Leo con cierta preocupación que el nuevo Gobierno de España anuncia subidas de impuestos, cotizaciones y creación de nuevas tasas. No hay que ser un lince para vislumbrar que vienen malos tiempos para nuestras economías familiares. Todos sabemos que cualquier hachazo fiscal lo acabamos pagando los de siempre. Trabajadores por cuenta ajena, autónomos o consumidores finales somos los que al final de la cadena acabamos rascándonos el bolsillo.

Uno puede llegar a razonar que cuando el país se encuentra al borde de la bancarrota debe apechugar, pero el común de los mortales no entenderá que, en un momento de crecimiento económico, creación de empleo e incrementos sustanciales en la recaudación fiscal, el Gobierno opte por soluciones tan poco originales como son las subidas de impuestos.

El sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, calcula que con las nuevas subidas de impuestos anunciadas por el presidente Sánchez la recaudación aumentará “como mínimo en 9.700 millones de euros”.

Pretenden que los autónomos coticen a la Seguridad Social en función de lo ingresado, perdiendo así su libertad de elegir cotizar por la base mínima. Desde luego no es la mejor manera de ayudar al emprendimiento, a la creación de empresas y a los tres millones de autónomos que se dejan cada día la piel trabajando en nuestro país a cambio de casi ningún derecho social.

También han manifestado su voluntad de marcar un tipo mínimo en sociedades, crear un impuesto a la banca, a las transacciones financieras, a las empresas tecnológicas, al sector del plástico y a las ventas digitales. ¿Alguien se cree que al final estas empresas no nos acabarán trasladando a nosotros los clientes la nueva factura fiscal?

El sector del automóvil también anda aterrorizado con la campaña institucional contra el diésel. Además de anunciar subidas de impuestos en el carburante, la ministra del ramo ha llegado a decir que "el diésel tiene los días contados” y que “hay que ir pensando en un proceso de salida". Desde la más absoluta irresponsabilidad, ha creado inseguridad sobre un sector que es el 9% de nuestro PIB y genera 300.000 puestos de trabajo directos y dos millones indirectos.

Y si alguna comunidad autónoma había eliminado el Impuesto de Patrimonio o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones –se hizo el milagro– también las van a obligar a subirlo con la excusa de la “armonización”. Para todo lo demás, asimetrías territoriales a la carta en función de necesidades de pasteleo parlamentario.

Que a nadie le extrañe si en pocos meses empezamos a escuchar que sube el déficit, la deuda pública y la inflación, indicadores que afectan directamente al empleo, al crecimiento económico y a la prosperidad de los españoles.