El 28 de octubre del año pasado la activación del artículo 155 de la Constitución, prudente o acaso timorata --y tardía, dicen algunos analistas a toro pasado, cuando la verdad es que la víspera les horrorizaba la sola idea, como romper un tabú--, fue de una eficacia admirable; pero al desactivarse ese bálsamo de fierabrás tan prematuramente, para desilusión de la gente de bien, volvimos al statu quo previo o sea a aquel clima enfermizo, ponzoñoso, en el que seguimos hoy, acaso empeorado por el malhumor de los que se sienten vencidos y humillados pero más orgullosos que nunca de sus gymkanas; y además con el efecto contraproducente de que ahora ya se sabe bien en qué consiste ese artículo y que el Gobierno central no se abstendrá de aplicarlo otra vez si es preciso.

De hecho los golpistas que siguen libres y en el poder lo que más temen es el 155, pues sus suculentos sueldos y subvenciones serían suspendidos. Y con eso sí que no se juega, pues --¿cómo decirlo?-- la pela es la pela y siempre será la pela. Ya lo expresó el conseller Baiget del Gobierno Puigdemont cuando explicaba a la prensa, con una claridad estupenda, los motivos que le hicieron saltar en marcha del tren del prusés cuando éste se dirigía derechito al famoso “choque”:

--Anar a presó? Jo podria aguantar haver d’anar a presó, però no si van contra el patrimoni…

Inolvidables palabras que no hace falta traducir; y como decía Cruyff, “no hase falta desir más”.

El señor Torra asegura que llegará hasta el fin del arco iris, porque no tiene nada que perder, pero me malicio que no es más que un “sujétame, que le mato” de ratafía mala. Fanfarronadas. Tiene mucho dinero y mucho poder que perder. Lo que pasa es que bebe un chupito de esa ratafía que “és poble”, esa ratafía milagrosa que “ets tu i sóc jo”, y se nos viene arriba cual pulga resucitada. Pero por más que aliente a las masas a enfrentarse al Estado, ni él ni su círculo de miles de consejeros y cargos públicos y periodistas de las fakenews subvencionadas infringirán la ley, por lo menos clamorosamente, con luz, taquígrafos y cámaras de televisión, como hicieron el año pasado. ¡Normal, protegen sus queridos privilegios! Las hordas de simplones mil veces engañados intuyen el timo del “ve tú pasando al ataque que yo te cubro las espaldas y en seguida estoy contigo”. Se crispan y les abuchean. Normal.

Todo esto es relativamente gracioso pero en el fondo no se advierte mejoría en el paciente.

¿Debe el Gobierno --este o el que venga después--, dejar la convivencia en Cataluña en este statu quo tan antipático, esta atmósfera de hostilidad, de latente insurrección, que en los pueblos es realmente abrumadora? En ciertos pueblos, ¡ay de quien no se ponga el lacito!

¿Es sensato echar por la borda el tremendo esfuerzo mental, el trabajo de jueces y policías y el coste económico y de imagen del país que hubo que hacer para parar el golpe? ¿Dejar que las condiciones políticas que condujeron a él se mantengan como si aún no hubiera pasado nada, a la espera de que la lluvia fina, o zafia, de la Generalitat, del bien engrasado aparato de agit-prop y del sistema educativo, acaben, así que pasen unos años, decantando el actual equilibrio entre demócratas y secesionistas a favor de estos últimos? ¿Hay que ir dejando pasar el tiempo templando gaitas hasta que otra generación educada en la mentira alcance la edad de votar y el 47 por ciento llegue a ser el 51?

Si son legales abusos tan pintorescos y dignos de las distopías de Orwell y de Zamiatin como el de ese alcalde que predica la insurrección con altavoces repartidos por las calles y las plazas de su pueblo, cual muecín chiflado, ¿no hay que redactar y firmar de inmediato un decreto ley para ilegalizarlo? ¿O hay que dejar que se fastidien los vecinos?

El Gobierno, cualquier gobierno, puede recurrir otra vez al 155 si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen, o si el gobierno de una comunidad atenta gravemente contra el interés general de España. ¿Todo lo que vienen haciendo desde hace años los prosesistas, sin contar el despilfarro de fondos públicos y el gasto que sus tonterías imponen al Estado para defenderse, no atenta contra el interés general? En estos momentos sabotean las vías de comunicación, conculcan el derecho democrático a la libre expresión y manifestación, acosan y aporrean nada menos que a miembros de las fuerzas del orden público que iban de paisano, ocupan indefinidamente las plazas públicas, por donde pasa el president a dar palmaditas paternales y a pedirles que sigan “apretando”.

El Parlamento regional, la supuesta casa de la palabra, está cerrado desde el pasado 18 de julio. En realidad la acción del Govern se limita a gastar sin tasa en “atentar contra el interés general de España” a costa de los presupuestos del Estado, y a abrir “embajadas” para que unos cuantos Apel·les se forren asimilando nuestro régimen al franquismo y para que el ministro de Asuntos Exteriores, en vez de concentrarse en sus tareas, tenga que perder su precioso tiempo en impugnarlas, mientras el president ratafía llama día sí día también a la insurrección popular contra “el enemigo” y desautoriza a su propia policía. ¿Lo próximo qué será?

No puede decirse que el Govern haya perdido el control del orden público: es que lo ha cedido a manos de gente presipitada y exaltada, y de chicos en busca de esas emociones fuertes que su muelle vida burguesa, segura y aburrida les escamotea…

En base a todo esto y mucho más, y sin necesidad de esperar a un improbable nuevo pronunciamiento que lleve al actual Govern a hacer compañía al anterior, o a que se produzca la primera víctima mortal, abundan los motivos para implementar medidas legislativas de orden extractivo (son las más efectivas) que influyan en la necesaria vuelta de los alborotadores al mundo real, al tiempo que se va compilando el argumentario para un nuevo 155 más serio, más ambicioso y mucho más prolongado. A los niños irresponsables no se les puede dejar que jueguen con la pistola del abuelo.