Fruto de su actual infrafinanciación, las universidades públicas catalanas no pueden contribuir, de forma significativa, al soporte financiero, por objetivos, de sus centros de investigación propios. Curiosamente, la situación es bien distinta en relación a aquellos centros de investigación, identificados como grupos CERCA, que han de ser creados o participados por la administración de la Generalitat y, si procede, junto con una o más universidades u otras entidades públicas o privadas, que tienen por objeto principal la investigación en la frontera del conocimiento. Ello es así porque estos centros CERCA gozan de un triple sistema de financiación por parte de la administración pública: fondos basales, a través del programa ICREA; profesorado cedido por las universidades, y potenciación de su financiación por parte de la Generalitat, en detrimento de la propia universidad, en cuanto a las últimas convocatorias de grupos de investigación de Cataluña (SGR). Esta injusta realidad, fuente de agravios comparativos, no viene amparada por datos objetivos, así como tampoco por el volumen de publicaciones científicas.

El soporte de los investigadores parece depender mucho más de la institución en la que desarrollan su actividad que de su propio rendimiento científico. El último ejemplo de esta inadmisible tendencia viene representado por la resolución de la última convocatoria para dar apoyo a los grupos de investigación de Cataluña (SGR) en la que, como han denunciado en un reciente comunicado la Universidad de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat Politècnica de Catalunya, la financiación destinada a los grupos de investigación no universitarios excede, por vez primera, a la otorgada a aquellos otros grupos que sí forman parte de la universidad.

Convendría recordar para los olvidadizos, ya sean conscientes o inconscientes, que el modelo de investigación de Cataluña, con sus luces y sombras, no se inicia con la creación de los llamados contratos ICREA, diseñados, en un primer momento, para atraer talento del exterior, y con la creación de los centros de investigación de excelencia, ambos acompañados de fuertes inversiones; sino con el esfuerzo de aquella investigación universitaria, no siempre reconocida como se merece, que ha sido promovida por los grupos incorporados a los departamentos universitarios y a sus centros de investigación.

Ya es hora de reactivar el Pacto Nacional por la Universidad para, entre otras cosas, no penalizar, como hasta ahora, a la investigación universitaria

Por ello, tan injusto y engañoso resulta pensar que la calidad de la investigación catalana reside, exclusivamente, en los ICREA y centros CERCA, como entender que la universidad puede seguir funcionando, en pleno siglo XXI, ante una realidad marcada por la internacionalización y la globalización, con sus clásicas estructuras de investigación. De ahí, la necesidad urgente de alcanzar un pacto entre las instituciones universitarias y la administración para conseguir una redefinición del sistema catalán de investigación. Este pacto debiera, bajo parámetros equitativos y sin obviar lo que de positivo tienen los centros CERCA, poner en valor y reconocer también a todas aquellas y aquellos investigadores que, con notable esfuerzo y en condiciones no siempre ideales, también desarrollan, sin olvidar las obligaciones docentes, sus actividades de investigación en el ámbito de la universidad.

Pese a la cada vez menos disimulada externalización de la investigación por parte de nuestros responsables políticos, en absoluto aceptable de forma acrítica por la comunidad universitaria, también convendría tener claro que las universidades deben afrontar una profunda reflexión acerca de la conveniencia de reformar sus actuales estructuras de investigación. En esta línea de actuación parece oportuno, por ejemplo, resolver el encaje, dentro de la propia universidad, de los institutos propios de investigación; corregir la descoordinación que puede constatarse, en ocasiones, entre las diferentes instituciones que participan en los llamados "institutos participados", así como reforzar el sentimiento de su pertenencia a la universidad; impulsar el soporte reactivo de gestión mediante la figura del promotor de la investigación; potenciar los grupos de investigación interdisciplinares; replantear el funcionamiento de las escuelas de doctorado; incrementar los recursos de investigación mediante la búsqueda activa del mecenazgo, y promover la divulgación de los resultados de la investigación y de la cultura científica, lo que, por extensión, debiera consolidar el papel de la universidad en cuanto al cumplimiento de su misión de transferencia e innovación.

La universidad pública catalana no puede ni debe permitirse el inmovilismo, pero, en paralelo, el Gobierno también debe ser consciente, sí es justo, de la urgente necesidad de afrontar la redefinición del sistema catalán de investigación. Para ello, con o sin Consejería de Universidades e Investigación, ya es hora de reactivar el Pacto Nacional por la Universidad para, entre otras cosas, no penalizar, como hasta ahora, a la investigación universitaria.