Nadie puede dudar de que la crisis bancaria en España está detrás de la crisis económica y social que ha sufrido la ciudadanía.

No tenemos que olvidar nunca que las políticas de austeridad derivadas del rescate europeo de las entidades financieras españolas son el resultado de la transformación de la deuda privada de las entidades bancarias en deuda pública, la cual hemos tenido que pagar el conjunto de la sociedad española especialmente las clases trabajadoras y los sectores más desfavorecidos.

La solución a la crisis de las entidades bancarias españolas, derivada de la necesidad de devolver créditos a la banca europea, ha sido hacer pagar al conjunto de la ciudadanía esta deuda mediante recortes sociales en sanidad, educación, etc. Es decir, recortando las partidas presupuestarias destinadas al Estado de bienestar cerca de 75.000 millones de euro, que ha sido el coste del rescate. Dicho de forma clara, mientras habían beneficios estos eran privados y beneficiaban a las entidades financieras, cuando han tenido pérdidas impagables se han socializado entre toda la población. Este es el mejor ejemplo del capitalismo especulativo que nos ha estado y nos está dominando.

La sociedad en su conjunto ha perdido y es hoy más pobre y desigual. Muchos de los pequeños ahorradores y accionistas han perdido dinero directamente o por productos bancarios opacos o por participaciones preferentes. Los trabajadores del sector bancario han estado directamente afectados, desde 2008 a 2017 se han perdido más de 83.000 puestos de trabajo, más del 31% del conjunto de las plantillas, que también han sufrido como el conjunto de los asalariados una fuerte pérdida de su poder adquisitivo.

A la vez, se ha producido la aparición de un proceso doble. Por un lado la creación de un oligopolio bancario alrededor de tres entidades, Santander, BBVA y Caixabank, y por otra la creación de procesos de exclusión financiera, tanto por el hecho del cierre de oficinas, más del 40% de las existentes en 2008, lo cual ha provocado que muchas zonas geográficas especialmente rurales se queden sin oficinas de referencia, como por la propia política de las entidades financieras que se dedican de forma muy preferente a los clientes más rentables, dejando fuera o con una peor atención a los sectores de población menos rentable.

Ante esta situación no puede extrañar que salgan voces que empiecen a defender de forma clara y contundente la necesidad de la existencia de una banca pública y de que Bankia, hoy con una mayoría de capital estatal, sea la entidad de referencia. Así recientemente Unai Sordo, secretario general de CCOO ha manifestado que "hay que quitarse el miedo a que una parte del sistema bancario sea público; mantener herramientas públicas o semipúblicas en el sistema financiero es una cuestión de responsabilidad".

Esta declaración contrasta con las posiciones contrarias respecto a la posibilidad de la existencia de una banca pública por parte de los dirigentes del oligopolio bancario y del propio gobernador del Banco de España. Posiciones contrarias que contrastan con el informe del Banco Mundial que reconoce "el positivo papel jugado por los banco públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo del crédito... compensando en parte la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados; es evidente el papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis".

Habría que tener en cuenta por parte de quien se oponen a la existencia de una banca pública que esta no es extraña en nuestro entorno europeo. La existencia de una banca pública con peso es incuestionable en Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, e incluso Suiza y los Países Nórdicos.

Haría falta en este punto valorar que el conjunto del coste de la salvación de Bankia por parte del Estado, contando el rescate directo y el indirecto a través de la compra de activos por parte de la Sareb, según avalan los peritos del Banco de España sería de 46.000 millones de euros. De los cuales, según calcula el propio Banco de España, la cantidad recuperable por la venta de la participación pública mayoritaria del Estado sería de unos 9.800 millones de euros.

Hay que recordar que España ha sido un país donde funcionaron con éxito y durante mucho tiempo toda una serie de entidades financieras públicas (Banco Exterior, Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito Industrial y Caja Postal) que se fusionaron durante el gobierno de Felipe González en Argentaria, que aglutinaba toda la banca pública. Fue bajo el Gobierno del PP de José María Aznar que, como en otros muchos sectores, se impulsó su privatización bajo la dirección de su "amigo" Francisco González. Este dirigió su privatización, que se produjo totalmente en 1998, y su posterior fusión en 1999 con el Banco Bilbao Vizcaya, del que el propio Francisco González continúa siendo a estas alturas presidente de su Consejo.

Por lo tanto, sólo desde opciones políticas e ideológicas neoliberales se puede entender la oposición a convertir Bankia en banca pública. Ninguna otra razón lleva a la lógica de su total privatización con un coste todavía más negativo para el conjunto de la sociedad.