Los líderes del procés, Oriol Junqueras y Jordi Sànchez, no pueden estar en la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern. Ellos nos llevaron a la declaración unilateral, DIU, y su inhabilitación debe hacerse notoria en este momento. La inhabilitación es el precio real de su desafío constitucional; un castigo mucho más relevante que las penas de prisión impuestas en el fallo del Supremo. La corte de casación ha rechazado la suspensión urgente de los indultos, porque no se dan las razones necesarias para adoptar la medida cautelarísima, que implicaría encarcelar de nuevo a los nueve condenados por sedición, como pidieron en su recurso los diputados de Ciudadanos.

Convertidos en residuales por el sufragio universal, Arrimadas y Edmundo Bal quieren una moción de censura contra Sánchez de la que se ha desmarcado el mismo PP. Además, no se acuerdan del artículo 17 de la Constitución, según el cual nadie puede ser castigado más allá de los casos y la forma previstos en la Carta Magna “que dan cobertura legal a la privación de libertad”, recuerda el magistrado Carlos Lesmes, presidente del Supremo, después de decir que los indultos solo se corresponden con “un clima de concordia”. A Edmundo le gustan la Harley y los apriorismos ideológicos; él los pone por delante de la Ley que desde luego conoce, como Letrado del Estado. Pero el Supremo le dice “No” a Ciudadanos y esperará los cinco días preceptivos para que la Abogacía del Estado formule alegaciones. 

Y vayamos al fondo del asunto: La mesa de negociación no puede verse ensombrecida por la exigencia directa de Junqueras. De otro modo se estaría silenciando a la mitad de la sociedad catalana que no está por la ruptura. Los indepes volvieron al poder a pesar de la altísima abstención del 14F, sin olvidar que las últimas elecciones las ganó el PSC de Francesc Illa, un político con sentido de la medida.

El soberanismo activo es un fraude de ley, un delito moral de mayor calado que los delitos penales. Y ahora vemos que de la responsabilidad penal ha surgido la responsabilidad civil: los asuntos del Supremo transitan hacia el Tribunal de Cuentas y Artur Mas --instalado en su despacho ex presidencial del Palau Robert-- recibe un cachete, que alcanza a muchos procesistas atrapados por malversación. El Tribunal de Cuentas tiene muchas sombras. Ha prescrito todo lo que se puede prescribir; entre otras cosas, la responsabilidad de la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por la venta a fondos buitres de pisos protegidos. Botella es la esposa de José Maria Aznar, el ex presidente que indultó a presos de Terra Lliure. Siempre incontinente, Aznar no sabe que la memoria es un castigo divino. 

El ensayo de diálogo, iniciado ayer entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, lo dice a las claras: consultas no, Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, sí. Antes de que Sánchez se las viera venir, Aragonès le plantó ayer su tetralogía: Referéndum, Amnistía, fondos europeos y Aeropuerto de El Prat; una mélange de utopías y traspasos de competencias. Los aullidos de fondo son de Junts; no han dejado de sonar desde que Junqueras publicó su carta en la que reconoce que la DUI no es razonable ni deseable, ahora mismo. Aunque no sea capaz de silenciar a sus socios, el líder de ERC ha dado un paso al lado. Nadie le quiere en la mesa de negociación; pero eso sí, le desean suerte repartiendo peladillas entre la Escolanía de Montserrat o reposando en Poblet, mausoleo de reyes.

Es el momento de repasar, sin ira y pasión, nuestra historia reciente. No echaremos de menos a Junqueras, el incontenible monje, experto en la visión ontológica de Cataluña, sentado a la derecha de la historiografía romántica del archivero Ferran Soldevila.