El escándalo de los falsos expedientes de regulación de empleo de Andalucía está ya muy cerca del fallo. Este estruendoso juicio mediático concluyó en diciembre pasado, tras casi un año de sesiones. El número de testigos que desfilaron superó con creces el centenar. Desde entonces, un juez de la Audiencia de Sevilla redacta la sentencia, que podría ver la luz dentro de pocas semanas.

El sumario comprende nada menos que un millón de folios. El caso de los “eres” constituye el mayor latrocinio de fondos públicos perpetrado en los 40 años de democracia. Solo es comparable a otro episodio de depredación mayúscula, a saber, los cursos de formación para desempleados que se prodigaron también en Andalucía y asimismo durante el largo mandato del PSOE.

Entre 2007 y 2013, esa Comunidad recibió 2.800 millones de euros del Fondo Social Europeo. El dinero tenía que destinarse a promover la reintegración de los parados en el mercado laboral. El Estado contribuyó con otros 860 millones. Semejante dineral se fue por la alcantarilla de millares de cursos de formación, en los que mangonearon a diestro y siniestro un sinfín de compadres del partido.

Nadie sabe al día de hoy el tamaño del desfalco, aunque se presume de proporciones siderales. El resultado de tamaño dispendio es clamoroso. La región sufre una tasa de desempleo del 21%.

Durante los enjuagues de los “ere”, perpetrados en el periodo 2000-2010, la Junta de Andalucía concedió 800 millones de euros en concepto de ayudas a centenares de empresas que atravesaban dificultades.

Las entregas se hicieron de forma absolutamente arbitraria, ilegal y sin control alguno, y con pago de sobreprecios a las aseguradoras que los tramitaron.

Tales subvenciones escondían un engrase masivo de compañías y trabajadores ligados más o menos abiertamente a los capitostes del Partido Socialista andaluz.

En el banquillo de los acusados se sentaron Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dos eminentes pesos pesados del socialismo sureño.

Además, aguardan sentencia seis exconsejeros de la Junta y una docena de altos cargos, entre ellos varios directores generales de la administración autonómica.

Al parecer, ni Chaves ni Griñán se embolsaron un céntimo. La pasta fue a parar a una interminable retahíla de paniaguados, amiguetes y secuaces del PSOE. A todos ellos se les coló de rondón en los “eres” con el único objetivo de que se llevaran una tajada de la colosal tarta.

El gigantesco pillaje tuvo secuelas negativas indirectas para 120.000 personas afectadas por expedientes de regulación auténticos y verdaderos, que se vieron privadas de las ayudas de la Junta y no recibieron un céntimo de ella.

Sobre el veterano Chaves pende la posible inhabilitación para ocupar cargos públicos, apenas un leve rasguño para quien lo fue todo en Andalucía y en el partido. El que peor lo tiene es Griñán. Podrían caerle hasta seis años de cárcel por malversación continuada.

Para la pequeña historia de esta siniestra rapiña quedan las peripecias de Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta entre 1999 y 2008. Militó a las órdenes sucesivas de tres consejeros de Trabajo. Es él quien confesó a la jueza la inmundicia tanto de los “eres” como de los cursos de formación.

Guerrero merece figurar en un puesto de honor en la galería del esperpento nacional. Su chófer contó a la instructora de los “ere” que Guerrero seguía la insólita costumbre de despachar los asuntos de su departamento en la barra del pub Caramelo. Allí pasaba mañanas y tardes enteras tomando copas a destajo, mientras trataba los asuntos con quienes le habían pedido audiencia.

El conductor explicó también que su jefe y él mismo eran aficionados a consumir cocaína, a razón de 25.000 euros mensuales. Y que los gastos del bar, y del euforizante polvo blanco, por valor de cientos de miles de euros, fueron sufragados con fondos sustraídos a los parados andaluces. Al propio mecánico la cayeron ayudas de la Junta por valor de 900.000 euros, gracias a la intermediación de Guerrero.

La sentencia que en breve va a divulgarse afecta solo a la pieza principal. Pero todavía queda mucha tela que cortar. Porque una insana costumbre prevalece en los procedimientos. Consiste en desgajar la instrucción en casos separados. Y ha provocado el troceamiento de los desmanes andaluces en casi 150 sumarios distintos.