Al final, se ha impuesto la sensatez y habrá debates electorales mañana y pasado, el lunes en TVE y el martes en Atresmedia. Es verdad, como dicen ahora los socialistas, que es una “anomalía” que haya dos debates consecutivos en dos días y con el mismo formato –debate a cuatro--, pero buena parte de culpa de esa anomalía, que no tiene precedentes en otras democracias, se debe a las maniobras de Pedro Sánchez y del PSOE para enredar una cuestión que no debería presentar ningún problema y que debería estar regulada, por la ley o por la costumbre, como ocurre en otros países.

En España siempre se repite la misma historia. Cada vez que hay elecciones, surge la incógnita de si va a haber o no debates electorales, que dependen de si un partido u otro lleva ventaja en las encuestas, de si un líder u otro cree que el debate le va a beneficiar o perjudicar, es decir, del ventajismo político. Los mismos que lo reclaman cuando están en la oposición, lo niegan cuando gobiernan. Y así ha ocurrido que José María Aznar, después de debatir con Felipe González en 1993, se negó a hacerlo en 1996 cuando ya era favorito para llegar a la Moncloa, y en el 2000, cuando ya llevaba cuatro años en el Gobierno. Mariano Rajoy también se negó a enfrentarse a José Luis Rodríguez Zapatero en el 2004.

Desde que Zapatero, en el poder, aceptó debatir con Rajoy en el 2008, siempre ha habido debates en uno u otro formato –con predominio del cara a cara en los tiempos del bipartidismo--, pero eso no ha evitado que se produjeran debates sobre los debates en las distintas campañas electorales porque nunca estaba asegurada su celebración.

En esta ocasión, Sánchez promovió el debate a cinco –con Vox dentro— que proponía Atresmedia con la intención de dejar en evidencia el pacto de las tres derechas, pero la Junta Electoral Central (JEC) tomó una decisión impecable desde el punto de vista legal al rechazar la presencia de un partido sin representación en el Congreso. Después, todo fueron despropósitos hasta la solución final: aceptar el debate de TVE tras la resolución de la JEC hubiera sido correcto si antes Sánchez no se hubiese negado a acudir a la televisión pública; que se planteara que el PP, Ciudadanos y Podemos fueran a Atresmedia y que el PSOE dejara la silla vacía rozaba el esperpento; que la dirección de TVE cambiara la fecha del 22 al 23 para abortar el debate de Atresmedia era impresentable porque ponía a la televisión pública al servicio de los intereses del PSOE, como denunciaron los periodistas, y finalmente no hubo más remedio que asumir la “anomalía” de los dos debates consecutivos e idénticos.

Por cierto, quienes equiparan la manipulación de TVE en la época del PP y en la del PSOE han tenido una nueva oportunidad para callarse porque los periodistas de la corporación pública han vuelto a demostrar su independencia, criticando a la dirección e informando de ello en los telediarios.

Detrás de este nuevo culebrón, dos aspectos deberían quedar claros: 1. Los partidos deben ponerse de una vez de acuerdo para regular la celebración obligatoria de debates. 2. Es falaz la distinción que en estos casos se hace entre televisiones públicas y privadas porque ambas deben mantener el equilibrio y la imparcialidad, sin que pueda defenderse que Vox no cabe en la pública pero sí en la privada.

Si se admite que para asistir a un debate un partido debe tener previamente representación parlamentaria, ese criterio debe aplicarse a la pública y a la privada; y si se cambia para adaptarlo a la presencia mediática, a lo que reflejan las encuestas o a cualquier otra circunstancia, la nueva regulación debe afectar a todas las televisiones, independientemente del tipo de propiedad. No hay que olvidar que las televisiones privadas están ejerciendo un servicio público por una concesión del Estado.

Y ya de paso, para acabar de arreglar este entuerto, debería haber siempre un acuerdo entre la televisión pública y la privada para organizar juntas el debate y transmitirlo conjuntamente, con la participación de periodistas de las cadenas firmantes del pacto. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, donde siempre hay debates y nunca se discute quién los organiza. La audiencia ya decidirá después qué cadena prefiere ver.