Si damos por hecho que habrá indultos, los costes institucionales serán más que elevados, especialmente en Cataluña. Ocupa la Generalitat un gobierno autonómico cuyos consellers y su sottogoverno han estado implicados a fondo en el procés, sin que veamos otro nuevo modo de hacer política ni una renovación de equipos. Es dudoso que Aragonés tenga la menor intención de gobernar para todos los ciudadanos de Cataluña, entre otras cosas porque su repudio ambiguo de la unilateralidad --circunstancialmente, más en ERC que en Junts per Catalunya-- se debe, más que a una autocrítica, a la constatación de que el Estado no trabaja a media jornada.

En consecuencia, seguiremos en la pendiente escabrosa de la crisis permanente de autoridad. Y cualquiera sabe que, en el conjunto de cohesiones sociales que dan cuerpo a las instituciones, sin autoridad nada es posible. ¿Cómo pretende gobernar la Generalitat? Por lo que se ve su objetivo no es gobernar, sino modular con gradualismo el objetivo de la república catalana independiente, gestionando sin reparos la eventualidad de un referéndum. Cuando en las recientes elecciones, ganadas por el frente independentista, la realidad es que sus votos correspondían al 25,5% del censo total.

Aunque ya estemos acostumbrados a casi todo, causa asombro que en España haya un gobierno de coalición cuyo socio menor está dispuesto a ir a la frontera con Francia para lanzar confeti y serpentinas cuando regrese un prófugo como Carles Puigdemont, en lugar de detenerlo y ponerlo a disposición de los jueces. No hay mucha diferencia entre una ministra que postula el retorno impune de Puigdemont y el asalto al Estado de Derecho por parte del procés. A saber si en la Moncloa no habrán calculado que esa declaración de Podemos les iba a favor porque les permitía dar una imagen de fortaleza constitucional a la vista de cómo la opinión pública no respalda los indultos. Si fuera así, en la Moncloa se está gestando el retorno de los brujos frente a la política de la razón.

En el reciente informe de Funcas queda claro cómo las disfunciones institucionales --y eso es una Generalitat cripto-procesista-- afectan a todo avance económico. Las deficiencias en la calidad de los equilibrios institucionales perjudican a toda la sociedad catalana. Dice Funcas que, en el caso de España, "la experiencia acumulada sugiere una falta de preparación para gestionar adecuadamente los fondos europeos". Se diría improbable que la opacidad institucional no afecte de modo específico a la incapacidad de gobierno de la Generalitat. Todo lo que ha sido el procés encaja a sensu contrario con la repugnancia de Joan Maragall --como escribió en una carta-- ante toda negación que no fuese capaz de construir en seguida algo más fuerte que lo que destruye.