Es grande el alivio, la restauración de la confianza en el funcionamiento del Estado de derecho, al ver que se indemniza a millones de catalanes que habían visto burladas sus libertades y sus derechos, con la detención, por orden judicial, de algunos de los más conspicuos, y hasta ahora impunes, cabecillas del lazismo.

De ahí tanto discreto descorche de botellas de champán por toda Cataluña. Discreto, porque ¿quién no parecería desalmado si brindase públicamente por la caída de unos tunantes tan “nuestros”, tan “de casa nostra”, para quienes ahora empieza lo peor, en este juicio por pasos al que vamos asistiendo desde que Puigdemont dio a sus compinches orden de seguir trabajando como si nada, y se escapó heroicamente a Bruselas?

Este alivio de los catalanes damnificados puede verse empañado si dentro de algún tiempo hay que soltar a esos presuntos delincuentes por falta de pruebas incriminatorias conclusivas, como ya ha sucedido otras veces; por ejemplo, en el caso del major de los Mossos que se ha ido limpio de polvo y paja, aunque bien es cierto que no sin antes pasar por un largo calvario. 

Confiemos en que la investigación de la Guardia Civil (presumiblemente, el juez no se le ha confiado a los Mossos por desconfianza en la discreción de sus mandos) baste para condenar a los “generales” del lazismo. 

Cierta clase de delitos es difícil de probar. De momento, las primeras actuaciones han servido para recordar a los conspiradores que el Estado, este Estado nuestro –desarbolado, y en tantos sentidos fallido, como dicen sus enemigos--, sigue teniendo algunos organismos plenamente funcionales, y para provocar estupor y temblores en determinados ambientes sensibles, hasta ahora intocados. 

Lo que hasta ahora ha trascendido, lo que hasta ahora se ha filtrado, o sea: fanfarronadas, exabruptos, presiones sobre los ayuntamientos invocando relaciones poderosas para recalificar terrenos, siniestras declaraciones de propósitos bélicos… suena repulsivo, ciertamente. Pero a falta de “evidencias conclusivas” a primera vista no parece suficiente para obtener de los tribunales de Justicia sentencias condenatorias.

Habrá que ver, con el tiempo, qué datos sustanciales hasta ahora no filtrados a los medios de comunicación trascienden de lo chusco conocido, y lo punible sospechado, a lo demostrado. Ya que cosas como la amenaza, por parte de un sujeto obviamente desquiciado, del desembarco en las playas de Castelldefels de 10.000 soldados rusos comandados por Gorbachov y Putin y armados hasta los dientes, adolece de una verosimilitud muy relativa, por más que los delirios del aludido hayan sido regados con generoso dinero público. Se trata de pasar de lo “presunto” y sabido a lo “demostrable”. Así es el juego de la Justicia.

Habrá que ver los nuevos conocimientos que puedan derivarse de los registros, los interrogatorios y el natural debilitamiento de la voluntad de ocultación que suele producir (aunque no siempre) una prisión preventiva más o menos prolongada, con argumentación persuasiva y ofertas de benignidad, tipo “dame un par de nombres y por ahí te salvas”, que parecen haber funcionado en casos como el del señor Osácar.

En cualquier caso, esta última redada en los “altos fondos” del catalanismo ya ha revelado interesantes concomitancias o fluideces entre el patriotismo de parroquia y los negocios. Una pareja de hecho; ya decía el poeta que “Si te enseñan la bandera / llorando, muy afligidos / ve sacando la cartera”.

Mientras se dilucidan las responsabilidades de la familia Gambino de las de la familia Corleone en el saqueo y la ruina de Cataluña, los elementos democráticos de nuestra sociedad tienen la tarea de ir exigiendo a las autoridades del Estado y a las empresas del Ibex 35 que dejen de financiar el golpismo y a sus cabecillas.

Es lacerante y muy propio de España, un país donde nadie se toma en serio nada, que el señor Madí fuera durante tantos años y hasta julio de 2017 el hombre fuerte de Endesa, un invitado de postín a monterías castellanas y extremeñas y un paniaguado de Telefónica; e inadmisible que algunas de las más grandes empresas bancarias españolas sigan, hasta hoy, financiando con su publicidad las “correas de transmisión”, los aparatos del agitprop separatista, como se comprueba con solo echar una mirada a las cabeceras del golpismo digital.