El pasado 27 de enero, un rector de una universidad catalana, tras ser preguntado acerca de la situación de precariedad laboral que padecen un gran número de profesores asociados, o falsos asociados, no tuvo ningún rubor en responder, para sorpresa de muchos: "No tenemos falsos asociados, pues lo que tenemos son asociados cuya situación no es correcta, de tal forma que, de hecho, el movimiento de asociados está parado”. Cuestionado, a continuación, sobre la denuncia de los docentes precarios que dicen trabajar full time cobrando entre 300 o 600 euros al mes, el rector contestó que no “están full time, sino que tienen contratos de obra y servicio para hacer unas horas de docencia, motivo éste por el que se vigila que hagan lo que tienen que hacer, siendo lo cierto que puede haber abusos, como pasa en cualquier empresa, pero cuando nos enteramos de algún abuso, actuamos”.

Más allá de los juegos de palabras del rector, al cual debiera recordarse que fuera del ámbito matemático el orden de los factores (en este caso, las palabras) sí altera el producto, así como lo poco acertado que pueda ser comparar el funcionamiento de una Universidad Pública con una empresa; es obligado señalar que la tozuda realidad se ha encargado de desmentir su peculiar visión acerca de la problemática de los falsos asociados.

Tan es así, que este mismo viernes, el propio Ministro de Universidades, en su comparecencia ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, no dudó en afirmar, con vehemencia, de una parte, que “la bolsa de precariedad en la universidad es una de las más grandes del país, lo cual es un escándalo, además de un despilfarro de recursos y un mecanismo de frustración para jóvenes investigadores sin perspectivas”; y, de otra, que “se va a acabar gradualmente en esta legislatura con la precariedad del profesorado universitario y de los investigadores, mejorando sus condiciones de trabajo y salario y sobre todo estabilizando su trabajo”.

Estas manifestaciones de Manuel Castells, bien puede decirse que constituyen “un zasca” a la visión de los falsos asociados que tiene dicho rector. En los próximos días, Castells, en lo que se ha dado en bautizar como la gira del “ministro escucha”, visitará Barcelona. Cuando lo haga, exponiendo sus buenos propósitos e intenciones, habrá que esperar para ver si se traducen en una realidad tangible, previa dotación del presupuesto necesario (también por parte de la Generalitat) o, por el contrario, constituyen un nuevo “brindis al sol” para ir ganando tiempo de “paz social” en las instituciones de educación superior. En ese momento, esperemos que el rector de la UB sea ya consciente del movimiento de reclamación del colectivo de asociados de su propia institución.

Un colectivo que este mismo viernes ha explicado, en rueda de prensa, que se han presentado 70 demandas contra el fraude de sus contratos y ya se han obtenido diferentes sentencias del TSJC que reconocen que dichos contratos tienen un carácter temporal no justificado, pues llevan a cabo funciones estructurales.

Urge solucionar, con el mayor consenso posible, el problema de la precariedad laboral en la Universidad, lo cual es compatible con prestar atención a la justa promoción de quienes ya se encuentran en la parte alta de la pirámide del profesorado universitario. Una problemática que afecta no solo a los falsos asociados, sino también a aquellos investigadores predoctorales que ven incumplido el Estatuto del Personal Investigador en Formación (pago del cuarto año), así como vienen sometidos a ciertos programas, como el Serra Húnter, quizás bien pensados para captar un hipotético talento externo pero, desde luego, manifiestamente inoperantes para estabilizar al talento interno en el que tanto esfuerzos y dinero hemos invertido.

Para solucionar un problema, lo primero es reconocer que existe. En este sentido, aun cuando jamás hubiera pensado que pudiera ser así, debo decir que el ministro (un recién llegado al cargo), lo tiene mucho más claro que algún rector que parece “vivir fuera de la realidad”. En cualquier caso, también habrá que vigilar de cerca las intenciones ministeriales, no sea que aprovechando la coyuntura algunos tengan la torticera intención de apostar, sin disimulo, por acabar con el funcionariado universitario y, por extensión, con la autonomía universitaria.