La espectacular operación policial que se lanzó el miércoles contra el llamado “sector negocios” lo ha devuelto al primer plano de la actualidad. Este privilegiado club se componía antaño de una ristra de miembros relevantes de Convergència i Unió, con Jordi Pujol Ferrusola a la cabeza. Ahora lo integran figuras de segunda fila de los partidos herederos de dicha coalición, amén de algún que otro miembro de ERC.

Las diligencias se siguen en el juzgado barcelonés del juez Joaquín Aguirre. Corresponden al sumario que viene instruyendo sobre la financiación ilegal de Carles Puigdemont y de la organización Tsunami Democràtic.

Pero el asunto va mucho más lejos de lo que parece. En efecto, de los pinchazos telefónicos practicados se desprende la existencia de una densa trama de corrupción. Sus protagonistas son un puñado de políticos, empresarios y mangantes profesionales.

Para todos ellos, el expolio de los contribuyentes constituye un lucrativo modus vivendi que pretenden no tenga fin.

Esta semana se realizaron en total 21 detenciones. Una de las más llamativas es la de David Madí, actual presidente de Aigües de Catalunya y en su día mano derecha de Artur Mas.

Otra, la de Xavier Vendrell, de Esquerra Republicana, que ejerció de consejero de Gobernación durante el tripartito. Su biografía contiene un episodio sentimental entrañable. Me refiero a su participación en el Moviment de Defensa de la Terra, brazo político de la facción terrorista Terra Lliure.

Aparte de su activo papel al frente del Tsunami, a Vendrell le han pillado con las manos en la masa de una recalificación que, de la noche a la mañana, lo encumbra a la categoría de millonario. El asunto concierne a una finca de su propiedad sita en Cabrera de Mar, titulada Villa Bugatti, que se alquila para bodas y banquetes. Gracias al apaño, el valor de los terrenos pasa de golpe de 5 a 10 millones.

También llaman la atención otros varios apresados. Por ejemplo, Jordi Mir, alcalde de Cabrera de Mar y responsable de la manipulación urbanística que forja la fortuna de Vendrell.

O bien Oriol Soler Castanys, empresario del sector de la comunicación, cuyo deporte predilecto es el trapicheo a destajo de contratas públicas.

O Xavier Vinyals, excónsul de Letonia en Barcelona y líder del tinglado Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, que montó para trincar toda suerte de subvenciones.

O Josep Lluís Alay, historiador, quien a título de secretario personal de Puigdemont, le acarreó la maleta todos estos años de fuga en Bruselas. Sus desvelos transportistas se han premiado con una retribución de 105.000 euros anuales, cargados hasta el último céntimo a las arcas de la Generalitat.

Y por último, Josep González Cambray, director general de centros educativos del Govern. En su cambalache inmobiliario, Xavier Vendrell planeaba construir un colegio concertado sobre los predios de su pertenencia. Y urdió con el tal González Cambray un enjuague para que las autoridades regionales otorgaran ayudas financieras a su escuela.

Cuando tecleo las presentes líneas, ni uno solo de los investigados que luce cargos oficiales se ha dignado presentar la dimisión. Todos siguen aferrados a la poltrona como lapas.

El juez imputa a semejante banda presuntos delitos de malversación, prevaricación, blanqueo de dinero, tráfico de influencias y desórdenes públicos.

Además, los autos sumariales citan a otros conocidos individuos. Dos, en particular, revisten papeles secundarios en este siniestro sainete. Son Tatxo Benet y Jaume Roures, socios del gigante de los derechos televisivos Mediapro. Este conglomerado ingresa año tras año fondos cuantiosos de las administraciones del Principado, por todas las vías imaginables.

Es fama y razón que Roures apoya el proceso secesionista con fervor inquebrantable. Pero esa es la fachada exterior. Dicho personaje, que se autoproclama comunista de tomo y lomo, en realidad anda consagrado en cuerpo y alma a una muy capitalista tarea. Trata de acrecentar su ya enorme fortuna con la mayor celeridad posible. Y para ello nada más indicado que sacar tajada de todos los erarios autonómicos habidos y por haber.

Ya se verá en qué quedan las acusaciones del juez Aguirre. De momento, evidencian que el “sector negocios”, infiltrado como la carcoma en la plaza de Sant Jaume, sigue más vivo que nunca. Han cambiado los nombres y las caras, pues el tiempo no transcurre en vano. Pero el objetivo sigue siendo el mismo de siempre: robar a mansalva a los ciudadanos.

Pasan los lustros, las décadas y Cataluña sigue succionada por la misma tropa de vividores y chupasangres de siempre. Eso sí, todos se exhiben impúdicamente envueltos en la estelada. Así dejan claro que al saquear a los inermes habitantes de estos terruños, no lo hacen sino a la mayor honra y gloria de la sacrosanta causa nacionalista.