En estos últimos días vamos viendo cada vez con mayor preocupación y frecuencia como el gobierno de Sanchez influido por Podemos, o quizá Podemos influido por Sanchez, ya no estoy segura, está abandonando a los catalanes a su suerte, yo diría mala suerte, en las garras de los partidos nacionalistas.

Llevan ya un tiempo gesticulando disimuladamente como lo hizo el nacionalismo de Pujol, poco a poco e intentando que pase inadvertido, pero que vaya calando, sentando precedente. Y así, con una excusa u otra van haciendo un camino de difícil retorno. Por eso quienes creemos en el Estado de Derecho, en la libertad y la democracia, sabemos que no se puede ceder ni un milímetro, porque sus excusas son solo el medio para conseguir el fin.

Hace unos días vimos la noticia de que el PSOE ha propuesto eliminar del Código de conducta del Congreso y Senado el requisito de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico a quienes acceden al cargo público de Diputado y Senador. Es decir, que cualquiera de los representantes que salga elegido a través de nuestros votos, ya sean de Vox, Podemos, Bildu o Muerte Al Sistema (MAS) estará facultado para elaborar las leyes que regirán nuestro destino pero curiosamente no estará obligado a acatarlas. Dependeremos de su buena voluntad. Un contrasentido porque quienes debemos dar ejemplo somos precisamente quienes representamos a la sociedad. Con esta propuesta se propicia el otorgamiento de unos privilegios inadmisibles a los representantes públicos, y no solo privilegios sino también arbitrariedad. ¡Adiós al imperio de la ley!. Si nuestros representantes no tienen obligación de respetar la Constitución, que es la norma suprema garante de nuestros derechos y libertades, tampoco la tienen de respetar el Estado democrático y de Derecho. Y si nuestros representantes no tienen esa obligación, ¿Qué autoridad moral tienen para exigírnosla a los demás?

Aún así no nos engañemos; lo que se pretende está escondido en el gesto: vaciar de contenido a nuestra Carta Magna.

El año pasado, se rompió la tradición que durante 20 años se había mantenido de entregar los despachos a las nuevas promociones de jueces en la sede de la escuela judicial que está en Barcelona. Se entregaron en Madrid. Pero fue presidido por el Rey.

Este año, el gobierno de España, con peregrinas excusas, da un paso irresponsable que sienta precedente. Y nos pone al borde del precipicio falseando la realidad, disimulando como si no tuviera mayor importancia. Este año veta, sin explicaciones, la presencia del Rey en un acto tan solemne como es la entrega de los despachos a los jueces de la 69ª promoción, cuando precisamente su presencia es el símbolo de lo que dispone nuestra Constitución en el artículo 117: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados”. Y algo más: el Rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado.

Esta ausencia es otro gesto que ayuda a quienes quieren acabar con lo que ellos llaman “el régimen del 78” y yo llamo “la Constitución Española y el estado democrático y de bienestar que nos ha proporcionado”. Otra vez intentando vaciarla de contenido sin que se note. A simple vista la ausencia del Rey en este solemne acto puede parecer que solo afecta a Cataluña. Y ciertamente los partidos independentistas se frotan las manos porque Sánchez con este veto les permite gesticular ante sus seguidores con el relato de “tenim a tocar la República catalana”. Es bastante preocupante que quien representa al Estado no pueda acudir con libertad y seguridad a una parte del territorio que representa. Por un lado se constata la certeza de opresión en ese territorio y por otro la presunción de que los más altos responsables de velar por la seguridad de las autoridades no están realizando su labor eficazmente. El resultado es el que hemos sufrido en Cataluña durante mucho tiempo: muchos catalanes nos hemos sentido desprotegidos y abandonados por el Gobierno central.

Pero la decisión de vetar al Rey en este acto tiene una mayor trascendencia. Se celebra en Cataluña, sí, pero los jueces en cuyo honor se realiza son jueces de todo el territorio español. En consecuencia el agravio va dirigido a dos altas instituciones del Estado: la monarquía y el Poder Judicial, resultando un signo inequívoco que supone ir prescindiendo de la monarquía en actos institucionales e imponiéndonos de forma sutil ese camino incierto y peligroso del que última e intencionadamente tantas veces está hablando el vicepresidente Iglesias: una República a su medida.

No tengo ninguna duda: el gobierno de Sanchez nos está llevando a un camino peligroso donde nos puede dejar huérfanos de las instituciones que vertebran nuestro Estado de Derecho y que nos garantizan una democracia plena y una convivencia pacífica.

La pandemia está siendo un magnífico manto que está tapando aquello que es necesario, porque los españoles estamos preocupados por lo urgente, pero estamos llegando a un punto en que vamos a tener que reaccionar, no ya ante lo urgente, sino ante lo necesario.