El sistema educativo público catalán siempre ha aspirado a consolidar un proyecto que garantice el derecho a la educación de toda la ciudadanía para así fomentar la igualdad, la equidad y la justicia social. Para ello, el Departament d’Educació financia los estudios comprendidos en el Servicio de Educación de Cataluña, en el que se incluye el primer ciclo de la educación infantil, es decir, los jardines de infancia de titularidad municipal, cuyo alumnado tiene entre 0 y 3 años.

En particular, se subvenciona la creación de plazas escolares por curso, así como su sostenimiento; de modo que la Administración de la Generalitat ha desembolsado más de 1.000 euros por plaza y curso. Sin embargo, desde el curso escolar 2012-2013 la Generalitat dejó de subvencionar gran parte de los jardines de infancia municipales, descuidando así su responsabilidad y sobrecargando a las haciendas locales. De hecho, esta omisión ha sido sometida a los tribunales que, una vez tras otra, han declarado la obligación de la administración autonómica de asumir esta suma para subvencionar las plazas de las guarderías municipales.

En 2020, aprovechándose del contexto del confinamiento más duro, se aprobó la Ley 5/2020, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. Esta ley modifica parte de la Ley de Educación de Cataluña y, en relación con los cursos impagados por la Generalitat, reduce con efectos retroactivos las cuantías que subvencionar. Concretamente, pretende pasar de un importe que sobrepasa los 1.000 euros a 425 euros, reduciéndolo más del 50%.

Con el pretexto de la actual crisis, la Generalitat aprovecha para infrafinanciar a las entidades locales, lo que implica un perjuicio mayor para aquellos municipios de menos habitantes. Si esta decisión se fundamentara en la disminución del coste del servicio durante ese período, ésta podría tener sentido, pero los actos del legislador autonómico indican lo contrario: la Generalitat prevé los importes para los cursos de 2019-2020 a 2028-2029 recuperando los importes previos a los cursos impagados, de entre 1.300 euros y 1.600 euros. Se debe concluir, por tanto, que no es que haya disminuido el coste del sostenimiento de las plazas de los jardines de infancia, sino que simplemente quieren ahorrarse el pago --por la puerta de atrás-- con la excusa de la crisis económica causada por el Covid.

Por otro lado, no hay que restarle importancia a la voluntad retroactiva de la norma. Uno de los pilares de nuestro ordenamiento para garantizar la seguridad jurídica es el principio de no retroactividad de las normas --con sus salvedades en materia penal y sancionadora. Este principio significa que se aplica la normativa vigente en el momento de los hechos; en este caso sería la normativa vigente en el curso escolar en cuestión. Además, conviene recordar que la Generalitat firmó convenios de colaboración con las administraciones locales para concretar la gestión de dichas subvenciones, que ya ha incumplido mediante el impago y que ahora pretende modificar unilateralmente. Es por ello por lo que la actuación de la Generalitat dista mucho de ser ejemplar y de poder ayudar a nuestros ayuntamientos y a sus guarderías.

Las formaciones políticas que votaron a favor de esta ley son las mismas que han anunciado esta semana el acuerdo de gobierno para la próxima legislatura en Cataluña y que asimismo son las responsables del impago de las subvenciones a las guarderías. Si su actuación sigue en la misma línea, no son buenas noticias para las haciendas locales, que van a seguir infrafinanciadas para poder mantener unos jardines de infancia de calidad.