El CEO (Centro de Estudios de Opinión, en Cataluña) publica regularmente el Barómetro de opinión en el cuál se realiza una pregunta sobre las preferencias del modelo organizativo para el encaje de Cataluña en España. La pregunta es la siguiente: “Cree que Cataluña debería ser…”: 1) Una región de España, 2) Una comunidad autónoma de España, 3) Un Estado en una España federal y 4) Un Estado independiente.
En el siguiente gráfico se han representado, de los datos recogidos del segundo barómetro anual, los resultados de los últimos años. Las tres primeras preguntas se han agrupado en un único epígrafe con el porcentaje de ciudadanos que preferirían que Cataluña formara parte de España y se han comparado con los que preferirían que Cataluña fuera independiente.
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A la vista del gráfico y según dicha encuesta, se deduce que a pesar de los esfuerzos realizados por el independentismo para incrementar sus seguidores y a pesar de repetir incansablemente que el Parlamento catalán tenía un mandato del pueblo de Cataluña para declarar la independencia, en ningún momento el número de ciudadanos que prefiere la opción independentista ha superado a los que prefieren permanecer en España. Otra conclusión que podemos sacar es que las curvas que representan los dos grupos casi llegaron a igualarse en los momentos previos al referéndum del 9 de noviembre de 2014. Posteriormente han ido diferenciándose las dos opciones, con preeminencia de la preferencia de que Cataluña permanezca en España, aunque no se ha vuelto a llegar a los porcentajes iniciales de 2010.
También, con los datos del CEO, si desgranamos las opciones de los que prefieren un encaje de Cataluña en España, son minoritarios los ciudadanos que prefieren un Estado centralista. El resto (entre un 50-65% de la población) mantiene sus preferencias por el Estado autonómico o uno federal, tal y como se puede ver en la gráfica siguiente.
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¿Es coherente este resultado con los modelos organizativos preferidos por el conjunto de los ciudadanos españoles? ¿Es incompatible el Estado autonómico con el federal? ¿Estos resultados pueden orientarnos en el camino a tomar para resolver los problemas territoriales de España?
Para contestar estas preguntas, lo primero que nos encontramos es que no existen encuestas con las mismas preguntas para el resto de España. Sin embargo, la encuesta anual del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) también pregunta sobre preferencias en el modelo organizativo español, con cinco opciones: 1) Único gobierno central sin autonomías; 2) CCAA con menor autonomía; 3) CCAA como en la actualidad; 4) CCAA con mayor autonomía que en la actualidad; 5) CCAA con capacidad para convertirse en Estados independientes.
Aproximadamente, un 20% de los ciudadanos prefieren un estado más centralizado y un 10% aceptarían conceder a las CCAA la opción de independizarse. Sin embargo, el resto prefiere el Estado autonómico con más o menos cambios. En la gráfica siguiente hemos representado los resultados obtenidos entre los que prefieren el Estado autonómico, diferenciando las diferentes preguntas.
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En ambas encuestas (CEO y CIS), nos encontramos un amplio consenso en continuar con el Estado de las Autonomías, pero también con un porcentaje importante de ciudadanos que manifiestan su deseo de disminuir o aumentar la autonomía de las CCAA. En el caso de Cataluña, esta necesidad de cambio se manifiesta en torno a la preferencia por un Estado federal, e incluso entre los que prefieren la independencia.
Estos resultados no los vemos incompatibles, teniendo en cuenta que muchos expertos afirman que el Estado autonómico es casi federal, con algunas disfunciones. Muchos españoles piensan que ha llegado el momento de realizar una reforma constitucional que consolide el sistema y a la vez lo mejore. Una reforma en sentido federal no sólo satisfaría a la mayor parte de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España, si no también ayudaría a mejorar aspectos disfuncionales del modelo organizativo, siempre y cuando las reformas se centrasen más en la evaluación objetiva de lo disfuncional, que en la eterna discusión de cuestiones subjetivas puramente emocionales. Más que discutir si hay que centralizar más o descentralizar, lo que hay que conseguir es garantizar es la coherencia entre servicios a los ciudadanos, la equidad y la corresponsabilidad.
En este sentido, creo que despertaría amplio consenso una mejor definición y racionalización de la distribución de competencias que evite la excesiva judicialización de los conflictos competenciales; mejorar el sistema de financiación con el objetivo de disminuir la percepción de falta de equidad en el cálculo de los recursos a distribuir; conversión del Senado en una verdadera cámara territorial y poner en marcha una comisión transversal de las CCAA con algunas competencias en la toma de decisiones. Esta última propuesta ayudaría a sentirse corresponsables a las CCAA y las obligaría a asistir a las reuniones para la toma de decisiones.
Para una reforma constitucional de este calado habría que aprobar en las Cortes la propuesta, convocar elecciones y realizar un referéndum antes de su aprobación definitiva. ¿No sería oportuno aprovechar el momento actual para hacerlo, teniendo en cuenta que el Gobierno no podrá mantenerse en el poder más de un año? ¿Tienen nuestros representantes políticos talla política, sentido de Estado y lealtad institucional para sentirse comprometidos a trabajar todos juntos en un nuevo proyecto común? Al final, la talla de los políticos se mide con la capacidad de implicarse en los consensos, más que en el desprecio al adversario, la crispación y el insulto. Atiendan al ciudadano.