Cataluña pierde definitivamente una nueva oportunidad y una inyección de capital de 1.700 millones de euros para dar salida a una infraestructura que, en 2019, se encontraba al borde de la saturación. El Ejecutivo de Pere Aragonès vuelve a dar síntomas de debilidad, se desdice del preacuerdo alcanzado entre Gobierno y Generalitat y abandona el proyecto de ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat; o lo que es lo mismo, la quinta mayor infraestructura aeroportuaria europea en volumen de actividad.

El plan presentado por el Gobierno de España suponía consolidar la principal puerta que conecta Cataluña al mundo como un nuevo hub internacional para nuevas compañías o para aquellas que ya lo hacen. Por ello, se aumentaba la capacidad operacional --de las 80 actuales a 90 por hora--, así como la capacidad teórica, la cual se enfilaría hasta los 70 millones de pasajeros, frente a los 55 millones de ahora.

En este sentido, dar luz verde a la ampliación de El Prat implicaba de forma inicial la prolongación de la pista 07R/25L en 500 metros, además de la construcción de una terminal satélite anexa a la T1: del proyecto pendía también la creación de 45.000 nuevos puestos de trabajo directos y 185.000 indirectos.

No obstante, la debilidad interna del propio Govern provocada por las discrepancias entre sus socios --ERC y Junts--,  han abocado a Cataluña a rechazar una apuesta en firme que pretendía causar el mínimo impacto medioambiental posible y afianzar la ciudad de Barcelona como la plaza fuerte en el sur de Europa, en cuanto a conexiones aéreas se refiere. Asimismo, la crisis entre las dos formaciones independentistas da carpetazo a la oportunidad de generar riqueza en el territorio y de incrementar el PIB catalán. En concreto, se calcula que con la ampliación del Prat, el índice habría pasado del 6,8% al 8,9%.Con todo, no está de más recordar que el proyecto presentado en el Documento de Regulación Aeroportuario (Dora) de Aena, para el próximo lustro --2022 a 2026-- contaba con la creación un Nuevo Espacio Natural del Delta del Llobregat, el cual cumplía de forma escrupulosa con las exigencias de la Unión Europea y ampliaba en un 25% la actual superficie protegida de 923 hectáreas. A todo ello, el DORA contemplaba también destinar un plazo de dos años al análisis de la afectación que habría conllevado la prolongación de la tercera pista en el Espacio Natural de La Ricarda.