Aunque el PP crea que a la gente no le preocupa, la no renovación de los órganos constitucionales es una de las cosas más graves que pueden suceder en una democracia. Significa que cada día que pasa con los miembros de esos órganos caducados se incumplen la Constitución y las leyes reguladoras de las instituciones concernidas.Actualmente, están pendientes de renovación el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Después de un largo calvario, solo se pudo renovar el consejo de administración de RTVE, en un momento de distensión que duró poco y se volvió después al bloqueo en los otros órganos constitucionales, agravado en el caso del CGPJ.  En el órgano de gobierno de los jueces la situación está cada vez más bloqueada debido a la negativa del PP a cumplir sus obligaciones constitucionales, como la de pactar con el otro gran partido, el PSOE, la renovación del organismo. Es una obligación por mandato de la Constitución y porque es la única manera de hacerlo, ya que solo con el concurso de los dos partidos pueden alcanzarse los tres quintos del Congreso necesarios para sacar adelante los nombramientos.

El PP ha planteado toda una seria de excusas para negarse a la renovación después de que un pacto cerrado, mediante el que Manuel Marchena iba a presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo, se frustrara al filtrarse un wasap de Ignacio Cossidó, entonces portavoz del PP en el Senado, en el que decía que con ese magistrado los populares iban a controlar la Sala Segunda del Supremo, la que juzga a los políticos y los casos de corrupción, por la puerta de atrás. Ante el escándalo, Marchena renunció y el pacto se congeló. Hasta ahora.

Desde que el mandato de los integrantes del CGPJ caducó --diciembre de 2018-- han pasado más de 1.000 días, casi tres años, y la situación cada vez está más encallada. La última exigencia del PP, rechazada ya por el Gobierno, es que Pedro Sánchez se comprometa por escrito a revisar el modo de elección para que 12 de los 20 miembros los elijan los jueces directamente y solo después de esa reforma Pablo Casado aceptaría la renovación mediante el sistema vigente, en el que los vocales son elegidos por el Parlamento, aunque 12 de ellos después de las propuestas hechas por las asociaciones de jueces. Casado afirma que solo puede hacerse así porque no se fía del Gobierno, un argumento que rompe las previsiones constitucionales y que, llevado al extremo, impediría el funcionamiento de las instituciones. 

Esta nueva pirueta llega después de que el PP llevara tiempo exigiendo la elección directa por los jueces, aduciendo que lo exigen la Constitución y la Unión Europea (UE). Ambos argumentos son falsos porque todos los sistemas ensayados hasta ahora --incluido el actual-- han sido validados por el TC y la UE se limita a recomendar la elección por los jueces, pero en Europa conviven varios modelos.

Antes del argumento europeo, el PP había utilizado otros: primero la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno y su participación en las negociaciones para la renovación; más tarde, la presencia entre los candidatos del juez José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia que condenó al PP en la trama Gürtel y que dio origen a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Pero es que además la exigencia de la elección directa por los jueces, que ya fue defendida por el PP de Rajoy en su momento, fue olvidada después de las elecciones del 2011, cuando el PP logró la mayoría absoluta. Con mayoría en las dos cámaras del Parlamento, el PP ya no necesitaba que los jueces, sector en el que domina una mayoría conservadora, intervinieran en la elección. Con la votación parlamentaria tenían suficiente. Por eso, en el 2013, el PP y el PSOE ratificaron el modo de elección que sigue vigente.

Pero, más adelante, Casado recuperó la elección directa por los jueces, ya que ahora, con una mayoría progresista en el Congreso, no puede controlar la elección. El bloqueo de los organismos constitucionales solo se produce cuando el PP está en la oposición y no hay ningún problema cuando gobierna y tiene mayoría en el Parlamento. En tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, el PP de Rajoy ya bloqueó durante dos años la renovación del CGPJ, marca que ahora se ha batido hasta llegar casi a los tres años.

Tanto que habla de la independencia judicial, al PP lo que le interesa es controlar el CGPJ de una u otra forma: a través del Parlamento cuando tiene mayoría o por la elección directa de los jueces si no la tiene. Casado dijo el otro día que había que abandonar toda esperanza, lo que puede significar que está dispuesto a llegar a las próximas elecciones con el CGPJ caducado, integrado por los vocales elegidos cuando el PP tenía mayoría absoluta, con dos elecciones generales de por medio ganadas por el PSOE, sin que sus resultados se reflejen en el órgano de gobierno de los jueces. Sería la culminación del escándalo.