Ahora la excusa es Europa, como antes lo fue un juez próximo a Unidas Podemos (UP) o la simple participación de UP en las negociaciones. El PP sigue bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva dos años y medio con una mayoría conservadora que no se corresponde con la representación en las Cortes tras las elecciones de abril y noviembre de 2019.

El PP bloquea asimismo la renovación del Tribunal Constitucional (TC), también con mayoría conservadora y con un miembro menos de los 12 integrantes por la dimisión de un magistrado, y del Defensor del Pueblo, que ya prácticamente ni se sabe quién ocupa el cargo. De los órganos constitucionales, únicamente pudo renovarse el consejo de administración de RTVE. Y esta situación constituye una de las anomalías democráticas más graves que puedan producirse.

Sobre el CGPJ, Pablo Casado amenazó el lunes con acudir a la Unión Europea si el Gobierno volvía a plantear la reforma de la elección, pasando de los tres quintos necesarios de las cámaras (esa mayoría hace imprescindible al PP) a la mayoría absoluta, como ha reclamado de nuevo UP. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado de plano esa posibilidad.

Casado aseguró que si ello ocurriera, Sánchez sería responsable de perder los fondos europeos “porque Europa ya ha dicho que, o se respeta la independencia judicial y la separación de poderes, o habrá una infracción clara al Estado de derecho que pondrá en riesgo la llegada de la ayuda europea”, afirmó en un acto en Ávila, el mismo en que permaneció pasivo y sonriente cuando el exministro de UCD Ignacio Camuñas negó que hubiera habido un golpe de Estado en 1936 y responsabilizó a la República de la guerra civil. “¿Cómo vamos a hacer en plena recepción de los fondos un riesgo de ataque al Estado de derecho para que se active un procedimiento del artículo 2 de los Tratados como se está haciendo en Polonia o en Hungría o se pide hacer en Malta y Eslovaquia?”, se preguntó, con esa obsesión de la derecha de equiparar a España con Polonia y Hungría.

Lástima que al día siguiente Vera Jourova, vicepresidenta del área de Justicia de la Comisión Europea, en declaraciones a El País, lo desmintiera en todo. “No puedo ver un vínculo suficiente entre el problema que hay en España, relacionado con el Consejo del Poder Judicial, y una amenaza para la distribución del dinero europeo”, dijo. Y añadió. “No veo ningún país donde los problemas sean comparables a lo que acontece en Polonia y Hungría”.

La Comisión Europea ha emitido dos informes similares sobre este asunto y en ambos se muestra preocupada y urge a renovar el CGPJ. Casado y el PP interpretan que la recomendación de que al menos el 50% del CGPJ sea elegido directamente por los jueces es un mandato imperativo, pero el pasado mes de abril el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, también en declaraciones a El País, planteó la cuestión del 50% a más largo plazo que lo que es urgente, es decir, la renovación del organismo.

La elección actual del CGPJ se basa en los pactos hechos por el PSOE y el PP anterior a Casado. La actual mayoría se formó, con el PSOE en la oposición, tras las elecciones del 2011 ganadas por Mariano Rajoy por mayoría absoluta. De los 20 miembros, el Congreso y el Senado eligen ocho entre juristas de reconocido prestigio y los otros 12 los eligen también las cámaras parlamentarias pero entre una lista que aportan los propios jueces.

Ahora, sin embargo, Casado se ha sacado de la manga la excusa del 50% elegido por los jueces como si fuera una condición sine que non, cuando no es el caso. La realidad es que solo hay problemas para renovar los órganos constitucionales cuando el PP se encuentra en la oposición. Ocurrió ya antes, cuando Rajoy bloqueó la renovación del CGPJ tras la victoria en las elecciones del 2004 de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así, con el bloqueo, el PP consigue mantener la mayoría conservadora favorable a sus intereses establecida cuando gobernaba. A costa de una gran anomalía democrática --una vergüenza desde todos los puntos de vista-- y del desprestigio de las instituciones.