Quienes incendiaron los peajes, a la postre, han ganado ¿Y quién sufragará ahora el mantenimiento de las vías nacionalizadas? Nosotros; pero sepan ustedes que “nosotros, los de antes, ya no somos los mismos”, como escribió Neruda. El Gobierno se apunta un tanto y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se cuelga una medalla: los conductores catalanes se ahorrarán 752 millones de euros anuales y los aragoneses, otros 90 millones. Ella dice que el fin de los peajes de la AP-2 y la AP-7, es un hito y un logro del Gobierno. La C-32, Barcelona Lloret de Mar y la C-33 Barcelona-Mataró también se han levantado, pero en este caso la gestión cae manos de la Generalitat. Es la primera vez en muchos años que el Gobierno y el Govern tramitan algo juntos, aparte de sus inútiles cimas bilaterales.
Habrá cámaras capaces de captar a los usuarios y las matrículas de sus vehículos y además, las normativas aligerarán el precio a los empleados, autónomos o casos urgentes, que circulan obligatoriamente. “Retráteme el que quiera, pero no me maltrate”, decía Alonso Quijano. Llegamos tarde, pero conviene recordar que la Leyenda Negra empezó así, pasándole un paño de piedad a la gloria pretérita sin fundamento. La doctrina europea dice que “quien contamina paga”, algo tan natural como casi imposible.
Ahora que Abertis llena los bolsillos de Autostrade, su actual dueña, Cataluña y Aragón pasan por haber inventado un rechazo surgido de décadas dejando pingües beneficios a las concesionarias, captadas por sus accionistas, los bancos. Las empresas licitadoras lo dejan, pero pasan por caja: Abertis habla de cobrar una deuda de 4.000 millones contraída por el Estado y el Gobierno solo le reconoce 1.400 millones.
La Italia que se quedó con Endesa en tiempos de Aznar --la riqueza de España, sus montes, sus cuencas fluviales, sus ecosistemas pirenaicos-- exige ahora el lucro cesante de sus autopistas, después de haber renegociado miles de veces la ampliación de las concesiones a cambio de reformas epidérmicas en las vías rápidas. Pagarlo crearía un casus belli sino fuese por el bueno de Mario Draghi, primer ministro italiano y amigo de la titular de Economía, Nadia Calviño; él nos lo arreglará, no desesperemos.
No sé si a la actual titular de Transportes y exalcaldesa de Gavà le ha pillado por sorpresa el inoportuno encono de los transalpinos. Raquel Sánchez ha llegado al Gobierno con una hoja de servicios impoluta y siendo una de las dirigentes que han llevado el timón municipalista del PSC, casi lo único que se salva de la política canina actual. Con su triunfo sin esfuerzo, ella le saca brillo al trabajo de su antecesor, José Luis Ábalos, descabalgado por los monclovitas de Sánchez para evitar males mayores en materia de seguridad jurídica y para guarecer el siempre insuficiente socialismo moderado.
Los debates en el seno de la izquierda no vienen del lejano Congreso de Suresnes, ni de las recientes disquisiciones podemitas; diría que se remontan a Trento, cuando España se desmembró a base de disparates teológicos, que acabaron muchos después en manos de Torquemada, la voz del populacho, lo mismo que fue Robespierre en la Francia del Terror. El perfil dogmático del marxismo ha muerto de nostalgia en este siglo, pero el anuncio de la Gracia calvinista nunca atravesó los Pirineos.
Todo desaparece en disputas de café y en bravatas de estudio televisivo. Los coribantes de Pablo Casado y los discípulos de Sánchez mantienen en alto el anhelo ibérico de la utopía, pero no siempre entienden de razones. Los ritos paganos de nuestra cultura política han colocado a la derecha en el callejón de la queja y a la izquierda en el mundo de las supersticiones gentilicias. Será difícil sacar un pronóstico de futuro en el inicio del fin de los peajes. ¿Abaratan realmente, a medio plazo, el coste de la movilidad?