Una vez más desastre, descontrol y desconcierto son palabras que se quedan cortas a la hora de calificar la gestión (¿?) de la Generalitat. Es difícil hacerlo peor respecto al brote del Segriá y en este caso el contraste es muy sencillo.

El centro de la población de Torrente del Cinca se encuentra a una distancia de menos de cuatro kilómetros de la de Massalcoreig en línea recta, si bien por carretera hay que dar una vuelta de varios kilómetros para cruzar el río. Las condiciones de vida, como es lógico, son tremendamente parecidas, y por compartir hasta comparten idioma porque en la zona oriental de Aragón se habla una variante dialectal del catalán, conocido desde siempre por chapurreau y que hace unos años se bautizó “originalmente” como LAPAO, invento felizmente olvidado. Sin embargo, hoy los habitantes de Aragón, amenazados por el mismo virus, dependientes del mismo sector y con similar presión inmigratoria, respiran aliviados por no sufrir el gobierno que sufrimos aquí.

Justo cuando toda España abandonaba el estado de alarma en cuatro comarcas aragonesas, las más próximas al Segriá, se decidió retroceder a la fase dos. El 22 de junio las autoridades sanitarias aragonesas no vieron con buenos ojos la evolución de los contagios que se producían en el entorno hortofrutícola del levante aragonés y dieron un paso atrás en la desescalada. Cataluña, sin embargo, se saltó la fase 3 en cuanto recuperó las competencias y promulgó pomposamente un estadio de “reanudación”, neologismo propio porque en este lado del Ebro somos más listos.

Los números a día de hoy no tienen comparación. Aragón está logrando contener el brote con cautela, limitando actividades y recomendando reducir la movilidad, siempre dentro de la legalidad al volver a la fase dos. Cataluña ha sido incapaz de gestionarlo y ahora se confina mal, tarde y parece que ilegalmente. Porque, una vez más, la legalidad está para cumplirse y sí, los jueces son quien para decidir lo que se puede y lo que no se puede hacer porque, felizmente, vivimos en un estado de derecho que nos afecta a todos, los primeros a los que nos gobiernan. No aceptarlo es, simplemente, lo propio de las dictaduras.

La dialéctica que se está usando es, una vez más, lamentable: salud o economía, médicos o jueces,… demagogia para tapar, una vez más, las vergüenzas de una gestión inexistente. Aragón, con 1,3 millones de habitantes cuenta con, al menos, 150 personas para rastrear los contagios. Cataluña, con 7,5 millones con solo 180, líos con el contrato de Ferrovial mediante. Sin medios, sin método, sin gestión solo se depende de la suerte para no recaer en los contagios y en este caso ya se sabían las cartas con las que jugábamos porque había pasado al otro lado del río Cinca ya habían dado la voz de alarma.

Si no fuera porque los que lo sufren son ciudadanos que ninguna culpa tienen, este caso podría enmarcarse en la denominada justicia poética. No hubo conferencia de presidentes en la que Torra no reclamase la recuperación de las competencias en sanidad. Visto como se ejercen la pregunta es para qué. Tenemos una administración hipertrofiada, llena de cargos y carguitos, tantos que el ayuntamiento de Lleida tiene hasta defensor del pueblo, pero a pesar de su tamaño y de su apego a la tradición medieval hoy aporta bien poco a los administrados.

Se abre un nuevo capítulo judicial y de competencias y mientras se resuelve los temporeros seguirán durmiendo en la calle, la gente seguirá contagiándose, los hospitales llenándose y la economía hundiéndose. Que el primer representante de la administración del Estado en Cataluña recomiende la desobediencia lo dice todo. No es de extrañar que el domingo hubiese más manifestantes en Lleida reclamando dimisiones que en Barcelona recordando los 1.000 días de prisión de los “Jordis”.