La reciente iniciativa del grupo parlamentario de JxCat para reformar la ley de la presidencia de la Generalitat para sustentar y justificar una presidencia, simbólica, en el extranjero ha levantado aún más las alarmas sobre la viabilidad de la democracia en Cataluña. Sobre todo, porque carece de validez jurídica sin la previa reforma del Estatuto de Autonomía. Estatuto que dispone que el presidente "es nombrado por el Rey" (artículo 67.4).

Cataluña y, sobre todo, su pueblo, merecen mayor respeto. Mucho mayor que el que le dispensan los dirigentes independentistas. Si el procés se ha caracterizado desde sus inicios por un abuso del simbolismo para seducir a sus seguidores, ahora ha llegado a límites insospechados e inconcebibles en una democracia. Desde su inicio, ha habido una presencia constante y abusiva, hasta el hartazgo, de símbolos como eslóganes, insignias, emblemas, himnos, lazos y concentraciones, como medio para generar más emotividad que razones democráticas. Han procurado siempre crear un espectáculo político atractivo. Los dirigentes saben que estos mecanismos promueven más exaltación de sí mismos y, sobre todo, de los fines que proponen. Y, ciertamente, en parte, lo han conseguido. Así, los promotores consiguieron adhesiones inquebrantables, como en los tiempos de la dictadura, que les llevaron a aprobar leyes --como la de desconexión-- abiertamente antidemocráticas en la forma de ser aprobadas y en el fondo --convocar un referéndum ilegal y carente de cualquier fiabilidad-- hasta llegar a la DUI.

Cataluña y, sobre todo, su pueblo, merecen mayor respeto. Mucho mayor que el que le dispensan los dirigentes independentistas con la propuesta de presidencia simbólica

Hoy es sabido, gracias a estudiosos norteamericanos como Murray Edelman, que las prácticas simbólicas en la política conducen a una exaltación de los vínculos emocionales de los ciudadanos, lo que, en definitiva, es la "antítesis de una acción política democrática". Desde estas posiciones, bajo el dominio egocéntrico del expresident Puigdemont, plantean nada más y nada menos que alterar radicalmente la estructura constitucional de Cataluña y crear una doble presidencia de la Generalitat: la "simbólica" --pero con poder decisorio-- en Bruselas, y otra meramente ejecutiva en Cataluña. Creo que no hay en Europa ningún Gobierno de tal catadura. Para ello, cuando este país aún carece de un Parlamento activo y de un Gobierno, proponen una reforma radical de una ley autonómica --incluido el quimérico Consell de la República-- que, bajo ningún concepto es admisible. Equivaldría a instaurar en Cataluña una forma de dictadura.

Por otra parte, la actual estructura legal de la presidencia de la Generalitat es radicalmente incompatible con la delirante pretensión del expresident de asumir dicho cargo desde la abismal distancia del Gobierno y las instituciones de la Generalitat, que representaría residir en un país extranjero. Además de la absoluta ruptura que supondría con los vínculos personales e institucionales que exige, sin excepción alguna, el funcionamiento de un sistema democrático de gobierno. Es sencillamente inviable pero, sobre todo, expresa un grave autoritarismo en cuanto que los órganos de control político quedarían alejados y, en consecuencia, carentes de toda capacidad para el ejercicio de sus decisivas funciones.

Basta un breve repaso de cómo la pretendida concepción "simbólica" de la presidencia de la Generalitat afectaría de inmediato al funcionamiento de la democracia en Cataluña que, prácticamente, quedaría suspendida. Es suficiente con repasar algunos preceptos de la ley autonómica 13/2008 sobre dicho cargo y su Gobierno. El presidente debe "convocar y presidir las reuniones del Gobierno" (artículo 12), el presidente "debe comparecer ante el Parlamento para dar cuenta de la estructura y composición del Gobierno" (artículo 23), el artículo 26 describe hasta 18 competencias del Gobierno que exigen la presencia del president, y el artículo 28 dispone que "para que las deliberaciones y decisiones del Gobierno sean válidas, es preciso que esté presente el presidente". Otros muchas normas exigen la presencia personal e inmediata del president, como las respuestas a las "preguntas orales" de los diputados y otras similares.

Es imposible concebir, desde los más elementales principios de un régimen democrático, un gobierno presidido y aparentemente dirigido --además de las razones procesales que aquí concurren-- por un supuesto presidente, en el extranjero, que carece por completo de la posibilidad de ser conocido, interpelado, directamente controlado, y de ejercer con plenitud sus funciones legales de gobierno.

La propuesta que hoy sigue manteniéndose constituye un atentado a nuestro sistema democrático que, además de quebrar gravemente las instituciones catalanas actuales, perjudicaría al amplísimo nivel de autogobierno que otorga el Estatuto y, más grave aún, está perjudicándose "la construcción de una sociedad democrática y avanzada, de bienestar y progreso" que define el Estatuto.

Por todo ello, el proyecto independentista ni puede ni podrá salir adelante. Basta, pues, de confundir a un pueblo que mayoritariamente --así lo expresan los votos-- desea vivir en una sociedad solidaria e integradora, presidida por la igualdad de derechos y la cohesión social.