La protección sanitaria pública y la protección de la vejez son dos construcciones de nuestra relativamente joven democracia. La sanidad pública, universal y gratuita se crea el año 1986 con la Ley Lluch, cuya cobertura y derechos han sido reducidos por la reforma del 2012 y por los persistentes recortes presupuestarios. Les pensiones se regulan el año 1989, se amplían con las prestaciones no contributivas, y con el Pacto de Toledo de 1995 se quiere garantizar la suficiencia y el mantenimiento de su capacidad adquisitiva. La reforma de las pensiones de 2013 es un nuevo retroceso, esta vez bloqueando la revalorización de las pensiones de jubilación. Son dos muestras de un proceso de desmantelamiento de pilares básicos para la necesaria cohesión social, proceso que se ha caracterizado por ser abusivo, por derroche de medios, y por estar guiado por actitudes poco responsables.

En primer lugar, estas actuaciones son abusivas, en contraposición a acciones respetuosas o justas. Recortar los recursos públicos destinados a la sanidad, con el argumento de que hemos tirado la casa por la ventana, de que en definitiva la salud es un problema privado de cada persona (Conseller Boi Ruiz en el año 2011) o de que se han hecho usos injustificados, son razones suficientes para acudir al juzgado de guardia.

El año 2017 el gasto público total en sanidad en España fue de 69.427 millones de euros (Estadísticas de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad) cifra equivalente a los 70.000 millones de euros en que FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorro) el año 2018 estima el fraude fiscal.

Fraude fiscal vinculado a la economía sumergida y a la escandalosa pregunta: “¿quiere la factura con IVA, o sin IVA?”, una directa inducción a la ilegalidad y al comportamiento insolidario. La pregunta, en realidad debería ser: “¿quiere la factura sin maestros, sin médicos, sin pensiones, sin becas, sin carreteras…?”

Pero también hay un abuso vinculado a la elusión fiscal que hace posible que el tipo impositivo efectivo medio de les empresas del IBEX sea del 6,14% (El Economista, 1 de agosto de 2018) mientras que el tipo impositivo efectivo para una pensión pública de jubilación puede alcanzar hasta el 20%. Pensiones que en dos de cada diez familias de Cataluña es el ingreso básico  de la unidad familiar (CCOO informe, 2014), año en el que la tasa de riesgo de pobreza en España afectaba al  31,1 % de la población, en tanto que la media de la zona euro era del 25,8%.

A pesar de esto, e ignorando estas condiciones, el Gobernador del Banco de España, el 5 de marzo de 2018, recomendaba que: “sería bueno que la gente no invirtiera solo en vivienda, sino también invirtiera más en activos financieros”, como si fuera fácil acceder a la vivienda.

En segundo lugar, se han derrochado recursos, en contraposición a la prudencia y a la solidaridad. Las políticas de ajuste fiscal han generado el uso no adecuado de los recursos públicos. El año 2012 con recursos públicos se avaló un préstamo de 64.210 millones de euros a la banca privada con el objetivo de resolver los destrozos provocados por su imprudente gestión.

También nos dijeron que este préstamo seria restituido después del saneamiento del sistema bancario. Ahora sabemos que el aval era cierto pero el retorno no. Según el Banco de España solo se recuperarán 9.857 millones y los 54.353 millones restantes los bancos no los restituirían. Esta cifra es superior, por ejemplo, a los 43.387 millones de euros destinados en 2017 a gasto público en educación en todos los niveles educativos (Ministerio de Educación; Gasto Público en Educación).

Algo semejante ha ocurrido con las bonificaciones a la seguridad social (UGT: El expolio de la Seguridad Social, 2016) entre 2012 y 2016 se dejó de ingresar en el Fondo de Pensiones por este concepto 21.106 millones de euros, medida redujo el coste laboral de las empresas, pero que ni creo empleo ni redujo el paro.

Es el derroche en medio de una crisis que nos ha dejado 992.800 hogares con todos sus miembros en el paro (EPA del primer trimestre de 2019) en un país con una de las protecciones sociales más bajas de Europa en términos de porcentaje del PIB, el 11,2% frente al 15,7% del PIB en 2017 (Eurostat).

En tercer y último lugar, la irresponsabilidad de los que han desmantelado la sanidad y las pensiones y ahora, de forma paradójica, promuevan rebajar los impuestos como el camino para recuperar la protección social que han destruido. Una propuesta responsable sería la de acercar la presión fiscal de España a la media de la zona euro, no es necesario más. Según Eurostat son 7,4 puntos del PIB los que separan la presión fiscal de España y la media de la zona euro: el equivalente a un aumento de ingresos públicos de 88.962 millones de euros.

El volumen de esta brecha fiscal se acerca a los 91.260 millones de euros de la nómina de pensiones de jubilación de 2018 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). Cambiando la reforma de 2103 la prioridad de hacer sostenible la actualización del poder adquisitivo de les pensiones, por la prioridad del equilibrio del sistema en las actuales condiciones, principio que no se aplica en ningún país de Europa, cambio de dirección que ha venido acompañado por la ampliación del copago farmacéutico a les persones jubiladas.

Un mensaje claro a los pensionistas, si viven más tiempo del que estaba previsto, quieran o no, están asumiendo la responsabilidad de cometer un atentado contra el equilibrio del sistema y de obstaculizar con su actitud la revalorización de les pensiones.

Abuso, derroche e irresponsabilidad se encuentran en el intento de desguace del Estado del Bienestar y en el recorrido que nos ha llevado desde una crisis financiera y económica hasta a una crisis social y moral que nos ha dejado sin contrato social.