El Parlamento de Cataluña puso en marcha hace pocos meses una comisión de estudio sobre la situación de las personas mayores. Sindicatos, sectores empresariales y representantes asociativos que han comparecido durante las primeras sesiones han expresado la desidia del Govern respecto a las políticas destinadas a la tercera edad, especialmente aquellas relacionadas con la dependencia, con los servicios, residencias, centros de día... La situación es realmente grave, y pocos esfuerzos vemos por parte del gobierno de Torra y de los gestores de las políticas sociales, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para reconducir la situación.

Recientemente, en esa misma comisión compareció el presidente del Observatorio de la Dependencia, José Manuel Ramírez, que dejó algunos datos que a cualquier responsable político le deben interpelar.

Cataluña mantiene desde 2015 la misma lista de espera, 74.000 personas, e incrementa el número de personas pendientes de valorar en 23.600. La situación de la dependencia en Cataluña no viene de ahora. A los drásticos recortes ejecutados durante el gobierno del PP, se unen los 4.134 millones de euros recortados en gasto social por la Generalitat en los últimos ocho años, liderando el ranking de las Comunidades que más ha recortado en España e igualando la inversión en servicios sociales con la media española, cuando siempre se ha situado muy por encima.

Cataluña es la Comunidad que menos beneficiarios ha incorporado porcentualmente al sistema de dependencia desde 2015, la mitad de la media nacional. También lideramos la tasa de desatendidos: 3 de cada 10 personas que tienen derecho reconocido no reciben el servicio, una de cada 3 personas en lista de espera es catalana, y nuestra tasa de reducción de esa lista de espera es de un 4%, muy lejos el 43% de la media estatal. Al ritmo actual, en Cataluña necesitaremos 90 años para poner a cero nuestra lista de espera. Por si no fuera suficiente, el Observatorio de la Dependencia de 2019 indica que cada hora fallece una persona en Cataluña sin recibir la prestación a la que tiene derecho.

No todas las Comunidades, frente a una situación de financiación similar por parte del Estado, han actuado de la misma manera. Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o Illes Balears han reducido los tiempos de espera en un 70%, liderando el incremento de personas atendidas, haciendo partícipes a los ayuntamientos en el proceso administrativo --destinando los recursos necesarios-- o simplificando la burocracia de cara al ciudadano. 

Actualmente, 8 de cada 10 euros destinados a dependencia los aportan las Comunidades Autónomas. Desde 2012, el Estado ha recortado más de 5.400 millones de euros. Sin duda, esta es una situación a revertir. Los frustrados Presupuestos Generales del Estado de 2019 destinaban más de 515 millones de euros para financiar la ley, incrementando el nivel mínimo de financiación. La posición contraria de los independentistas, Ciudadanos y PP a la aprobación de los Presupuestos ha supuesto renunciar a 59 millones de euros más para asegurar los derechos de los dependientes catalanes. Cerca de 9.000 personas habrían sido atendidas y se habrían generado cerca de 2.000 nuevos puestos de trabajo. Por su parte, el Gobierno del Estado sí ha conseguido que 180.000 cuidadoras no profesionales vuelvan a cotizar a la Seguridad Social.

El único gesto a esta dramática situación lo anunció el consejero El Homrani el pasado mes de febrero. Destinará 750.000 euros a un plan de choque para reducir las listas de espera. En el mismo comunicado se explica que gran parte de esa cantidad irá destinada a contratar a más personal para reducir de 5 a 3 meses el tiempo de espera solo en tres comarcas catalanas. Absolutamente insuficiente e ineficaz. Invierte poco más de lo que se ha gastado en contratar una empresa para que le gestione la Renta Garantizada de Ciudadanía que, junto con la dependencia, son el ejemplo más palpable de la incapacidad de ERC y del gobierno Torra de mejorar las condiciones de vida de las personas dependientes y en exclusión social en Cataluña.

Esquerra se ha convertido en la nueva derecha catalana. Los republicanos controlan la caja de la Generalitat, pero a pesar de eso no se les conoce ninguna política redistributiva. Al contrario. Votan con la derecha catalana en contra de una reforma fiscal en la que pague más quien más tiene. Insiste en mantener las tasas universitarias más caras de España, incrementa las listas de espera para ser atendidos en la sanidad pública catalana o tiene en pie de guerra a las entidades sociales quejosas porque no cobran ni en tiempo ni en forma. Solo un ejemplo más: por no tener, no tenemos ni presupuestos, y llevamos así tres años. Mala perspectiva para aquellos que siguen esperando que el Govern le garantice la prestación a la que tienen derecho por ley.