La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 se ha vivido con especial virulencia en las residencias de ancianos, tanto las públicas como concertadas o privadas. Algunos datos ilustran bien el desastre: En las 5.457 residencias de ancianos españolas con coronavirus o síntomas similares a 25 de junio de 2020 han fallecido 19.570 personas, según datos autonómicos, siendo las CCAA más afectadas Madrid, Cataluña, Castilla-León y Castilla-la Mancha. Este número representa nada menos que el 69% de los fallecidos según las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad. Algo similar ha ocurrido en otros países del mundo.   

Lo primero que hay que esclarecer es que la competencia de la gestión de las residencias corresponde a las CCAA y ha sido así a lo largo de toda la pandemia. El estado de alarma no modificó esta situación. Lo segundo es que las residencias de la tercera edad no son, lógicamente, centros sanitarios ni disponen de sus medios humanos y materiales. tercero es que, en muchos casos, estas residencias ya arrastraban una situación previa límite en términos de “ratios” de número de cuidadores por ancianos ingresados, situación que ya había sido puesta de relieve en un informe del Defensor del Pueblo en 2018.

Esta situación, unida a la vulnerabilidad al virus de las personas mayores ha desatado una auténtica masacre que, cómo no, ha dado pie a una batalla política campal en torno a la gestión de las residencias. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP y Ciudadanos, está en el punto de mira pero desastres parecidos han ocurrido en otras CCAA, muy destacadamente en Cataluña. Recordemos que los fallecidos en residencias catalanas son 4.095, lo que supone el 72,2% del total en la comunidad, según el registro de las funerarias regionales

En todo caso, más allá del rifirrafe político, hay que tener en cuenta que la regulación que se fue aprobando durante la pandemia con la finalidad de intentar reducir contagios y tratar adecuadamente a los ancianos enfermos sencillamente no funcionó, dado el colapso del sistema hospitalario en los primeros meses de la crisis. La normativa (básicamente órdenes ministeriales del Ministerio de Sanidad) contenían medidas organizativas y de prevención consistentes en el diagnóstico, seguimiento y derivación de los enfermos a centros hospitalarios. Pero ni había tests suficientes, ni había personal para hacer seguimiento ni había sitio en los hospitales.

También se permitió a las CCAA intervenir residencias e implantar residencias “medicalizadas”. En el primer caso, muchas residencias han denunciado que la intervención consistía en poco más que las llamadas periódicas de teléfono de un funcionario desbordado que nada podía hacer. En cuanto al concepto de “medicalización” (que hizo pensar al ciudadano de a pie que una residencia podía convertirse en algo parecido a un centro de salud u hospitalario) tampoco era factible: sencillamente ni las normas obligaban a hacerlo ni las circunstancias lo permitían. El desastre estaba servido.

Sentado lo anterior, esta catástrofe debería servir para aprender algo al menos. Lo primero, que el griterío político no va a servir para mucho; sería mucho más interesante realizar un diagnóstico sosegado y riguroso de lo que ha ocurrido, máxime si tenemos en cuenta que se han visto afectadas CCAA de uno y otro signo. Lo segundo, que hay que repensar seriamente el modelo actual de las residencias de la tercera edad, pero siempre a la vista de la evidencia empírica disponible sobre las residencias públicas, privadas y concertadas actualmente existentes y lo que ha ocurrido durante la crisis sanitaria. Lo tercero, que hay que exigir una gestión profesional y seria a las Administraciones Públicas siempre, pero más cuando pueden verse afectados los más vulnerables. En este sentido, aunque los directivos profesionales y los gestores capaces no puedan hacer milagros al menos nos pueden evitar bochornos como los de la “operación bicho” de la Comunidad de Madrid, en la que conseguidores y aprovechados cercanos al PP y dignos de una película de Berlanga tienen un plan para salvar a las residencias y, de paso, dar un pelotazo. El final --próximamente en los juzgados-- se lo pueden imaginar. No nos merecemos esto.