Dejando al margen consideraciones de carácter personal, muy extendidas, por cierto, sobre la nefanda gestión de la crisis sanitaria del Covid-19, basadas en aspectos tan irrebatibles como el número de fallecidos o de infestados por millón de habitantes, cuando no por el número de sanitarios contagiados o por el deplorable espectáculo sobre la “fraudulenta” contabilidad de muertos y contagiados, emerge con fuerza en el horizonte cercano una pavorosa crisis económica que ha llevado al presidente del gobierno a tocar a rebato a todos los partidos políticos, aunque sin campana, para que participen o le arropen en lo que se ha llegado a calificar, con total impudicia, de unos nuevos pactos de La Moncloa o mesa de reconstrucción nacional, mostrando el convocante un exaltado entusiasmo, sin fundamento alguno, sobre su resultado cuando no había siquiera mantenido un par de conversaciones con Ciudadanos y UP. Todo muy en línea con la capacidad propagandística sin límite mostrada por el gobierno de Sánchez desde que este empezara a funcionar el 20 de enero de este año. ¡Parece un siglo!

Pedro Sanchez es presidente del gobierno no por ganar las elecciones generales de noviembre de 2019 por mayoría simple, sino por haber conseguido los votos suficientes en la investidura para formar un gobierno de coalición. En total, 167 votos a favor frente a 165 en contra, gracias a los votos favorables de PSOE, UP, PNV, Compromís, BNG, Más País, Teruel Existe, Nueva Canarias y la abstención de ERC y EH Bildu. Y ello, según el título IV de la Constitución del 78 le permite gobernar “con todas las de la Ley”. Así que, ¡a gobernar!

No habría que extenderse más en esta cuestión si no fuera porque Sánchez y su gobierno han salido en tromba a criminalizar a aquellos partidos que no quieran participar en ese remedo de pactos de la Moncloa o mesa de la reconstrucción, que no deja de ser un intento del inquilino de la Moncloa en diluir la que se le viene encima tras todo lo demostrado en esta terrible crisis sanitaria de tan pavorosas consecuencias, y ello no significa que Sánchez y su gobierno deban ser acusados de la muerte de Manolete.

Para los creyentes cristianos, hay una enigmática frase en los  Evangelios que encaja perfectamente en la situación propuesta por Sanchez y planteada en plena Cuaresma.  “Aparta de mí ese cáliz”, frase bíblica llena de misterio que tiene su equivalencia en una expresión del mus, cuando uno de los jugadores pronuncia la expresión “paso”, que no juega a la pequeña, que ahí no tiene nada que ganar, que para tí el punto, que te lleves el amarraco, máxime cuando este cáliz está lleno de “sangre y traición” que en el fondo es de lo que estaba manchado el cáliz de la Biblia.

Apelar a una reedición de los pactos de la Moncloa, con todo lo que supusieron para la historia de España, no deja de ser una apelación a un momento histórico irrepetible como fue  la Transición Democrática, tan admirada en el mundo y que posibilitó el paso de una de las dictaduras mas odiadas a un sistema de libertades, sin que supusieran más traumas a la sociedad que los estrictamente necesarios.

Aunque algunos puedan entender que a Sánchez y a su Merlín de cabecera –Redondo que no Iglesias- nada les gustaría más que desplazar de los libros de historia los nombres de Suárez, Gonzalez o Carrillo y que estos fueran sustituidos por los suyos como prohombres de una nueva Transición y una nueva Constitución...de una nueva España, no deja de ser un sarcasmo.

La crisis que se avecina va a resultar dura, bastante más compleja que las de 2008 y 2011, básicamente porque  como ha dicho recientemente Juan Maria Nin, se va a producir una  triple combinación de crisis de demanda, de oferta y del sistema financiero, y la conjunción de las tres parece mortal de necesidad, salvo que se tomen las decisiones adecuadas. Tomar las decisiones adecuadas. No pide nada Nin. O quizá se olvida el que fuera director general de la Caixa que al frente del gobierno hay dos personajes que tienen como único ideario político gastar –“no me digas Pedro que no hay dinero para hacer política”- y que no van a querer saber nada de deuda, de déficit público, de recortes, de aumentar la presión fiscal, de crear nuevos impuestos, de ajustar el Estados del Bienestar o de redefinir muchos aspectos de las administraciones públicas. Y frente ellos, la Comisión Europea y su exiguo poder frente al poder los gobiernos de los estados miembros de la Unión.

De todo eso hay que entender que es muy consciente el principal partido de la oposición una vez llegue el momento de ejercer el “paso” de la jugada que le va a proponer Sanchez sino quiere convertirse en muleta de un gobierno que no ha tenido inconveniente alguno durante la crisis del Covid-19 en inventar, mentir, negar, ocultar y cuantos verbos se consideren oportunos agregar.

Los Pactos de la Moncloa, firmados en  octubre de 1977, fueron la culminación de un proceso que permitieron sentar las bases del consenso para aprobar un año más tarde la Constitución, proceso que habían comenzado con la elaboración de la Ley para la Reforma Política que suponía la derogación tácita del sistema político franquista en solo cinco artículos y la convocatoria de elecciones democráticas a celebrar el 15 de junio de 1977.

Y todo ello se consiguió dejándose la casi totalidad de los partidos pelos en la gatera, con sus tiras y aflojas, con sus luces y sus sombras, y con el empuje definitivo de una sociedad que por encima de todo tenía un sueño: consolidar la democracia en España y dar paso a la Constitución de 1978.

La tarea eran extraordinaria y solo un elenco de personalidades de nivel podía firmar un documento de la trascendencia de los Pactos de la  Moncloa que adquiría compromisos en materia de política de rentas, política monetaria, política presupuestaria, reforma fiscal, reforma del sistema financiero, relaciones laborales, Seguridad Social, enseñanza, urbanismo, suelo y vivienda, junto con una serie de acuerdos políticos relacionados con la libertad de expresión y los derechos de reunión y asociación que Fraga no firmó.

Para todo ello se necesitaba, antes que nada, un diagnóstico claro y determinante de lo que había que hacer y de ellos se ocuparon gentes de nivel como Fuentes Quintana, Manuel Lagares, Luis Angel Rojo, Ramón Tamames, Jose Luis Leal, Blas Calzada, Fernando Abril, Fernandez Ordoñez y tantos y tantos otros a los que unía el deseo de solidificar el recién constituido sistema democrático, aunque para ello se requirieran sacrificios como la reducción del crecimiento del gasto público, el control de los aumentos salariales en base a la inflación prevista o el control de la cantidad de dinero en circulación.