En democracia el Gobierno tiene poder pero no tiene todo el poder. Lo ha señalado Pablo Iglesias. La propia separación de poderes en un sistema democrático ya establece tres poderes: el Ejecutivo (el Gobierno), el legislativo (el Parlamento) y el Judicial (el poder judicial). Al margen de los poderes políticos en la sociedad hay otros poderes con influencia en la política, son el poder económico, el poder mediático, el poder eclesiástico, el poder de los movimientos sociales, etc. Además hay que contar con aparatos del estado, teóricamente al servicio del poder político que poseen determinado grado de poder y autonomía, por ejemplo el aparato represivo, las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia entre otros. A todo ello en el caso de España hay que añadir los poderes autonómicos.
La relación de todos estos poderes compone una determinada correlación de fuerzas. Muchas veces la actuación de determinados poderes puede hacer caer un gobierno incluso vulnerando las propias normas legales. Este fue el caso por ejemplo del derrocamiento en Chile del Gobierno de Allende. Esta experiencia comportó que en otro país como Italia, en tiempos de la “guerra fría” el PCI de Enrico Berlinguer elaborara su política del “Compromiso Histórico” como fórmula para hacer avanzar la profundización democrática evitando posibles golpismos.
Es evidente que en un país como España, hoy fuertemente vinculado a la Unión Europea, sea difícil imaginar las posibilidades de lo que hemos conocido tradicionalmente como un “golpe de estado”. Esto no evita que puedan darse maniobras para intentar subvertir un gobierno legítimo mediante actuaciones que traten de fomentar el descrédito de ese gobierno.
En nuestro país por razones del proceso de tránsito de la dictadura a la democracia varios poderes del estado han mantenido fuertes relaciones o influencia del régimen anterior. En un primer tiempo pasó con las fuerzas armadas y hoy todavía se mantienen en sectores de las fuerzas de seguridad y especialmente en la judicatura, sector donde es predominante una fuerte componente conservadora.
El actual Gobierno de España es un gobierno de coalición progresista, con un programa claramente de izquierdas que, a pesar de todo, no dispone de una correlación de fuerzas totalmente favorable ni siquiera en el ámbito del poder legislativo. El actual gobierno está al albur no sólo del apoyo de algunas fuerzas minoritarias de izquierdas sino de otras fuerzas con intereses más nacionalistas que progresistas. Ante él tiene una oposición radicalizada de fuerzas de derechas que desde el primer momento están fomentando una ofensiva deslegitimadora de la acción del gobierno.
La derecha española parece que nunca haya sido capaz de asumir la nueva realidad democrática. Al contrario de otras como la derecha alemana o italiana nunca ha asumido críticamente al antiguo régimen dictatorial. Al contrario, desde los años 90 con Aznar siempre ha tratado, tanto con el gobierno Zapatero como con los gobiernos de Sánchez, de impugnar sus victorias electorales y presentarlos como unos gobiernos que van en contra de los intereses del país.
La actuación política de la derecha española ha contado siempre con el apoyo ideológico de una buena parte de los medios mediáticos, incluyendo los de la iglesia, de los grandes poderes económicos, y en muchos casos de sectores de los aparatos del estado (las denominadas cloacas) y de buena parte del poder judicial.
Eso ya lo sufrió Zapatero, sólo hay que recordar las múltiples movilizaciones y campañas ideológicas de la derecha política, con el apoyo en primera fila de la jerarquía eclesiástica, contra las diversas leyes sociales o las leyes de memoria histórica. Y todavía más lo estamos observando con el actual gobierno de coalición.
Los constantes insultos con calificativos como “comunistas” aplicados al gobierno, obviando el papel fundamental de los comunistas en el advenimiento de la democracia, son demostrativos de su talante ideológico. Todo esto con el apoyo de los medios de la derecha mediática e incluso con la actitud contemporizadora de algunos antiguos líderes socialistas y de algunos medios supuestamente progresistas.
La dureza de la oposición de derechas durante toda la pandemia que hemos vivido basada no en propuestas alternativas sino difundiendo de forma permanente mentiras, “bulos” y descalificaciones permanentes y llegando a hacer responsable al gobierno de los muertos del coronavirus demuestran una clara voluntad de intentar desprestigiar el gobierno y provocar al precio que sea su caída. Hay que recordar que también a Zapatero lo atacaron utilizando los muertos del 11M, en lugar de reconocer las mentiras de Acebes, así como enfrentándolo con las víctimas del terrorismo durante el proceso para la rendición de ETA. Ahora vuelven a acusar al gobierno de pactar con separatistas, comunistas y “etarras” para remover los sentimientos más reaccionarios de la sociedad.
A toda esta ofensiva política y mediática de las derechas poco democráticas, se añade la utilización en esta segunda fase de la ofensiva de sectores de las fuerzas de seguridad, en este caso de la “guardia civil”, y de la magistratura como hemos visto en el caso de la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid. Casualmente todos los medios de la derecha, las asociaciones conservadoras de la Magistratura, sindicatos de la Guardia Civil, --por cierto no el más representativo--, han salido en tromba a criticar la actuación del Ministro del Interior por la sustitución de Pérez de los Cobos por una actuación claramente desleal. Finalmente todo ha quedado en nada
Tras esta segunda ofensiva continuará seguramente con nuevos episodios judiciales a los que se pueden añadir demandas de varios sectores empresariales, como ya ha empezado con los autobuses buscando solamente el desgaste del Gobierno del Estado. Todo esto tiene como objetivo llegar al clímax en otoño cuando la crisis económica y social sea más penetrante y tratando de evitar que se aprueben los Presupuestos del Estado. El objetivo: hacer caer el gobierno y a Pedro Sánchez.
Evidentemente no estamos ante un intento de “golpe de estado”, en todo caso de una versión “light”. No se prevé ninguna vulneración de la ley sino dejar el gobierno cada vez más solo y sin apoyos y someterlo a una presión brutal desde todos los ámbitos posibles.
Si la jugada les sale mal el gobierno saldrá adelante y podrá acabar la legislatura en mejores condiciones de las que la inició. Para eso hace falta: a) cohesión interna del gobierno, evitando en lo posible salidas de tono de algunos de sus miembros; b) mantener el máximo de alianzas en el ámbito político y si es posible ensancharlas, aislando a las derechas más recalcitrantes; y c) potenciar los apoyos de las fuerzas sindicales, de sectores sociales y de la intelectualidad para formar un bloque de apoyo al gobierno.
Sinceramente creo que los partidos del gobierno tienen clara la necesidad de fortalecer la coalición y eso debe comportar centrar la acción política en el apoyo a las actuaciones del gobierno. También es evidente que los sindicatos son algo más que unos interlocutores sociales, son un verdadero apoyo e inductores de las políticas sociales.
Hay que intentar al máximo los acuerdos sociales con todos los interlocutores, la patronal puede jugar, por sus propios intereses, un papel mucho más pragmático que la derecha política. Y por último hay que tener en cuenta la capacidad de resiliencia de Pedro Sánchez un dirigente más duro de lo que parece con “mandíbulas de acero” y su equipo con gente potente.
