Vivimos en un mundo donde dominan las “post-verdades”, es decir falsos relatos que se superponen y confunden la realidad e incluso la afectan y distorsionan.

En Cataluña hace mucho tiempo que estamos inmersos en la dinámica del “procès”, basada en un relato que se ha hecho hegemónico y que dibuja una “falsa realidad” basada en una distorsión de la realidad a partir de un conjunto de “falsas verdades” que una parte importante de la población asume como si fueran una realidad indudable.

Ejemplos de las fake news hay numerosos y continuados desde el 2012 cuando Artur Mas para mantenerse en el poder se pone al frente del movimiento independentista para así evitar que la reacción social pase cuentas a sus políticas de austeridad y recortes que fueron pioneras en todo el Estado.

Debe decirse que lo que hay en Cataluña no es únicamente una movilización social por la independencia, que también. Lo que realmente hay es una movilización social fomentada y potenciada desde las instituciones de la Generalitat y con toda la fuerza de los medios de comunicación públicos y subvencionados y con la del poder institucional. Esto no tiene nada que ver con las marchas de los derechos civiles de Martin Luther King ni similares como gusta de compararse a los dirigentes independentistas. Aquí desde las Instituciones se hace un pulso a toda la estructura del Estado.

Los dirigentes independentistas hacen continuas referencias al deseo y la voluntad mayoritaria del pueblo lo cual es una falsedad evidente. Nunca la mayoría del pueblo de Cataluña se ha decantado a favor de las posiciones independentistas. Sólo hay que recordar cómo en las elecciones del 2015 denominadas “plebiscitarias” por las fuerzas independentistas los resultados fueron de un 47,74% para los partidos independentistas y un 50,62% para el resto no independentistas. Es decir un “falso plebiscito” fallido que siempre han querido esconder.

Un resultado que se reproduce el 21-D del 2017 donde las fuerzas independentistas sacaron un 47,5% de los votos frente al 50,93% del resto. Todo esto no impide una mayoría independentista resultado de la ley electoral. Hay que resaltar que en Cataluña se aplica la ley electoral española, única comunidad donde esto pasa, debido a que nunca ha sido posible acordar una ley propia.

Una de las mayores “falsas verdades” que más se han inculcado es la legitimidad del Parlament de Cataluña y la mayoría parlamentaria independentista para llevar adelante el proceso independentista. Lo que no se dice es que el Parlament de Cataluña está legitimado para actuar en las materias que le son propias y que son las establecidas de forma específica en el Estatut de Cataluña. Esto ha sido ocultado de forma sistemática y se ha planteado cómo si las decisiones del Parlamento fueran las bases de la única representatividad y legitimidad que existe.

El “falso referéndum” del 1 de octubre fue una amplia demostración de fuerza del movimiento independentista, estimulada de forma institucional y por los medios afines, pero que no reunió ni los más mínimos requisitos para hacerlo aceptable, cosa que hasta afirmaron los observadores internacionales alquilados por el Govern de la Generalitat.

Hay que decir que el “falso referéndum” es en este momento la fuente de una falsa legitimidad que se proclama desde la presidencia de la Generalitat a la hora de reivindicar la independencia.

No se pueden obviar los graves errores del gobierno del Estado. La carencia de diálogo político y el recurso sólo a la justicia. El grave error de la represión del 1-O, que contrasta con la actuación el 9-N del 2014 ante el referéndum participativo convocado por Artur Mas que no provocó ningún alboroto. La actuación policial provocó la respuesta, no únicamente de independentistas, del 3-O secundado por mucha gente afectada por la visión de la violencia policial. Hay que añadir la carencia de un relato alternativo por parte del Gobierno del Estado, determinado en gran medida por la carencia de capacidad de comprender la realidad de Cataluña por parte del Gobierno del PP y su incapacidad ideológica para hacer una oferta alentadora a la ciudadanía de Cataluña. Todo esto determinó un único relato hegemónico en Cataluña, el de los independentistas basado en los supuestos agravios.

Posteriormente la fuga de Puigdemont y otros consejeros demostrando que todo el procès de independencia estaba basado en una falsa realidad. El encarcelamiento de los “Jordis” y de consellers derivó en otra “falsa verdad” la de una gente detenida por motivos políticos. Esto permite al independentismo poner en marcha otra fase del proceso, la de la solidaridad con los presos y la denuncia de un estado represor, sin duda otra fake news independentista, la del victimismo.

Hay que decir que se puede cuestionar con razones jurídicas que hay unas demandas excesivas por delitos poco probados como el de rebelión, también que quizás la prisión incondicional puede ser excesiva y podría haberse establecido unas libertad condicional. Todo esto es aceptable, pero lo que es cierto es que no son presos políticos. Al contrario de la “falsa verdad” de los independentistas, los presos lo están por unos hechos concretos de desobedecer de forma grave la ley, en este caso el Estatut y la Constitución, no por su ideario político. Por lo tanto no hay ni presos ni exiliados políticos.

El Gobierno de Sánchez, se quiera reconocer o no ha significado un bálsamo para la situación en Cataluña, por primera vez un hecho que bajaba bastante al suflé independentista y provocaba un cierto distanciamiento entre los pragmáticos y los irredentos. En este sentido hay que comprobar como el voto de ERC y PDcat a favor de la moción de censura fue contraria a la voluntad de Puigdemont y su “vicario” Torra para evitarlo.