La España democrática carecía de experiencia en gobiernos de coalición. PSOE y Unidas Podemos han estrenado esta práctica habitual en las democracias europeas. Hay que comprender, pues, que por la novedad en ocasiones chirríe el encaje de ambos en la coalición del Gobierno de España.

¿Hasta qué punto los coaligados deben aparcar sus respectivas posiciones políticas en aras de la cohesión gubernamental? Una coalición modélica en cohesión es la que forman la CDU-CSU y el SPD en el Gobierno federal de Alemania. Las tres partes han mostrado un notable respeto al programa de gobierno y han evitado los posicionamientos partidistas de los ministros, incluso en tiempos electorales. Claro que tienen una experiencia muy rodada tanto a nivel federal como regional.

En nuestro caso, además de discrepancias en la interpretación del programa de gobierno --inevitables hasta cierto punto--, la disonancia mayor se ha producido a cuenta del procés y sus secuelas judiciales. Pablo Iglesias, siendo vicepresidente del Gobierno, a parte de sus críticas a la Monarquía, obviando que es la forma política del Estado español, según la Constitución que prometió acatar, entre otros juicios, se despachó a gusto en consideraciones provocativas (y torpes) sobre el carácter de exiliado de Carles Puigdemont.

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, se ha mostrado en recientes declaraciones partidaria de que Puigdemont y los otros reclamados por la justicia puedan volver a España sin que sean detenidos, como parte de la “desjudicialización del conflicto”, considerando que “no es normal que no estén en España”. En este último extremo Belarra tiene razón, pero en otro sentido: lo normal sería que Puigdemont estuviera ya en España entregado por Bélgica en cumplimiento de la (no atendida) euroorden de detención y entrega emitida por el juez Pablo Llarena.

 Los dirigentes de Podemos por resabios de un marxismo vulgar y mal digerido participan de una cultura política de sospecha hacia los poderes del Estado, como supuestos brazos civiles de las “clases explotadoras y las castas opresoras”. Cuesta mucho desprenderse de esa costra ideológica, pero deberían haber hecho un esfuerzo al entrar en el Gobierno.

Desde el Gobierno el respeto del Estado de derecho debe ser exquisito y pasa por el conocimiento y la comprensión de lo qué es ese modelo jurídico, consubstancial a la democracia. Belarra no puede ignorar que Puigdemont “tiene que ser detenido”, si regresa a España, puesto que sobre él pende una orden de detención de un órgano del poder judicial, y sólo ese poder puede suspender la ejecución de dicha orden.  

El principio de la separación de poderes obliga al Ejecutivo a no interferir las decisiones judiciales. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, no puede sino hacer cumplir la resolución judicial relativa a la detención de Puigdemont. En ese campo funcional, el PP se equivoca (de mala fe) al afirmar que los indultos a los dirigentes secesionistas interfieren en la sentencia del Tribunal Supremo y son un “fraude de ley”, siendo como es el indulto una prerrogativa legal del poder ejecutivo que el poder judicial respeta.

Belarra como tantos otros a derecha o izquierda, independentistas o no independentistas, se apunta al tópico de la judicialización de la política. Hay judicialización cuando de manera deliberada se traslada al Poder Judicial la solución de un problema político. No es el caso de los actos delictivos, ya que los órganos del poder judicial están obligados a intervenir de oficio. Belarra para ser consecuente debería dar el paso de afirmar --como hacen los secesionistas-- que no hubo actos delictivos, que los condenados son inocentes. Si no da ese paso, no puede hablar de “judicialización del conflicto”.

También aprovechó Belarra para recordar que en Podemos son partidarios del (abstracto) derecho a decidir, eufemismo del (concreto) derecho a la autodeterminación. Esa querencia forma parte del folclore ideológico de Podemos. Por honestidad intelectual y política deberían explicar con el rigor que se atribuyen como “izquierda transformadora” en qué basan el supuesto derecho a la autodeterminación de Cataluña, si no lo explican porque no saben en qué fundamentarlo, es mejor que callen y no hagan el caldo gordo a los secesionistas, como lo hace continuamente Jaume Asens, presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.   

Ione Belarra ocupa un ministerio del que se espera mucho en las actuales circunstancias sociales y en la perspectiva del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Convendría al interés general que se dedicara con eficiencia al desempeño de sus funciones, igualando a Yolanda Díaz en su actuación al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social.