Se dice con frecuencia, y en tono crítico, que el movimiento cívico constitucionalista en Cataluña está fragmentado. Es cierto que están proliferando muchas asociaciones y colectivos en respuesta a la asfixiante presión nacionalista, pero esto, a mi juicio, puede resultar muy positivo si se coordinan bien sus actuaciones.

Tiene todo el sentido, por ejemplo, que sea un grupo de historiadores --Historiadors de Catalunya-- el que se centre es desmontar las falsedades que fundamentan el relato nacionalista; que sea un grupo de empresarios el que alerte sobre las consecuencias nefastas del procés para la economía catalana (Empresaris de Catalunya); o que sea un grupo de policías el que trabaje por un buen entendimiento, siempre en el marco de la ley, entre todos los cuerpos de seguridad que actúan en nuestra comunidad autónoma (Politeia).

A la vez, esto es perfectamente compatible con proyectos que persiguen objetivos más diversos y transversales, como es el caso de Impulso Ciudadano, que el pasado 6 de diciembre celebraba su décimo aniversario.

Esta asociación, promovida y presidida siempre por José Domingo, ha desarrollado desde sus inicios una labor muy notoria de denuncia de las políticas lingüísticas nacionalistas ante diferentes instancias, como el Defensor del Pueblo o la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, sin dejar nunca de lado la vía judicial. Así, ha logrado, por citar ejemplos muy llamativos, que los tribunales anulen protocolos lingüísticos de las administraciones catalanas manifiestamente discriminatorios con los castellanohablantes, y --asesorando a la Asamblea por una Escuela Bilingüe-- que reconozcan el carácter vehicular de la lengua española en la escuela.

Impulso Ciudadano también ha sido muy combativa exigiendo el respeto a los símbolos comunes y la neutralidad de las administraciones. Su experiencia en este terreno se hizo especialmente visible cuando concentró su energía en Societat Civil Catalana (SCC), entre 2014 y 2018. Por ejemplo, siendo José Domingo responsable de su área jurídica, SCC inició una intensa campaña contra la presencia de esteladas en edificios y espacios públicos en periodo electoral, que concluyó con una sentencia del Tribunal Supremo que ratificó el criterio de la Junta Electoral Central sobre el carácter partidista de la bandera independentista. También entonces, con Rafael Arenas, actual vicepresidente de Impulso Ciudadano, al frente de SCC, se lanzó la campaña “Por unos espacios públicos de todos”, igualmente coordinada por José Domingo, con la  que se reivindicó que las banderas oficiales ondeasen en los balcones de bastantes  consistorios municipales catalanes.

En esta línea, tras el relanzamiento de Impulso Ciudadano en 2019, un contencioso interpuesto por esta asociación ha obligado al Presidente Torra a retirar cautelarmente la pancarta que rezaba “Llibertat presos polítics i exiliats” y el lazo amarillo del balcón del Palau de la Generalitat.

En los últimos meses, Impulso Ciudadano ha ampliado considerablemente su ámbito de actuación, favorecido por el reforzamiento de su junta directiva, un incremento notable del número de socios y la constitución de un grupo de trabajo en Madrid.

Entre las nuevas iniciativas sobresalen la creación, junto al Movimiento contra la Intolerancia, del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña que, en su primer informe, ha constatado que la inmensa mayoría de esta violencia proviene del ámbito independentista; la denuncia en diferentes foros internacionales, como la ONU y el Parlamento Europeo de la deslealtad institucional y la vulneración de derechos fundamentales en Cataluña; o la convocatoria, junto a una veintena de entidades sociales de toda España, de la primera convención nacional “por la Convivencia y la Constitución” que, entre otros objetivos, reivindica una reforma del Código Penal para reforzar la protección de los ciudadanos ante todo tipo de delitos relacionados con el odio y la discriminación.

Todo ello, sin dejar de lado una voluntad claramente propositiva, como se advierte en el manifiesto “¡Escuchad a los catalanes constitucionalistas!”, en el que se plantean una serie de reivindicaciones de los catalanes no nacionalistas, sistemáticamente silenciados en las negociaciones entre los Gobiernos de España y Cataluña.

En definitiva, nos encontramos ante un proyecto que cumple diez años repleto de objetivos y vitalidad, y con una clara voluntad de colaboración con el resto del tejido asociativo constitucionalista. Esta colaboración es especialmente intensa con S’ha Acabat, Asamblea por una Escuela Bilingüe y Movimiento contra la Intolerancia, pero se ampliará con certeza en el marco de la referida Convención por la Convivencia y Constitución, que se celebrará en Madrid el próximo marzo.

El trasfondo, siempre el mismo: la defensa sin fisuras de los principios y valores constitucionales frente a fuerzas iliberales, como los nacionalismos, que permanentemente intentan socavar nuestra democracia.