Mientras los dirigentes independentistas se pasean otra vez por Europa --ahora por Berlín-- para venerar a su líder, aquí la realidad es muy distinta. En los últimos días han aparecido pintadas y actos violentos contra el Poder Judicial, es decir, jueces y, especialmente, fiscales. En el pavimento de la carretera que conduce a la Escuela Judicial, en Vallvidrera, constaba una pintada que decía, en tres líneas, "prevaricador", "Llarena" y, en rojo, "perill" (peligro). Sin más, una calumnia. En Gavá, estaba escrito en una pared "que tremolin, aixó és una guerra" (que tiemblen, esto es una guerra) y "contra la justicia patriarcal", al tiempo que se lanzaron piedras contra la sede de los juzgados. Y, luego, hablan, cínicamente, de la judicialización de la política.

Ante estos acontecimientos, es obligado preguntarse si realmente estamos ante "una guerra civil freda" (fría). Porque estos actos de acoso tan explícitos contra la judicatura no son más que la continuidad de otros anteriores, posiblemente más graves. No solo no puede silenciarse sino que debe denunciarse que el pacífico 23 de abril los CDR, según un acreditado medio, "llamaron a rodear las sedes de las fiscalías de Cataluña" en una actitud intimidatoria y agresiva. Pero, afortunadamente, el objetivo solo se cumplió de forma limitada y sin consecuencias graves. Lo que no excluye el temor que recorrió al conjunto de fiscales de esta comunidad.

Los miembros de los Comités de Defensa de la República deberían saber, superando su ignorancia, que el Ministerio Fiscal es una institución esencial de la Administración de Justicia en los Estados democráticos. Que ya era citado en el preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Y que es un instrumento esencial para defender la legalidad democrática y los derechos de los ciudadanos. Por ello, un fiscal, en el juicio oral contra Artur Mas, le dijo: "Señor Mas, este juicio también es democracia". ¿Serán capaces de entenderlo? Y, sin fiscales como aquel, no habría habido, entre otras muchas consecuencias, la condena de su partido dirigente, entonces CDC, por el expolio del Palau de la Música, y la persecución penal de sus padrinos ideológicos, la familia Pujol.

Pero los CDR se han atrevido a más. Según El Economista, algunos de sus miembros han acudido a los registros de la propiedad para que les facilitaran los domicilios de determinados fiscales, parece que con el propósito de acudir a los mismos a someterlos a los llamados escraches, que pueden constituir delitos de injurias y, en todo caso, una evidente "falta de respeto" prevista en el Código Penal.

Ante los actos de acoso de los CDR, es obligado preguntarse si realmente estámos ante "una guerra civil freda"

Naturalmente, no les fue facilitada ninguna información, entendemos que como consecuencia de los rigurosos términos de la Ley de Protección de Datos Personales (15/1999) que garantiza el secreto de dichos datos, que solo pueden facilitarse con "el consentimiento inequívoco del afectado". La cuestión, que no está aclarada, es a qué registros acudieron, cómo se acreditaron y qué funcionarios les atendieron. Y si estos dieron cuenta a sus superiores de la comparecencia en dichos registros de estos individuos y del rechazo de sus pretensiones. Pues se trataba de datos que exigen una especial protección ya que afectan a "la intimidad personal" de los fiscales que eran objeto de la investigación de los comités. La ausencia de respuesta a estos interrogantes es, objetivamente, muy preocupante pues podría revelar conexiones inadmisibles con activistas como los de los CDR.

Sobre todo, cuando a la Fiscalía corresponde la tutela penal de dichos datos personales a través de la aplicación del artículo 197 del Código Penal, que protege la intimidad personal y la "inviolabilidad del domicilio" de todos los ciudadanos.

Si lo expuesto ya es de por sí grave, lo es mucho más que un colectivo, patrocinado por la dirección del movimiento independentista, acose y coaccione a una institución central en el desarrollo del proceso penal y, dentro de éste, en la persecución de los delitos de odio que merecen una especial atención por la Fiscalía Especial de Cataluña, dada la ideología insolidaria y excluyente que cultiva el movimiento al que pertenecen los CDR.

Por todo ello, es necesario exigir, de nuevo, una policía judicial, preferentemente los Mossos d'Esquadra, que, fuera del alcance de los mandos independentistas, vele cuidadosamente para que grupos como los CDR no abusen de la confianza de sus dirigentes políticos para actuar impunemente más allá de la legalidad y, desde luego, si cometen actos delictivos, especialmente si, para ello, como explicamos en el escrito anterior, actúan en los espacios públicos amparándose en las masas. El actual momento histórico obliga a la policía judicial y al Poder Judicial a actuar con rapidez y rigor ante cualquier forma de ruptura del orden constitucional.