El presidente del Gobierno dijo el pasado domingo en una entrevista en el diario oficial de El País que los españoles íbamos a pagar en 2021 lo mismo que en 2018 en el recibo de la luz descontando, eso sí, el índice de inflación. Estas palabras del presidente, que sin duda está agobiado por el índice alcista de la electricidad, son en sí mismas una apuesta arriesgada. Si lo consigue izará banderas al viento y remontará la peor crisis desde que formó el nuevo Gobierno. Si no lo consigue el presidente quedará electrocutado.
El presidente se ha arriesgado porque ha recibido un memorándum de expertos que le sugieren medidas concretas. Y a ello se aferra. ¿Cuáles son estas propuestas? El informe de los expertos apunta a subastas que estabilicen la cuantía que reciben hidroeléctricas y nucleares, descartando la fijación unilateral de los precios que ahora cobran estas energías; cobrar más impuestos a hidroeléctricas y destinarlos a mejorar el bono social y aliviar el coste de los más vulnerables, lo que conllevará un enfrentamiento con las hidroeléctricas, léase Iberdrola, Endesa y en menor medida Naturgy; desligar el recibo de los vaivenes del mercado lo que lleva implícito el riesgo de que se pague más cuando el pool se desplome; sin olvidar la presión a la Unión Europea para aumentar el margen de actuación.
Estas propuestas son las que está barajando el Gobierno porque le abren la puerta a pactar los precios con las eléctricas durante años o décadas. El problema es que el margen que se ha dado Sánchez para lograr el acuerdo es escaso. Primero, porque abre un enfrentamiento con el sector y, sobre todo, porque “ninguna de las propuestas cubre el objetivo final del año. No hay tiempo”, apuntan tajantes algunas fuentes que son de los rara avis que entienden lo que pasa en el complejo mundo de la electricidad.
Ciertamente, las hidroeléctricas se han aprovechado de la situación, pero no han cometido ninguna ilegalidad. Es, guste o no, el normal funcionamiento del pool. Por eso, el presidente lo fía todo a un acuerdo con las eléctricas. No podrá el Gobierno fijar el precio, pero sí puede crear una subasta en la que las centrales de ciclo combinado no entran. Este supuesto que tiene el apoyo de los expertos solo tiene un problema: debe ser voluntario. Por tanto, depende de la voluntad de las eléctricas que en el Congreso tendrán que hacer frente al proyecto de Ley que ponga fin a los “beneficios caídos del cielo”.
El panorama es sombrío porque el Gobierno tenía que haber actuado ya con las eléctricas, pero lo máximo que ha hecho es decirles que no tienen ni ética ni empatía social. No parece un buen camino. Quizá debería haber utilizado Sánchez el camino que utilizó José Montilla en su etapa de ministro de Industria. La gasolina se disparó por el precio del petróleo. El aumento amenazó la estabilidad del IPC, como ahora, y se aumentó la factura del transporte y de prácticamente todos los productos. El margen del ejecutivo era más bien nulo. Solo un acuerdo con las empresas del sector --Repsol, Cepsa-- abría el camino de la estabilidad. Y así lo hizo Montilla, consiguió que las empresas no llevaran a la factura el total del importe del crudo. Sánchez llega tarde y en diciembre nos tendrá que dar excusas porque casi es imposible el acuerdo. Y si lo hay, es imposible que se traslade a la factura antes de fin de año.
Ciertamente, el Ejecutivo también tiene margen en el tema impositivo, pero el margen se empequeñece ante la magnitud del problema como se ha demostrado con la reducción del IVA y la supresión del impuesto de generación. Ante este panorama, lo más seguro es que el presidente quede electrocutado en el mes de diciembre. La oposición más allá de palabrería no tiene alternativa, pero va a ver como Sánchez se cuece en su propia salsa porque para el PP todo vale para erosionar. El problema es que Pedro Sánchez se deja que le erosionen porque ha reaccionado tarde y mal. No tiene tiempo para que las medidas que baraja se hagan realidad. Sin duda, es mala receta ponerse plazos. Queda bien en un primer momento, pero se electrocutará.