Hablaba esta mañana con una nueva profesora de secundaria de un instituto de Calafell, Tarragona. Me explicaba su día a día, su miedo y su absoluta estupefacción ante el comportamiento de los alumnos. Me decía que “cada mañana hay una pareja de Mossos en la puerta haciendo control de seguridad”, que “todo el centro está lleno de grafitis”, que cada día le comunican “la expulsión temporal de 5 ó 6 chavales”, que “ya ha tenido que interponerse en medio de algunas peleas” y me explicaba cómo algunos de esos alumnos, con toda franqueza, a los 13 ó 14 años, le explicitaban que no querían estudiar nada. En definitiva, “muchos alumnos de la ESO, o parasitan o molestan”.

Mientras me contaba su día a día, yo reflexionaba en aquellos alumnos que sí que quieren aprovechar el tiempo y en la indudable inquietud de sus padres. Deben de asistir atónitos a tales dosis de incivilidad, cuando no vandalismo violento. Se habrán planteado mil veces trasladar a sus hijos a un instituto privado o concertado para acabar la ESO y el bachillerato. Debe ser muy difícil para un padre observar desde la más absoluta impotencia que tu hijo, lo que más quieres, está escolarizado en un centro sin orden, sin autoridad y con demasiadas manzanas podridas.

No todo el mundo se puede permitir la cuota mensual de la enseñanza concertada. Los gobiernos ni siquiera permiten deducirte un porcentaje en el IRPF de las cuotas pagadas. Es más, ocurre todo lo contrario: el actual Ministerio de Hacienda persigue con exceso de celo las donaciones que los padres entregan a las instituciones educativas privadas. Todo esto me parece un despropósito.

Aquellos que contribuimos con nuestros impuestos al erario público y que, en paralelo, por no encontrar servicios públicos de calidad, pagamos cuotas de colegios concertados o mutuas de salud, estamos pagando dos veces. Si la Educación pública fuera razonablemente buena o las listas de espera de la Sanidad pública no fueran eternas nadie pagaría dos veces por el mismo servicio. Todos esos “paganinis”, al no utilizar el sistema puramente público, estamos aligerando el sistema, ahorrándole costes y contribuyendo a la no masificación de servicios.

Dos millones de niños cada día van a una escuela privada concertada. Los centros de enseñanza concertados ahorran al Estado una media de 1.200 euros por alumno al año, según el estudio El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada (2014). Por otro lado, en el ámbito sanitario, España cuenta con 8,2 millones de asegurados que, como decía anteriormente, contribuyen a la descarga y al ahorro del sistema público, ya que, al tratarse de un modelo de doble aseguramiento, los ciudadanos que cuentan con un seguro privado no consumen, o consumen solo en parte, recursos de la Sanidad pública. Se estima que el ahorro total generado al Sistema Nacional de Salud, se sitúa en un rango de entre 4.369 millones de euros y 9.860 millones de euros, en función del grado de utilización de un sistema u otro.

Con estas cifras en la mano, el Estado debería aligerar vía deducciones en el IRPF el pago de impuestos directos a estas familias. La administración pública debería devolver parte de ese ahorro generado a los bolsillos de las familias. Creo que es momento de que las rentas medias tengan la sensación de que alguien se acuerda de ellas.