícipes de los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Puigdemont es un huido de la justicia privilegiado. Le pagan una costosa residencia de 550 metros cuadrados en Waterloo, le sostienen un tren de vida de alta gama y es defendido por una cohorte de letrados de postín y de minuta que está por las nubes. Pero a salto de mata tampoco es un vivir cómodo, siendo él, además, un personaje incómodo en cualquier Estado de la UE donde resida o por donde transite.

Habrá sido para Puigdemont una muy desagradable sorpresa la del aeropuerto de Alguero-Fertilia y habrá sentido la fragilidad jurídica de su situación personal y el temor de que alguna vez el cántaro de tanto ir a la fuente se rompa.

¿Está en riesgo de capotar --o tocada como dice Aragonés-- la mesa de negociación de los gobiernos? Ellos verán. Puede que, en su ensimismamiento, no la conciban correctamente, pero los primeros interesados en esa mesa deberían ser los dirigentes independentistas. En el fondo, lo que se negociará en la mesa son las condiciones de su rendición, después del fracaso de la declaración de independencia, y deberían saberse ganar la magnanimidad del Estado que pretendieron desintegrar.

¿Es la puntilla al procés la detención de Puigdemont o, al contrario, servirá a los independentistas para recargar baterías? Hay que esperar al desenlace de las cuitas jurídicas en curso, pero probablemente será más el ruido que las nueces.  En todo caso es otro clavo en la tapa del ataúd del procés.