El Govern de Torra es incapaz de retomar los proyectos público-privados que definieron en su momento el modelo Barcelona, desde los juegos del 92 hasta el éxito de Fira Barcelona, resumido en el del Mobile Congress. Y ahora Bruselas busca precisamente aquel modelo de éxito que incubó la colaboración entre las grandes compañías y las Administraciones. En su documento Next Generation, impulsado por Merkel y Macron, la Comisión marca tres objetivos: el Green Deal Europeo, la lucha contra la desigualdad, y el apoyo a la digitalización. Bruselas aceptará las propuestas de los países que presenten sus proyectos sobre la base de consenso y colaboración público-privada. Suponer el consenso en tiempos de odio es mucho y la colaboración público-privada es imposible porque las grandes compañías catalanas no están dispuestas a ir de la mano del Govern, aunque la responsabilidad final recaiga en el Gobierno de España.

El Next Generation podría ser el ensayo general de una Cataluña con agenda propia, tal como lo quieren los soberanistas. Pero la desconfianza en el Govern es la norma entre los motores del crecimiento, como Naturgy, Agbar, el Grupo La Caixa, el entorno del Banco Sabadell, las empresas de laboratorios, como Almirall, los líderes de la confección, como Mango, las cabeceras metalúrgicas o los conglomerados logísticos. Los planes de futuro exigen un liderazgo político hoy inexistente. Por su parte los grandes teóricos del small is better, o lo pequeño es hermoso y más eficiente se han vuelto mudos. Las supuestas ventajas comparativas de un país pequeño como Cataluña con Estado propio se han esfumado. No hay ideas; la Administración es inoperante y de la política industrial solo conocemos su defunción, sic transit gloria mundi. Cuando Puigdemont dice “donde esté yo, está Cataluña” expresa el fin de una gloria efímera como la que le ofreció el Diablo al Doctor Faustus. Además, la imagen facial del suplente solo es una máscara.

Bruselas exige la aplicación de las recomendaciones del semestre europeo --las famosas reformas estructurales-- para mejorar la selección, programación y ejecución de los fondos de la Unión Europea, es decir de las inversiones. El último presupuesto de la Generalitat es de 2017 y, sin rendición de cuentas, el Govern está iniciando ahora en el Parlament la tramitación del Presupuesto de 2020. Pere Aragonés dijo en enero que se trata de unas cuentas expansivas y con razón, porque lo que más crece es el gasto corriente (sueldos de políticos, cargos de confianza y funcionarios). El resto es papel mojado. No habrá ensayo general de la República catalana, su proyecto es ya la destrucción de un ocaso.Si quieren entrar en los planes de Bruselas, las blue chips catalanas tendrán que ponerse a la cola de las iniciativas del Ministerio de Industria. Y la verdad es que lo harán sin demasiado optimismo, después de oírle decir a Reyes Maroto, la titular del ministerio, que es necesario “un pacto por la industria, porque es más importante que nunca”. Evidencia. Por su parte, Raúl Blanco, secretario general de Industria, abunda a la ministra diciendo que “lo urgente es poner a la industria a salvo de la política”, en referencia a la bronca permanente de la oposición. Son dos generalidades vacuas, encefalogramas planos inexplicables. El cierre irreversible de Nissan ha mostrado la inexistencia de centros de decisión de multinacionales capaces que puedan aportar un voto de calidad a la hora de asignar inversiones. La implosión nipona expresa la dejadez de las administraciones.

Los recursos de plan de relanzamiento de la UE no estarán disponibles antes del segundo semestre del año próximo y podrán ponerse en marcha a lo largo de cuatro ejercicios. España aspira a recibir transferencias anuales para este tipo de programas por el 1,4% del PIB, y es debajo de este paraguas donde la Generalitat podría presentar sus propuestas. Pero no hay noticias al respecto. Lo último que sabemos de Torra es que exige 15.000 millones de euros a Madrid y desprecia su parte alícuota en las transferencias del Estado (16.000 millones en total) destinadas a las CCAA para sanidad, Educación y nuevas inversiones. La Cataluña de hoy es una sociedad industrialmente terminal que se niega a reconocer oficialmente su malestar. La prevaricación y el fraude de ley de los políticos electos campan a sus anchas. Todo tiene un barniz de falsa veracidad.

El dinero que reciba España de Bruselas para la reconstrucción no podrá ser utilizado para reducir su Deuda. Y si lo hace, el pasivo amortizado se restará de las inversiones de la UE. La encrucijada es clave: ¿Equilibrar las cuentas o crecer? Esta difícil disyuntiva de España tendrá consecuencias muy negativas en Cataluña, la autonomía rebelde que pierde oportunidad tras oportunidad y cuyo presidente está a un paso de ser inhabilitado por el Tribunal Superior (TSJC). El clima general empeora las cosas; crece la velocidad de caída del PIB mientras que la desescalada del Estado de Alarma pilla a los dos brazos motrices del país, Madrid y Barcelona, en plena desaceleración. El Gobierno de Sánchez ha creado una coraza social obligada --los ERTE, el ingreso mínimo vital, los créditos blandos avalados por el ICO, moratorias fiscales y de cotizaciones sociales-- que socaba necesariamente las cuentas públicas.

Todo el esfuerzo urgente de la UE será a crédito, lo que señala el crecimiento exponencial de nuestra Deuda. Alemania, referencia de la Unión Monetaria, acaba de aprobar un presupuesto expansivo con recurso a la acumulación bruta de capital. Por su parte, la ministra de Hacienda y Portavoz, María Jesús Montero, se ha encerrado con su equipo para jugársela a una carta con un presupuesto a la alemana, que empezará su trámite en septiembre.

Es la última oportunidad de España, antes de concretar el Next Generation de Merkel y Macron, que apunta al futuro y no quiere contaminarse con las urgencias actuales; la propuesta de no cargar con más deuda lanzada por Pedro Sánchez, el italiano Giuseppe Conte y el presidente francés, Emmanuel Macron, parece olvidada. En este escenario europeo de futuro sin presente, Cataluña encaja a la medida. Huérfana de presente, no está ni se la espera en la oportunidad de futuro, porque no es capaz de retomar la fórmula público-privada que tanto rédito dio en Barcelona. Torra y Aragonés tienen a la economía real en su contra. Las compañías no hablan oficialmente, pero sus opiniones más reservadas inundan los pasadizos de la patronal Fomento del Trabajo y de los grupos de análisis de foros de prestigio, como el Círculo de Economía, que preside Xavier Faus.