El PP se niega a pactar la renovación de órganos que emanan de la Constitución del 78, con excusas de mal pagador. Negarse a pactar con el PSOE alegando que no le gusta que UP forme parte del gobierno o que independentistas lo apoyen, lleva implícita una contradicción al no prestarse a impedirlo, ofreciendo otra alternativa. Le resta credibilidad a sus argumentos y desprestigia a las instituciones democráticas. Más cuando el que se sienta a la mesa de negociación es el ministro de justicia, que nada tiene que ver con UP. La democracia necesita de partidos que respeten las reglas del juego democrático, es decir, que se conformen con ser oposición cuando las urnas o las leyes no les favorecen. Y esta oposición ha de seguir unas pautas y unos límites.  Dicho esto, un partido en la oposición tiene derecho a hacerla, pero no tiene derecho a impedir la gobernanza del país, tal como hace el PP. En este caso, el PP está obligado a sentarse a negociar con el gobierno salido de las urnas, aunque no le guste, sea una coalición o no. La razón es que la ley le manda hacerlo.

La postura del PP afecta órganos tan importantes como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o RTVE, con el agravante que aun teniendo los cargos caducados, todos siguen ejerciendo y nombrando nuevos cargos, sin que la ley se lo impida, ni su propia conciencia les haga dimitir. No es la primera vez que ocurre, pasó durante el gobierno de Zapatero, en el anterior gobierno de Sánchez salido de la moción de censura, y ahora con el gobierno de coalición de PSOE y UP, salido de las urnas. La sistemática negación del PP a negociar los cargos, cada vez que está en la oposición, puede significar que acabe habiendo un sesgo ideológico en la composición de estos órganos, como ya existe en el poder judicial, perjudicial para la salud de nuestra democracia y nuestras instituciones. Es decir, la pretendida separación de poderes, deja de existir de facto, cuando se encuentra una puerta trasera para saltarse la ley, en este caso cuando un partido en la oposición sólo se presta a seguir la ley cuando ejerce el poder, pero en la oposición ejerce sistemáticamente el bloqueo. La situación se agrava si las personas con los cargos caducados, siguen ejerciendo como si no pasara nada, nombrando a su vez nuevos jueces.

Es obvio que una ley que permite que ocurra esto, no está bien diseñada y hay que cambiarla. Sencilla y llanamente, porque debilita nuestra democracia. En la ciudadanía, esto provoca desapego a la política y da alas a los grupos populistas, antisistema y totalitarios. En general da alas y provee de argumentos a todos aquellos que se alimentan del descontento popular hacia el sistema, aunque se valgan de él para acceder al poder o conseguir sus fines espurios.

Bloqueando en acuerdo, es el mismo PP el que demuestra que la ley hay que cambiarla porque no es válida para los fines para los que fue diseñada, que es mantener la separación de poderes. Aceptado esto, en medio de la crispación política, los partidos de la coalición de gobierno, PSOE y UP deciden reformar la ley, rebajando las mayorías necesarias para la renovación de los cargos en las instituciones, en una segunda vuelta es decir en caso de bloqueo. Otros partidos, como el PNV deciden apoyarlo.

Esto provoca rasgadura de vestiduras y respuestas airadas por parte del PP y del mismo poder judicial, alegando que esta ley acaba con la separación de poderes. Nos tocará explicarlo muy bien en la UE y nuestras luchas internas rebajan la calidad de nuestro prestigio como país. Un órgano como el TC, directamente afectado, podría convertirse en juez y parte. Mal cariz toma el asunto. Posiblemente los que alertan de estos peligros, tengan algo de razón, pero su razón no invalida el hecho de que en estos momentos la separación de poderes ya está en peligro mediante la ley existente.

Posiblemente la solución esté en proponer un cambio legislativo que garantice la neutralidad política, a la vez que no sea corporativista, ni pueda bloquearse por la oposición de turno. No sé si la propuesta que ha de discutirse y votarse en el Congreso, cumple estas condiciones, pero si no es así, otros modelos y propuestas no han de faltar. Lo que sí debemos pedir a los políticos es que tengan la mirada larga para darle la vuelta a una ley --que depende de la buena predisposición de los políticos del momento--, para convertirla en una herramienta al servicio del buen hacer de nuestras instituciones. Tanto desde los partidos del gobierno como desde la oposición, deben sentarse para acercar posiciones, con ideas y propuestas que resuelvan problemas. Oponerse sin más y sistemáticamente a todo, aunque se parezca a la oposición, acaba siendo…. nada. Sólo crispación.