El amiguismo, el enchufe, es considerado un mal muy español. Hay estudios que aseguran que en este siglo XXI la mitad de los empleos se consiguen en España a través de familiares, amigos y redes políticas. El mérito queda en un segundo lugar en la empresa, mientras prolifera el clientelismo dentro de los partidos. En Cataluña, el famoso “3%” de los gobiernos convergentes creó escuela. Sus discípulos --como indican las conversaciones de los acusados por la organización del Tsunami Democrátic e investigados por la financiación ilegal del procés independentista-- no llegan a la altura de los viejos maestros. La red de clientes, sin embargo, se ha renovado y sigue viva.

En una edición de hace cinco años, la revista The Economist apuntaba al amiguismo político como una de las causas principales de los males económicos de España. El clientelismo, señalaban, prolifera en los partidos, sean de derechas, izquierdas, nacionalistas o independentistas. Asimismo, construye en el país una economía con exceso de gasto público, que sustenta al 50% de la población y puede generar un creciente disgusto entre el resto de los ciudadanos.

El catalán es un clientelismo antiguo que va cambiando de caras. Se fue formando a lo largo de décadas de nacionalismo --Jordi Pujol gobernó durante 23 años-- y ha seguido hasta la actualidad. Actualmente, quedan muy pocas grandes empresas. Se trata de una red de emprendedores subvencionados, directivos que contratan y son contratados, profesores de universidad, productores de televisión pública, asesores tecnológicos, propietarios de diarios, dueños de flamantes medios digitales, periodistas ilustres e, incluso promotores espaciales. 

Hay familias enteras colocadas. Sus miembros llevan años organizando cualquier manifestación del independentismo con la ayuda inestimable de Òmnium Cultural y de la Assemblea Nacional de Catalunya, ambas super subvencionadas. El apoyo de esa extraña “sociedad civil” se paga, aunque no siempre de la misma forma. Los votos ya no se compran con billetes, como hacían en la Transición los caciques gallegos, pero tampoco salen gratis. La clientela actúa, apoya, dona (poco), vota… Y cobra. Son muchos los que viven --la mayoría legalmente-- de la nunca declarada República. 

Tampoco extrañan las conversaciones --de una soberbia que da vergüenza ajena-- grabadas por la Guardia Civil al sanedrín que, supuestamente, organizó el Tsunami Democràtic y contribuyó a la financiación de Waterloo: David Madí (ex mano derecha de Artur Mas), Oriol Soler (editor y propietario de medios) o Xavier Vendrell (ex-consejero del Tripartito). El tono y las palabras utilizadas dejan claro que se sienten apoyados por Puigdemont y su gobierno. 

Otra cosa son las conversaciones con los actores secundarios que aparecen en el sumario, especialmente las de Víctor Terradellas, el amigo del presidente de Waterloo y ex-director de relaciones internacionales de CDC. Tiene razón Vendrell --militante, en su juventud, de Terra Lliure y socio, ahora, de diversas compañías-- que lo de los 10.000 soldados rusos era “una fantasmada”. Las hilarantes conversaciones sobre el tema ni siquiera debían haber aparecido en un sumario. 

No dan risa la naturalidad y desvergüenza con la que algunos acusados alardean de sus contactos con el poder político. Y todos intuimos, aunque probarlo es otra cosa, que el tráfico de influencias sirve, como siempre ha servido en Cataluña y en otros lugares de la península ibérica, para recalificar terrenos, asignar contratos y, en el menor de los casos, acceder a variopintas subvenciones. 

Tengo muchas dudas de que las conversaciones del sanedrín catalán y de sus adláteres puedan ser prueba suficiente en un juicio donde lo que se investiga es la financiación del procés, sus orígenes y sus cauces. Lo comprobaremos en la vista. En ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) no gusta mucho que, en el sumario, un acusado se refiera a su líder Oriol Junqueras como un “desequilibrado”, no obstante, ERC se ha quejado de la operación policial al Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque no parece probable que sus quejas reviertan en una negativa a los presupuestos españoles, se debe recordar la postura del ex secretario general Josep Lluís Carod-Rovira. Antes de las elecciones que llevaron a la formación del tripartito de Pasqual Maragall, Carod presentó un programa de “regeneración democrática” y propuso “acabar con el clientelismo en la Administración catalana”. 

El clientelismo sigue vivo años diecisiete años después. Sin embargo, la ciudadanía catalana menos creyente --constitucionalista, independentista o simplemente demócrata-- empieza estar harta del nepotismo en la política, en la empresa y hasta en la organización de la verbena del pueblo. En febrero, los partidos independentistas en el Govern volverán a llamar a la puerta de su clientela.