Que Mariano Rajoy mercadee con los nacionalistas vascos un asunto tan trascendente como las pensiones, que representa el 11% del PIB y absorbe el 40% del Presupuesto del Estado, da muestra de su cortoplacismo y desvergüenza en hacer ahora lo que antes decía tajantemente que era “engañar a la gente”. Además, es un escarnio que una formación egoísta como el PNV, que arrancó el año pasado al ministro Cristóbal Montoro el mayor cuponazo de la historia para el próximo quinquenio, se apunte el tanto de la revalorización de las pensiones. Íñigo Urkullu quería dar respuesta a las demandas de los pensionistas en Euskadi, comunidad donde se han registrado las movilizaciones de jubilados más numerosas y constantes desde que empezaron las protestas por la raquítica subida del 0,25%. Pero no puede hacerlo porque no tiene la transferencia de la Seguridad Social. Y no puede aunque la generosa economía foral se lo permitiría, de la misma forma que puede proveer a sus ciudadanos de prestaciones sociales inexistentes en el resto de comunidades autónomas, a excepción de Navarra. Es el resultado de un modelo insolidario, único en Europa, que rompe el principio de igualdad y la solidaridad y que, por tanto, genera una agravio comparativo profundamente dañino en España.

Dicho esto, alguien se preguntará, ¿acaso está mal que suban las pensiones conforme al IPC aunque eso se lo debamos al cambalache con el PNV? No, evidentemente. Lo que hace Rajoy es aplazar dos años un problema gravísimo, con el único objetivo de acabar la legislatura y dar tiempo a que el PP remonte unas expectativas electorales que ahora mismo son muy negativas. Sorprende, además, que tan rápidamente se haya encontrado un parche a través del impuesto a las grandes empresas tecnológicas (la tasa Google) cuando otros tributos, como el impuesto a la banca que propuso hace unas semanas el PSOE, fue despachado con desdén y burla. Que la economía digital tiene que pagar más impuestos, nadie lo discute, pero la sostenibilidad de las pensiones no puede afrontarse en una negociación presupuestaria de cinco minutos con un partido minoritario, enterrando el Pacto de Toledo. Las pensiones son una política de Estado, en realidad la única que queda; supuso el año pasado 140.000 millones de euros y afecta ahora mismo a 8.715.347 de pensionistas, un millón más que hace diez años, y creciendo cada mes.

¿Acaso está mal que suban las pensiones conforme al IPC aunque eso se lo debamos al cambalache con el PNV? No, evidentemente, pero lo que hace Rajoy es aplazar dos años un problema gravísimo

La subida adicional de todas las pensiones costará, entre este año y el próximo, 3.300 millones de euros, a lo que hay que añadir los 15.000 millones anuales del déficit de la Seguridad Social, un agujero que hasta ahora se había ido cubriendo con el Fondo de Reserva, construido en el 2000 y que en 2011 alcanzó los 66.800 millones. Pero en 7 años, Rajoy lo ha dejado seco, sin atreverse a emprender ninguna reforma estructural en los gastos. El discutible factor de sostenibilidad ha sido aplazado hasta el 2023 para sorpresa de la Comisión Europea. En cuanto a los ingresos, en el escenario más optimista, Montoro calcula que el nuevo impuesto a las tecnológicas recaudará 2.100 millones, según se recoge en el Programa de Estabilidad 2018-2021 presentado en Bruselas. Sobre el papel ese desfase se cubrirá con otras fuentes, como los ingresos por la licitación de autopistas rescatadas, menor pago de intereses por la deuda y menor gasto en desempleo por la mejora de la ocupación. Ya veremos.

Lo esencial, políticamente, es que Rajoy va a salvar los presupuestos de 2018, lo que le permitirá situar las elecciones generales a mediados de 2020. Pero es a cambio de mercadear con un asunto tan capital como las pensiones, que necesita de un pacto de Estado entre los grandes partidos, como mínimo con el PSOE y Ciudadanos. Urge un nuevo modelo fiscal, mucho más progresivo, si queremos financiar las pensiones a largo plazo, sin caer en populismos ni conformarnos con parches. Recaudar más y mejor también es importante para poder hacer inversiones en educación e innovación y ciencia, si queremos que los Presupuestos Generales del Estado sirvan para algo más que para pagar a las clases pasivas, a pensionistas y funcionarios. Pero el Gobierno Rajoy carece de esa ambición.