La mediación partidista condiciona al tribunal de garantías. Quel dommage! El voto de la magistrada Encarna Roca Trías desempata por 6 a 5 el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que anula el decreto de alarma y que está siendo analizada con lupa por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE). El decreto de alarma de marzo del año pasado salvó 450.000 vidas y anularlo es un exceso de celo jurídico. ¿Qué diría de Encarna Roca el que fue su mentor Francisco Villavicencio, catedrático de Civil de la Universidad de Barcelona, que desempeñó la presidencia del Consell Consultiu de la Generalitat? Villavicencio fue un defensor puro de la Constitución igual que lo es Encarna Roca, catalanista, numeraria del Institut d'Estudis Catalans, vicepresidenta de la Academia de Jurisprudencia y defensora del Estado español como sujeto de derecho. Una cosa no quita la otra.
La rectitud profesional de la magistrada Roca no ofrece ninguna duda, pero su necesidad de complacer queda al descubierto. Cogió un rebote con razón cuando la llamó Carmen Calvo para pedirle contención. El Tribunal Constitucional (TC), queso Gruyère de ideologías y retrancas, no es una sala jurisdiccional; no está formada por concursantes ni opositores, sino por las cuotas de los partidos políticos, exactamente igual que el Consejo General del Poder Judicial (CGPS) y, en ambos casos, sus cargos no se renuevan a causa del bloqueo impuesto por el PP. El TC lleva un año y medio de retraso en la renovación de un tercio de sus magistrados y el CGPJ lleva dos años y ocho meses sin renovarse. Mientas se mantenga el bloqueo, la oposición estará en el Congreso, pero tendrá una larga mano demasiado cerca de la alta magistratura.
El TC ha sentenciado, dando la razón a un recurso presentado por Vox, contra la alarma que el mismo partido ultra apoyó en su momento. Pero Vox recurre contra todo, utilizando la vía judicial y dejando de lado la vía política por falta de argumentos. Parece que al TC le ha cogido gusto; no diré que el alto tribunal se haya convertido en el Voxtitucional, como dice Echenique, pero me pregunto cuánto durará el dolor de muelas que nos provocan Abascal y sus amigos.
El fallo de los magistrados anula un millón de multas a quienes se saltaron el confinamiento y abre la queja de las empresas que tuvieron que cerrar, aunque les deja sin derecho a reclamar una restitución al Estado, que hundiría las cuentas públicas. Esto último, al parecer, sería del agrado de la oposición, en lucha contra el socialcomunismo con rabo y cuernos. El TC no discute el confinamiento de los ciudadanos en el momento más duro de la pandemia; dice que el instrumento utilizado, el decreto de alarma, no es el apropiado, porque coló de rondón una supresión (no limitación) de derechos. También dice que lo pertinente en aquel momento hubiese sido el Estado de excepción. Urticaria. El alto tribunal ha emitido el fallo conforme a ley; nadie lo duda. Pero no ha pensado demasiado en el anhelo de constituir el espíritu del derecho y del sentido común, que es donde radica su autoridad moral. El fallo abre un agrio debate político que enmaraña la política de salud pública en plena quinta ola del Covid, en un Estado con 17 comunidades autónomas y 17 tribunales superiores.
Roca no prevarica. Tras su apoyo a las primeras sentencias del Constitucional que anularon las iniciativas soberanistas, la Universidad de Girona se planteó en 2014 retirarle el doctorado honoris causa. Pero aquel órdago sectario quedó en nada. ¡Bravo! Ella es la magistrada que revisó el recurso contra la prohibición de las corridas en Cataluña, aprobada por el Parlament en el 2010; propuso anular la ley autonómica, basándose en el valor cultural de la tauromaquia. Ladran, luego cabalgamos. Mucho antes, en los primeros 90 entró en el equipo del exrector de la UB, Josep Maria Bricall, el mejor, y se presentó a las elecciones con el objetivo de ser la primera mujer rectora. Pero el Bloc d’Estudiants Independentistes se lo impidió; los pasadizos y las aulas, en Cataluña, están dominadas por el veto indepe. Escozor. Roca entró en el Constitucional a iniciativa del PSC, que convenció a Rubalcaba con la ayuda de CiU.
Ahora, el TC dice defender derechos y Roca ha sido la puntilla. La sentencia que anula la alarma ha servido para que la oposición exija la dimisión en bloque del Gobierno; la bronca durará en un país convertido en el Campo de Agramante de las ideologías. Si Tomás y Valiente levantara la cabeza, les correría a todos a gorrazos. La mutación de la magistrada hacia el bando conservador no es ningún secreto; los exconvergentes convertidos en soberanistas la llaman traidora y los socialistas la obvian. Ella se sube a las tablas de la mezzosoprano para dar la nota más alta de la tesitura; y al final, el TC se desliza en una sentencia demasiado garantista.