La RAE define conflicto como combate, lucha, pelea. Pero, se utiliza más en sentido figurado. Y entonces hay que ponerle un añadido, que puede ir desde un adjetivo duro: conflicto armado, hasta perífrasis más edulcoradas como conflicto de intereses, apuro o situación de difícil salida. También se emplea para otras situaciones menos bélicas. Por ejemplo, los enfrentamientos entre obreros y patronos en el orden laboral.
En el año 1978, en el Congreso de Cultura Catalana, los sociolingüistas Vallverdú, Aracil y Ninyoles definieron el Conflicto Lingüístico, como la confrontación de “dos lenguas perfectamente diferenciadas que comparten un mismo territorio en el que una es políticamente dominante y la otra políticamente dominada”. Estábamos ante la andadura de una nueva situación política en España. La Constitución de 1978 inauguraba una plena democracia en la que las lenguas regionales, o minoritarias, habían de ser tan oficiales en sus territorios como “el castellano” (hoy español) lo es en todo el territorio nacional: Articulo 3 de la Constitución de 1978.
Se promulgaron leyes de “normalización lingüística” en los territorios españoles donde habían surgido otras lenguas, que ya la II República consideró aptas para la vida Administrativa y la Enseñanza, en convivencia con el castellano. Desde la Promulgación de la Constitución de 1978, y aun antes en Cataluña, la lengua catalana había entrado a formar parte de la instrucción escolar por ser lengua materna de muchísimos catalanes. Las primeras escuelas con el catalán como lengua vehicular junto con el castellano son de 1968. Eran pocas y dependían de los Municipios. En la Universidad, en la Facultad de Letras, sección de Filología Románica se impartía como asignatura “Lengua catalana”, con la misma relevancia que las otras lenguas neolatinas o procedentes del latín vulgar.
Hoy en día, la definición de conflicto lingüístico del año 1978 sigue teniendo la misma vigencia, solo que ahora la lengua cuyo uso hay que reivindicar en las distintas Administraciones es el castellano (o español), por ser la lengua materna de muchísimos catalanes. La presencia del español o castellano está documentada en Cataluña, al igual que el catalán, desde la Edad Media, en las Crónicas Medievales del Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona). Es preciso reclamar la normalidad de su empleo porque, bajo el paraguas de una supuesta “normalización”, se ha tratado de desprestigiarlo, llegando al insulto. En Cataluña, en ciertas zonas y por parte de ciertas personas, hablar español es sinónimo de “fascista”. Y eso en plena democracia.
Y ahí tenemos ya el conflicto devenido político” porque, si hubo un “conflicto lingüístico” durante los 40 años de Dictadura (que en Cataluña se vivió con mayor intensidad), hoy ese mismo conflicto ha derivado en “político”. No se trata de la fricción entre dos lenguas por razón de su uso, sino de un problema de derechos lingüísticos. La misma norma constitucional (mencionada con anterioridad) que ampara el derecho de las familias catalanohablantes a elegir para sus hijos la educación en su lengua materna, es de aplicación, simétricamente, a las familias catalanas cuya lengua habitual es el castellano o español.
En Cataluña la comunidad de habla catalana tiene sus derechos lingüísticos reconocidos, aceptados y ejercidos ampliamente por esa comunidad, mientras que la comunidad de habla española no tiene esos mismos derechos, pese a las quejas, reclamaciones y las numerosas sentencias judiciales favorables. Que eso ocurra no en una dictadura, sino en una democracia plena, que los legítimos derechos de más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña sean desoídos y ninguneados, sistemática y concienzudamente, con argumentos falaces, es algo que debería hacer enrojecer de vergüenza a cualquier ciudadano normal. Y, sin embargo, los poderes públicos (PP y PSOE) miran para otro lado.
Y el quid está en el número, el número de niños y adolescentes de lengua materna española supera en mucho al de aquellos de lengua materna catalana. Dado que la lengua catalana es el único hecho verdaderamente diferencial de esta Comunidad, los políticos secesionistas, que llevan décadas en el poder en Cataluña, han construido la hipótesis de que la lengua es el factor determinante que ha de facilitar la independencia de Cataluña. Por ello, han planeado un proceso de sustitución lingüística, bajo el pretexto de recuperar la “normalidad” en el uso del catalán, sometiendo los niños de habla española a la inmersión lingüística, acompañada del adecuado adoctrinamiento.
El objetivo cada vez más explícito es la homogeneización forzada de toda la población: “una lengua, un pueblo, una nación”. No importa que a esos niños de habla española les ocasionen un retraso evidente en su instrucción (véase el estudio de CCC sobre los resultados PISA). Ni que niños y adolescentes - ¡¡todos, de una y otra lengua¡¡ - no lleguen en su instrucción obligatoria a dominar un español culto como sería de desear. Todo es válido para mantener el espejismo de una Cataluña independiente.
Es un escándalo que los niños y adolescentes de familias adineradas --¿de ocho apellidos catalanes?-- no pisen una escuela pública. Se escolarizan en escuelas elitistas, donde aprenden varias lenguas (sin inmersión “a la catalana forma”) y adquieren una formación sólida. Ustedes dirán: “¡Claro! Pero eso es algo común en todas partes”. Y es cierto. La peculiaridad catalana consiste en que en el paquete de los ricos se cuentan aquellos que, por privilegio de clase o por elección, copan las instituciones y la política. Y esos son los que obligan a los niños sin recursos a someterse a la inmersión obligatoria, mientras sus propios hijos escapan de ella en las escuelas privadas de élite.
Por favor, españoles de a pie y responsables políticos, no permitan que esta lacerante injusticia se perpetúe más. No están en juego solo los derechos de los castellanohablantes en Cataluña, sino la supervivencia de la Nación, la supervivencia de España.