No cabe la menor duda sobre la voluntad del Gobierno español de acabar con la aplicación del artículo 155 lo antes posible. De hecho, tenía tantas ganar de acabar con su aplicación que apenas la ha iniciado. Asumido por la mayoría independentista del Parlament el candidato designado por Puigdemont, después de diversos intentos frustrados, parecía que el ya famoso 155 tenía las horas contadas. En efecto, PP y PSOE se daban por satisfechos con una vuelta a la normalidad consistente en un Gobierno catalán que, aunque no renunciara a ninguno de sus objetivos, no pusiera demasiado en evidencia una nueva claudicación frente al independentismo.

Pero, otra vez, al independentismo legitimista representado por Puigdemont se le ha ido la mano. Primero, eligiendo como president a un testaferro con un pensamiento supremacista, xenófobo y admirador de personajes históricos manifiestamente fascistas y violentos, perfectamente homologable con la extrema derecha europea. Por si esto no fuera suficiente para poner en cuarentena cualquier viso de normalidad, Torra ha restituido como consellers a dos presos y dos fugados. ¿Cabe mayor probabilidad de reiteración delictiva, siguiendo el razonamiento de Llarena, que formar parte de un gobierno que no acata la Constitución y mantiene la legitimidad de un fantasmagórico gobierno en el exilio?

Ante esta situación, Rajoy ha decidido frenar la formación del nuevo Govern, no publicando los nombramientos en el DOGC. Ello implica que se mantiene vigente el 155 hasta que el nuevo Govern sea nombrado.

Como el argumento para frenar la publicación en el DOGC es la existencia de consellers presos o fugados, y no la manifestada voluntad de no cumplir la Constitución y las leyes, lo previsible es que, tras las quejas de rigor, Torra nombre nuevos consellers y se levante el 155. Los independentistas desprecian la autonomía pero no están dispuestos a renunciar a engrasar económicamente a su red clientelar y a mantener el control de medios y escuela para su permanente agitación y propaganda.

Pero no debería ser así. No sé a qué hechos delictivos hay que esperar, en palabras de Rajoy, para aplicar ex-novo el 155. Yo entiendo que Rajoy quiera cargarse de razones antes de actuar. La cuestión es si prolongar lo inevitable no es peor que abordar el problema para resolverlo, o al menos abordarlo, con la mejor correlación de fuerzas.

Volver al pujolismo, lo que les gustaría a nuestros gobernantes en España sean del partido que sean, ya no satisface a los catalanes. Ni a los independentistas ni a los que no lo somos y reivindicamos respeto e igualdad de derechos y oportunidades. Que se vayan haciendo a la idea en Madrid, que parece que les cuesta entenderlo. Permitir un gobierno que piensa seguir incumpliendo la Constitución y las leyes, presidido por un xenófobo, que desprecia a más de la mitad de los catalanes, con o sin consellers fugados o presos, es una dejación de responsabilidad que los catalanes no independentistas no olvidaremos.