Aunque todo el mundo en el bloque independentista declara casi lloriqueando que es urgente formar Govern para poner fin al horroroso 155 y blablabla, cada día parece más difícil que los diferentes actores sean capaces de salvar sus contradicciones e intereses contrapuestos. En realidad, se trata de una cuadratura imposible por la decisión de algunos de sus protagonistas. Solo así se explica que Carles Puigdemont y Toni Comín no quieran renunciar a sus actas de diputado, lo que deja nuevamente en manos de la CUP la viabilidad de cualquier acuerdo de investidura. Ayer Marta Rovira pedía a JxCat que esta misma semana proporcione otro nombre para una investidura "efectiva". Seguro que hoy en Bruselas el expresident dará un nuevo giro de guion al serial que protagoniza en el exilio. La noticia de que 18 diputados de su grupo parlamentario, los que no están adscritos al PDeCAT, empezando por Elsa Artadi, Eduard Pujol y Quim Torra, van a integrarse en una nueva asociación política, acrecienta la impresión de que el legitimismo irredento quiere hacer poco a poco inevitable otro adelanto electoral.

Que Puigdemont intentase primero jugar la carta de su imposible investidura, a finales de enero, era lógico tras los resultados del 21D, lo sorprendente es el tiempo que tardó en resignarse, cuya renuncia anunció el 1 de marzo, solo como “provisional”, y tras ser reconocido como president “legítimo” en una resolución sin efectos jurídicos. También que el sustituto designado por él fuese Jordi Sànchez, aún sabiendo que tenía escasísimas posibilidades de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena le autorizase a salir de la cárcel para asistir a su investidura. Que la primera reacción del republicano Sergi Sabrià fuera de discrepancia con la candidatura de Sànchez, ya lo dijo todo sobre la pésima relación de Puigdemont con ERC. Pero es que tampoco el programa de legislatura estaba acordado con la CUP, que lo descalificó por autonomista, con lo que no sabemos qué hubiera pasado este lunes de haberse llevado a cabo el pleno convocado inicialmente.

El legitimismo irredento de Puigdemont y los suyos quiere hacer poco a poco inevitable otro adelanto electoral

La semana que viene hará tres meses de las elecciones autonómicas y lo peor no es que estemos en un momento de bloqueo político, sino sumergidos completamente en un insólito tiempo muerto sin precedentes parlamentarios. Del bloqueo se sale poniendo en marcha el reloj de la investidura, como ocurre siempre que no hay capacidad para elegir a nadie y toca devolver la palabra a los ciudadanos. Pero en Cataluña nuevamente se ha impuesto la astucia con un presidente del Parlament que ha suspendido dos veces el pleno sine die, con lo que técnicamente ha congelado la cuenta atrás de los dos meses. Ciutadans insiste en que se convoque un pleno para certificar el fracaso y que de esta forma se active el reloj, tal como propusieron los letrados a principios de febrero. Por su parte, el PSC ha presentado diversos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que antes o después acabará pronunciándose y poniendo fin a este vergonzoso colapso, cuya responsabilidad principal recae en Roger Torrent, incapaz de garantizar el funcionamiento de la vida parlamentaria y, por tanto, de ponerse por encima del caos y la división de los suyos.