El pasado jueves, al caer la tarde, salimos a las calles del Raval barcelonés. Estábamos dispuestos a cenar temprano en una casa de comidas de ese barrio machacado por el desplome del turismo. En la plaza de Terenci Moix, los jóvenes del barrio jugaban a baloncesto o conversaban con amigos, disfrutando de la juventud que nunca tiene miedo. Unos con mascarillas, otros sin. Ajenos a la última ocurrencia del Govern de Cataluña: el cerrojazo de la restauración. Los trabajadores de los bares por donde pasamos --todos con mascarilla-- no parecían conscientes de lo que les caía encima. ¿A quién se le ocurre anunciar un cierre de 15 días antes del fin de semana y sin negociar con el sector? Solo a un gobierno deslavazado, descabezado y con un presidente inhabilitado, pero que cobrará una pensión vitalicia. La última ocurrencia de un Govern que vive en el país de las Maravillas.

El dueño del restaurante donde cenamos es un catalán con seny. Antes de abrir, había ido corriendo al banco a pedir que le aumentaran su línea de tesorería. Preparaba, nos comentó,15 días de vacaciones para él y para sus empleados. Son de los afortunados, pues la empresa tiene liquidez, aunque ignoran hasta cuándo les llegará. “Por ahora, no quiero pensar, solo caminar por el campo”, dijo el dueño antes de meterse en faena. El sector de la restauración tiene en España unas 250.000 empresas, 40.000 de ellas en Cataluña. Cuando el Govern comunicó la decisión, el sector ya estaba al límite. Si los cierres se alargan, el próximo año asistiremos a la llegada de los temidos ERE (Expediente de Regulación de Empleo). Por eso, los trabajadores afectados se fueron el viernes a gritar su desespero a la Plaça Sant Jaume, frente a un palacio de la Generalitat vacío de poder y lleno de sueños. Nadie salió al balcón a que le tiraran huevos.

Ninguno de los miembros del gobierno catalán ha pensado en reducir costes administrativos o en recortar sus propios sueldos. Prefieren cargarle el muerto a Madrid. Y lo volvieron a hacer. El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés, envió una carta al presidente Pedro Sánchez pidiendo ayudas para los sectores afectados por “sus” medidas. El absurdo llevado al extremo. Primero, provocan enormes pérdidas en una autonomía cuya renta per cápita sigue cayendo y se sitúa por debajo de Madrid, País Vasco y Navarra. Después, cuando los futuros votantes les abuchean, exigen que el Gobierno español apruebe una moratoria del IVA y de otros impuestos para paliar el descalabro de la hostelería que han provocado ellos. ¿Nadie ha pensado que antes de cerrar sectores económicos se debe avisar al Gobierno del Estado? Que antes de enviar cartitas exigentes, hay que saber si hay recursos en los presupuestos de 2021. Solo tenían que haber dado un vistazo al proyecto, ya publicado y enviado a Europa, para confirmar que no hay fondos destinados a subvencionar moratorias de impuestos. Por el contrario, se prevén subidas del IVA y de otras tasas. Lo sabían, pero la realidad (y la verdad) les importa poco. La Generalitat ni siquiera ha intentado pactar con las patronales un acuerdo sensato.

Quizá se hubiera podido cerrar la restauración a partir de las 10 de la noche, como proponía Foment del Treball. Hubiera sido una disposición más efectiva para reducir los contagios. El mismo Departamento de Salud de la Generalitat ha avisado de que la decisión del Govern frenará la curva de la epidemia, pero no la bajará. El virus se seguirá transmitiendo. Aunque se cierren los restaurantes, los ciudadanos se apiñan en los transportes públicos, donde es imposible mantener la distancia y los jóvenes pelan la pava en parques y plazas, nunca tan concurridas como este fin de semana.

Algunos políticos están tan acostumbrados al enfrentamiento, a inventar repúblicas y declarar independencias, que son incapaces de hacer política realista, como si ahí no hubiera votantes. Anuncian ayudas de 40 millones de euros (1.000 euros por establecimiento) que no llegan ni para pagar las inversiones realizadas en mesas y sillas para las terrazas autorizadas en mayo y prohibidas en octubre.

Unas 12.000 empresas de restauración catalanas corren el riesgo de dejar la actividad. ¿Cuántas anticiparán su cierre? Cataluña debería de una vez atravesar el espejo, acabar esta alocada e irreal partida de ajedrez. Vivimos una pandemia mundial en la que hay que cumplir las reglas del juego, económicas y sanitarias; aceptar que no jugamos solos para salir vivos de este absurdo sueño. Juntos hay más posibilidades de sobrevivir, incluso en la República de las Maravillas.