Pocos dudan que el “procés” nació para tapar la larga sombra de la corrupción de quienes creyeron ser intocables durante más de 30 años --usufructuarios vitalicios de una Cataluña monolítica y monolingüe-- y que podían manejar los destinos de los catalanes a su gusto, además, de sus contratos públicos y mordidas.

La obsesión identitaria, el victimismo y el odio a la pluralidad fue la gasolina. La crisis financiera de 2008, los recortes de gasto público, el desempleo y la falta de expectativas laborales y profesionales fue el otro gran factor determinante; la chispa. 

El nacionalismo es insaciable, se fue alimentando de presupuestos, competencias, prebendas y altas dosis de victimismo, siguiendo las recomendaciones del manual pujolístico 2000. El objetivo de ingeniería social pasaba por el control de medios de comunicación, escuelas, universidades, entidades culturales y sociales, sindicatos e instituciones, mediante la colocación de afines en todos los ámbitos, capas y estratos sociales, a excepción de la justicia, no pudieron con ella.

Pocos dudan ahora que después de 15 años del nombramiento de Rafael Ribó como Síndic de Greuges, también coparon una institución estratégica, aquella que a priori debería velar por los derechos de todos los catalanes y bajo los principios de imparcialidad, objetividad e independencia. Nada más alejado de la realidad, él tenía otros principios; blanqueamiento, justificación de agravios y ataque deliberado a la justicia.

Algunos de los agravios deterioraron gravemente la imagen de la institución, por destacar uno de los más graves sucedió en un momento transcendental para la democracia y la convivencia; su inacción ante los plenos de los días 6 y 7 de septiembre de 2017 --pudiendo paralizarlo a través de un informe al Consell de Garanties Estatutàries-- provocó unas consecuencias difíciles de cuantificar aún, pero no todo acaba ahí, tampoco movió un dedo durante años para investigar la corrupción institucionalizada de CDC, la chapuza con la venta de ATLL, o la contratación del exdirector la DGAIA con entidades afines, a modo de ejemplo.

El blanqueamiento de Ribó reapareció tras el golpe, con altas dosis de cinismo, a través de un informe sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña --única respuesta necesaria al golpe a la democracia de 2017--, además, de informes de marcado calado partidista en los que atacaba a la separación de poderes; otros en los que justificaba, a petición de Torra, la colocación de simbología independentista en los espacios públicos amparándose en la libertad de expresión, o cuando recordamos que no quiso investigar el hostigamiento y acoso a cargos públicos y representantes políticos no separatistas en sus sedes y domicilios particulares, y así, como tantos otros hechos en los que ha pasado de puntillas, de perfil y hasta hablando sueco.

El ataque del Síndic a la Justicia se ha llevado a cabo en diferentes fases y momentos, siempre teatralizado y coordinado con los grupos separatistas, y entrando en escena con el juicio a los políticos condenados por el Tribunal Supremo.

Ribó ha atacado a la Justicia en diferentes foros, dentro y fuera de España. Ha puesto en cuestión las prisiones provisionales, las resoluciones judiciales, el procedimiento, los testigos, las penas y hasta la mera existencia de los delitos de sedición y de rebelión. Lo ha pretendido justificar bajo un manto de supuesta legitimidad democrática, inexistente, por cierto. De hecho, en Julio de 2018 llegó a decir que las resoluciones dictadas por el Juez Llarena iban: “directamente en contra de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

En enero presentó un informe en el que cargaba contra la Sentencia que calificó de “desproporcionada”, aprovechando su posición para atacar al “gobierno de los jueces”, desprestigiando su trabajo, y haciendo una petición de amnistía, indulto o de Reforma del Código Penal para derogar los delitos de sedición y de rebelión.

No obstante, en 2019 saltó la sorpresa cuando el empresario Jordi Soler, implicado en la trama corrupta del 3%, reconoció haberle regalado un viaje en jet privado a Berlín para ver la final de la Champions de 2015 entre el Barça y la Juventus, junto a su compañera y su hija --cuyo coste alcanzaba los 39.000 euros--. Ante estos hechos, Ciutadans requirió la comparecencia de Ribó en el Parlament y los puso en conocimiento ante la Oficina Antifraude de Cataluña. Sin embargo, el Presidente del Parlament vetó la investigación, como pago en especies a los servicios prestados por tantos informes y actuaciones partidistas.

La fiscalía abrió una investigación y el propio Ribó acabó reconociendo que hizo el viaje, pero con matices, negando que hubiera sido a cambio de favores. El Juez de La Mata no vio indicios “fundados y serios” que se le hiciera el regalo en su condición de Síndic de Greuges y acabó archivando la causa.

Nos podría resultar paradójico que sea Ribó el que, de ahora en adelante, exija un escrupuloso respeto a las decisiones judiciales, no solo al auto del Juez de La Mata que le exime de responsabilidad penal. Algunos le recordaremos sus viajes y virajes, sus informes partidistas, las actuaciones que no abrió y hasta los “greuges”, otros le recordarán por el servicio a la causa, pero la justicia hizo su trabajo, como tantas otras veces, a pesar de Ribó.