Durante el siglo XX, la población en España pasó de 18.569.465 a 40.847.785 habitantes. En todos los años, excepto en 1918 y 1939, hubo más nacimientos que defunciones. En cambio, en la actual centuria, el saldo vegetativo es negativo desde 2015. Una tendencia que se prolongará durante muchos más períodos, si no se adoptan medidas de fomento de la natalidad por parte de los próximos Gobiernos.

En España, la reducción del número de nacimientos es la culpable del saldo negativo. El aumento de la mortalidad solo ha tenido una contribución secundaria y es principalmente fruto del envejecimiento de la población. En 2018, su tasa por mil habitantes (9,1) era muy parecida a la observada en 1998 (8,9).

El máximo histórico de nacimientos (697.697) tuvo lugar en 1964. Entre dicha fecha y 1998, su disminución anual fue casi ininterrumpida, alcanzando el último año la cifra de 365.193. En los ejercicios siguientes, la natalidad repuntó y logró en el año 2008 el nivel más elevado en el actual siglo: 519.779 nacidos.

No obstante, la tendencia se invirtió en el siguiente ejercicio y continuó en los sucesivos. En 2018 solo nacieron 372.777 personas, la cifra más baja desde 1998. Un guarismo que será perforado a la baja en el actual año, ya que en el 1º semestre el número de nacimientos disminuyó en 11.292 (un 6,2%).

La natalidad ha disminuido porque los progenitores quieren tener un menor número descendientes. En relación a 1964, la paternidad es asumida por las parejas de forma más responsable y existe una mejor planificación familiar. A pesar de ello, las mujeres tienen menos hijos de los que desean. En 2017, la tasa de fecundidad en España fue de 1,31, siendo la segunda más baja de la Unión Europea. En cambio, entre la población femenina comprendida entre 18 y 55 años, casi el 50% deseaba tener dos hijos y alrededor del 25% tres.

La diferencia entre sus deseos y la realidad responde a motivos económicos, laborales y a la dificultad para conciliar profesión y familia. En 2017, la retribución media anual de los asalariados fue 23.646,5 €. Sin embargo, los comprendidos en las franjas entre 25 y 29 años y 30 y 34 percibieron solo el 69,6% y el 83,9%, respectivamente, de dicho importe.

En la actualidad, junto con los mayores de 50 años, los jóvenes son los grandes agraviados del deficiente funcionamiento del mercado de trabajo. Constituyen un colectivo que padece una gran tasa de paro, un elevado subempleo y una escasa estabilidad laboral.

Por un lado, les es difícil encontrar un empleo que se ajuste a sus capacidades profesionales, al ofrecerles las empresas en numerosas ocasiones ocupaciones para las que están excesivamente formados. Por el otro, les gustaría trabajar más horas. Un gran número de los que lo hacen a tiempo parcial es porque no han encontrado un trabajo a jornada completa.

En la actualidad, muchos viven el presente y no hacen planes de futuro. El motivo es que sus trabajos actuales les impiden realizarlos. Tienen contratos temporales y su continuidad en la empresa está en permanente duda. Probablemente los harían, si dispusieran de un contrato indefinido y un claro recorrido profesional en las empresas donde están.

Las principales soluciones al invierno demográfico pasan por un mercado laboral muy diferente a la actual, una discriminación positiva en el trabajo a las mujeres con hijos pequeños (menores de 14 años) y distintos tipos de ayudas a las familias que los tienen.

El mercado de trabajo debería seguir una evolución contraria a la observada durante la última década y proporcionar a los jóvenes (menores de 40 años) más oportunidades de empleo, una remuneración más elevada y una mayor estabilidad laboral. Para ello, sería imprescindible un gran cambio legislativo.

La discriminación positiva consistiría en medidas fiscales que favorecieran su contratación y laborales que posibilitaran una más fácil conciliación entre trabajo y familia. Las primeras serían una deducción en el impuesto de sociedades a todas las empresas donde las mujeres con hijos pequeños representaran más del 40% de la plantilla y una disminución del 10% de la cuota de la Seguridad Social aportada por la compañía. Una reducción que no tendría ninguna repercusión sobre el importe de la futura pensión.

Las segundas supondrían la implantación del teletrabajo parcial o total, la evolución por objetivos de su desempeño, la obligación por parte de la empresa de mostrarle su proyección profesional durante la próxima década y la flexibilización de las opciones de salida y retorno de la empresa.

Las principales ayudas económicas serían una elevado aumento de la deducción fiscal en el IRPF por descendiente, la gratuidad total de la enseñanza entre 0 y 18 años, la reinstauración del cheque bebé (una subvención por cada nacimiento de 2.500 €) y un vale anual de 500 € canjeable únicamente por ropa de niño o adolescente.

En definitiva, el invierno demográfico ya ha llegado. Las anteriores soluciones, si se ponen en práctica de manera casi inmediata, pueden ser útiles a partir de 2.045. Un retraso consecuencia de que las necesidades actuales de población joven debían ser solventadas por políticas de natalidad efectuadas hace 25 años. Por tanto, si en la próxima década existe una moderada expansión económica, llegarán anualmente un gran número de extranjeros (una media de 300.000). No será una maldición, sino una bendición. Ellos nos permitirán mejorar nuestro nivel de vida y evitarán que en el futuro la inexistencia hasta la fecha de una política demográfica nos pase una cara factura.