En los últimos días, hemos presenciado precios récord en la factura de la luz, un fenómeno que está inundando tertulias y redes sociales. La pobreza energética vuelve a estar en el centro del debate público. Sin embargo, el mercado eléctrico, un mercado fuertemente regulado y en el que cabe distinguir entre generación, distribución y comercialización, no es un sector apto para veleidades.

La escalada de precios responde fundamentalmente al incremento de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 de la Unión Europea (UE-ETS). Desde 2015, año en el que entra en vigor la revisión de la normativa aprobada en el Acuerdo de París para incentivar la descarbonización y mitigar los efectos de la emergencia climática, los precios de los derechos de emisión han ido escalando hasta alcanzar niveles insólitos, pasando de los 5 euros por tonelada de CO2 en 2017 a más de 57 euros la tonelada. Los precios del gas se encuentran cercanos a los 46 euros el MWh, cuando el mes de febrero se situaban en torno a los 16 euros. Según un informe reciente del Banco de España, ambos factores podrían explicar hasta el 70% del incremento en la factura de la luz de los españoles.

Ante tal devastadora situación, la propuesta reciente del Govern de la Generalitat ha sido la creación de una compañía eléctrica pública para ofrecer unos precios menos lesivos para el bolsillo del consumidor. Suena bien, pero ¿de qué mecanismos y recursos prevé dotarse para poder ofrecer unos precios más competitivos? O, dicho de otro modo, si se trata de una empresa generadora de energía, ¿cómo va a poder bajar los precios de la luz si los costes que asumir son los mismos que los de las otras empresas competidoras? ¿Asumiendo pérdidas? ¿Y quién se haría cargo de ellas? ¿Acaso tendrá una estructura de costes más ligera que Bonpreu Esclat o Pepe Energy? ¿Un mejor manejo de la ciencia de datos que Holaluz? ¿Tolerará una cooperativa como Som Energia la competencia desleal del sector público?

Cabría una opción para ofertar precios más baratos desde una generadora pública: generar energía mediante tecnología hidráulica de embalse, pero incluso considerando esta posibilidad, tenemos que ser realistas: requeriría mucha potencia hidráulica, con un prominente gasto fijo. ¿No hay ningún otro medio menos costoso para el contribuyente que nos permita poder bajar los precios de la luz? Por supuesto que los hay, pero la decisión final, como siempre, es política. Recordemos que el 76% de la factura de la luz corresponde a impuestos (IVA e Impuesto Especial a la electricidad) y costes regulados por el BOE (el coste de generación, el coste del transporte y la distribución, la deuda tarifaria acumulada y las primas a las renovables). El sector público ya controla, fija o regula tres cuartas partes del precio de la electricidad.

Por otro lado, si la propuesta del Govern hace referencia a una comercializadora pública, para poder vender la electricidad más barata, debería tener menos costes que sus competidoras. ¿Cómo compraría la energía más barata que las otras empresas si concurren a la misma subasta? Para muestra un botón: el precio de venta del kw de la comercializadora pública de Ada Colau, Barcelona Energía, es entre un 9% (hora punta) y un 27% (hora valle) más caro que el de sus competidores privados.

Por tanto, que la generación o comercialización sea pública no implica per se una disminución de los precios para el consumidor. Barcelona Energia costó dos millones de euros en 2020 a los barceloneses, con pérdidas de explotación de casi cuatro millones de euros. Sin embargo, en mi opinión, la propuesta de creación de una empresa eléctrica pública es fruto de una concepción social más arraigada: “si la empresa es pública, no hará negocio con la luz y en consecuencia los precios serán más competitivos”.

En Cataluña últimamente tendemos a ver la competencia con malos ojos y es que ya hace demasiados años que ciertos entornos políticos han desplazado la Ventana de Overton, con propuestas tan disparatadas como una farmacéutica pública. Parece que hacer negocio signifique no tener en cuenta el bienestar social, pero estamos olvidando que la competencia y la generación de riqueza son, también, bienestar social. El bienestar social de las futuras generaciones, por su parte, dependerá en gran medida, de nuestra capacidad de abordar la transición energética, a través del cambio tecnológico, hacia fuentes más sostenibles. Sin embargo, también se están obstaculizando en Cataluña una parte sustancial de proyectos de implantación de fuentes de energía renovables, cediendo el paso a otras regiones más espabiladas y de las que previsiblemente tendremos que depender en un futuro.