El debate de investidura de Pedro Sánchez no ha sido exactamente el debate de investidura de las mujeres, a falta de candidata a la presidencia del gobierno y de jefa de la oposición –todo se andará-, pero algunas diputadas han tenido intervenciones destacables, en un sentido u otro, que se deben tener en cuenta. En primer lugar, la firmeza de Meritxell Batet,  embridando a los desbocados vociferantes desde la presidencia del Congreso, y la entereza de la presencia en el hemiciclo de Aina Vidal (En Comú Podem), aquejada de enfermedad grave, consciente de lo que valía su voto.

En otro plano, Montserrat Bassa (ERC), utilizando como única argumentación política el sentimiento de dolor, común a todos los familiares de encarcelados; Inés Arrimadas (Cs), muñidora de transfuguismo, pidiendo dignidad a los diputados que facilitaban la investidura desde la indignidad de su llamamiento a la traición; Laura Borrás (JuntsxCat), reiterando la vacuidad retórica del independentismo; Mertxe Aizpurua (EH Bildu) con su provocación gratuita a costa del Rey; Mireia Vehí (CUP) inmersa en las contradicciones de un izquierdismo infantil.

Con todas las diferencias y matices propios de sus distintas adscripciones políticas, Bassa, Borrás, Aizpurua y Vehí perdieron la ocasión de apoyar, completar o rebatir la agenda social y el paquete de reformas que la acompañan, expuesta por el candidato a la presidencia del gobierno. Bassa y Borrás ignorándola, Aizpurua y Vehí banalizándola al situarla por debajo de preferencias extrasociales. Las cuatro, en todo caso, condicieron, cada una a su manera, con el “esto va de autodeterminación”.

Pues no. El nuevo gobierno “va de agenda social”. Iñigo Errejón (Más País) acertó como nadie en el diagnóstico: “España está dividida por la desigualdad”. Por eso, su corrección se impone como labor prioritaria. La agenda territorial se puede desplegar pausadamente, la agenda social es una necesidad perentoria, el dolor de la desigualdad no tiene espera. Los que se oponen frontalmente a la coalición de PSOE y Unidas Podemos ni siquiera se atreven a negar la existencia de la desigualdad.  Al aceptar implícitamente que existe, su silencio --ni presentan alternativas, ni tampoco rechazan explícitamente la agenda social propuesta-- evidencia que les da igual la desigualdad.

Mireia Vehí, que, por lo que pretende representar, debería haberse centrado en la agenda social, la despacha con la excusa del límite (negociable) del techo de gasto del compromiso europeo,  teniendo, en cambio, por “imprescindibles”, luego por encima de la agenda social, la amnistía y la autodeterminación.

En el fondo, Vehí se mantiene fiel al lema de campaña de su formación: hacer ingobernable el “Estado”, aberración parlamentaria que llegó a compartir  (personalmente) Bassa. La ingobernabilidad no es la menor de las contradicciones de los antisistema de toda suerte, pero sí una de las más curiosas. ¿Cómo conseguirían materializar la amnistía y el ejercicio del derecho de autodeterminación (si existieran) sin un gobierno con el que negociarlos?

Los frutos de una agenda social beneficiarán a todos con independencia de su voto y de sus sentimientos. Al despreciarlos,  se apuesta por la pervivencia y la agudización de la desigualdad.