El recién formado Govern, entre las tres fuerzas independentistas que han obtenido representación parlamentaria en Cataluña (ERC, Junts y CUP), ha vuelto a apostar por el camino hacia la independencia y hacia otro referéndum, pactado. Nos suena a camino reiteradamente recorrido, que como en un laberinto sin salida siempre se vuelve a empezar. Como en situaciones anteriores, no faltan las contradicciones ni las falsedades. Obviamente, este no es un gobierno republicano independiente, lo mismo que no es un gobierno comunista el del Gobierno de España, porque a nadie se le escapa que la ideología de un gobierno salido de las urnas (o parte de él), no define el modelo organizativo de un estado. En todo caso, para el Gobierno de la Generalitat todo apunta a que será un gobierno de perfil técnico cargado de “gestos” para mantener a la parroquia y continuista en lo que se refiere a la política económica y social, con una espada de Damocles permanente y amenazante hacía el propio presidente, empuñada por sus compañeros de gobierno.

Verborrea no les falta. Sin embargo, lo que define la realidad, aunque tiene menos épica, pesa más que el discurso de los caballeros andantes ante los molinos de viento. Por eso, el derecho de autodeterminación de las antiguas colonias no implica el derecho de grupos de ciudadanos que vivan en un país democrático a la división del territorio común. Ya se sabe que los que tienen derechos son los ciudadanos, no los territorios. La realidad de nuestro país es que vivimos en un país democrático y a todos los españoles se nos reconocen derechos en el conjunto del territorio nacional, aunque vivamos en una parte de él y tenemos las mismas oportunidades y derechos que los demás para acceder al gobierno del conjunto. También forma parte de la realidad que en ningún sitio dice que el resultado positivo en un referéndum de independencia, en un momento dado, pueda tener más valor que otros referéndums en el que el resultado haya sido negativo, realizados con anterioridad. Ni tampoco forma parte de la realidad la afirmación de que un país pequeñito, como sería una Cataluña independiente, sería más soberano y tendría más capacidad de decisión en el mundo, que formando parte de un país que pertenece a la UE, como es España.

Tampoco, aunque se pida desde las filas independentistas, existe el derecho a la amnistía para quienes han cometido delitos en una sociedad democrática como la nuestra, aunque al independentismo le guste defenderlo porque afirman que no han cometido ningún delito y se trata de presos políticos. Lo que si existe en nuestro ordenamiento jurídico es la figura del indulto y en la historia democrática de nuestro país ha habido indultos para todos los gustos y colores. En los últimos 25 años ha habido nada más y nada menos que 10.652. Ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, se ha mantenido al margen de ellos. Algunos han sido bastante polémicos, como el del general Alfonso Armada, uno de los principales participantes del golpe de Estado del 23F; o el del exministro del Interior José Barrionuevo y el del exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, que habían sido condenados por el secuestro del ciudadano hispanofrancés Segundo Marey, al que confundieron con un dirigente de la banda terrorista ETA. Uno de los indultos concedidos, fue durante el gobierno de Mariano Rajoy, a cuatro agentes del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, condenados a cuatro años de prisión y seis meses por torturar a un hombre al que detuvieron por error y al que llegaron a poner una pistola en la boca para obligarle a confesar un robo que no había cometido. Este indulto fue concedido en noviembre de 2012, cuando ya el Parlamento de Cataluña había aprobado la realización de un referéndum de independencia y poco antes de que CiU y ERC decidieran investir a Artur Mas, con el compromiso de convocar una consulta para que el "pueblo de Cataluña" pudiera decidir si quería constituirse en un nuevo Estado independiente.

Ahora nos encontramos enzarzados en la discusión de si el Gobierno español debe indultar a los presos independentistas responsables de la organización del referéndum del 1-O de 2017. No es una decisión sencilla para el Gobierno, hay razones de peso en los dos sentidos y, tanto si se toma una decisión como la contraria, tendrá consecuencias políticas y sociales, difíciles de evaluar con antelación. No hay consenso ni en la sociedad catalana, ni en el partido del Gobierno, ni en el seno de los partidos independentistas. Mientras el presidente de la Generalitat afirma que, si hay indultos, serán bienvenidos, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, en un tuit del jueves 27 de junio escribia: "Los indultos si llegan no serán ningún éxito. De hecho, serian una decisión política inteligente del gobierno español contra el independentismo. No sólo porque quedan fuera los exiliados y los 3.000 represaliados, sino porque políticamente nos desarman e internacionalmente son nefastos".

Yo estoy segura de que los presos nunca agradecerán públicamente al Gobierno español los indultos (si los reciben) y seguirán diciendo que lo volverían a hacer. Por tanto, la medida puede verse como un intento de contentantismo a quien no se arrepiente de haber querido subvertir el orden constitucional de forma unilateral. Sin embargo, por una vez, estoy de acuerdo con Paluzie. Los indultos desarman el victimismo y el discurso de un Gobierno español vengativo y represor, alimentado por el independentismo. Discurso que ha tenido su influencia para hacer crecer el movimiento, atrayendo a personas poco convencidas inicialmente. Como ciudadana de Cataluña, no me siento especialmente más empática con estos presos que con cualquier otro. Sin embargo, me parece importante reforzar aquellas posiciones independentistas que apuestan por el diálogo y reconocen que no existe suficiente masa crítica para declarar la independencia. Tanto Junts como la CUP esperan haber demostrado la inutilidad de las políticas de diálogo tímidamente iniciadas por ERC en los próximos dos años. Creo que es inteligente por parte del Gobierno español reforzar, precisamente, lo contrario, el diálogo y la posibilidad de entendimiento, reforzando así al sector independentista que ha decidido abandonar la unilateralidad.

La política también se hace con gestos y los mejores armisticios son aquellos en que los vencedores se muestran generosos con los vencidos, evitando que el rencor de hoy se convierta en el alimento de los conflictos del mañana.