Hace, aproximadamente, un año me refería a esta definición del prestigioso periodista Lluís Foix sobre la situación política en Cataluña: "La guerra civil freda". Ya era más que evidente la fractura familiar y social que vivíamos en nuestra sociedad, además de otras graves consecuencias sociales y económicas. Pero dicha situación fue agravándose progresivamente por el constante incremento de las conductas de acometimiento y violentas de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR). Es más que sabido que gran parte de sus actuaciones han contado con la tolerancia, cuando no el apoyo explícito, de cargos públicos y, especialmente, del “vicario” Torra. Han llevado a cabo acciones, perfectamente dirigidas y coordinadas, como la ocupación violenta de vías de comunicación, terrestres y ferroviarias, interceptándolas y, consecuentemente, privando arbitrariamente a los ciudadanos del derecho a la libre circulación y, en especial, al desarrollo de su actividad laboral. Todo ello, de forma regular, al tiempo que ejecutaban, o mejor, continúan haciéndolo, actos injuriosos y lesivos ante sedes de partidos políticos o impiden el derecho a la libertad de expresión en sedes universitarias, como ha sido frecuente en la UAB. El calentamiento de la “guerra fría” era y es más que evidente. Sobre todo, si se añaden los muy graves actos de acoso y violencia --no solo verbal-- a los representantes del Poder Judicial.

Toda esta escalada de violencia alcanzó su cénit a partir de la notificación, el pasado 14 de octubre, de la sentencia del Tribunal Supremo condenando a los máximos dirigentes del proceso político y económico hacia la independencia de Cataluña. Sentencia, por cierto, benévola en relación a las justas acusaciones planteadas por el Ministerio Fiscal. En efecto, los CDR y otros colectivos fueron durante un largo periodo los autores --penalmente hablando-- de una violencia desatada en toda Cataluña, pero especialmente en Barcelona y otras capitales, además de la ocupación y corte del tráfico en calles y, sobre todo, en vías fundamentales como la AP-7, con los consiguientes y gravísimos perjuicios causados a miles de ciudadanos. Los balances de lesionados y detenidos, ciertamente muy altos, no nos consta en cuántos procedimientos penales se han traducido.

Pero la violencia no cesó con los hechos descritos. Es más, persiste pero con mayores intervalos. A cuanto se ha descrito, deba añadirse una noticia de extrema gravedad, que confirma la persistencia de la violencia en esta fase del procés. Una investigación policial sobre los CDR determinó la apertura de un proceso penal por el Juzgado Central nº 6 de la Audiencia Nacional (AN) contra, inicialmente, nueve miembros de los mismos, por delitos de terrorismo. El levantamiento del secreto de las actuaciones --policiales y judiciales-- no puede justificar dar una información que está en pleno proceso de comprobación. Habiéndose subsanado un defecto formal sobre el derecho de defensa de uno de los investigados, lo que sí parece darse por seguro es que era una “organización terrorista”, según el Código Penal, que participaba en una estrategia global del movimiento independentista. Y que están siendo investigados por dicho delito, por otro de tenencia de explosivos con fines terroristas y por otro de conspiración para la comisión de estragos, conducta delictiva consistente en el empleo de “explosivos” en vías públicas, estructuras críticas y/o edificios públicos. Al margen de la causa, se sabe que uno de ellos, en 2011, fue candidato municipal por ERC, apoyado públicamente por Oriol Junqueras.

La gravedad y trascendencia de este proceso es tan evidente que, nadie del movimiento independentista, puede eludir sentirse afectado y reaccionar críticamente ante el mismo. Sobre todo, en un momento político tan delicado en que se decide el futuro Gobierno de España.

Pues, lejos de ello, los tres grupos parlamentarios de ERC, JxCat y CUP, el pasado 28 de noviembre, presentaron una Proposta de resolució per reclamar la llibertat dels presos del 23S en el Parlament de Cataluña. Y exigen, en una etapa tan primaria del proceso y de la instrucción de la causa, que “tot plegat forma part d’una causa general, una operació d’Estat, contra l’independentisme". Y se reclama "l’alliberament immediat i l’arxivament de la causa”. A partir de ahí, se descalifica a la AN, ”condenando la politización y la opacidad” de la misma, en la estrategia ya habitual de vilipendiar a los tribunales y, entre otras reivindicaciones, se “denuncia la instrumentalización del delito de terrorismo con finalidades políticas”. Y, lo que nos parece más disonante e inadmisible, es que dichos partidos, que pretenden calificarse de demócratas, califiquen la detención y prisión provisional de quienes lo están por la presunta comisión de un delito de terrorismo como la “criminalització del dret a la protesta i l’exercici legítim de la dissidència política”. ¿Cómo puede llegarse a equiparar la actividad terrorista con la disidencia política? Representa una banalización perversa y gravísima de delitos muy graves que han causado en nuestro país --España-- miles de víctimas y un dolor insuperable.

Los negociadores del futuro Gobierno de España están moral y políticamente obligados a tener presentes los datos anteriores y deducir --con equidad y justicia-- las consecuencias que procedan en beneficio de todos los españoles.