Una semana más, la política en Cataluña ha quedado supeditada a un único objetivo: la posible investidura de Carles Puigdemont y las infinitas modalidades --telemática, delegada, efectiva, simbólica-- que nos dicen que podría adoptar. Hemos dedicado los mejores titulares y toda nuestra atención mediática a un acontecimiento incierto olvidando que, mientras discutimos las últimas novedades del procés, los grandes problemas de la ciudadanía siguen allí: las listas de espera, los efectos de los recortes en salud y educación, la precariedad laboral, el deterioro de la economía, la falta de acceso a una vivienda digna. Cuestiones que no encontrarán solución si Cataluña sigue sin gobierno.

Después de muchos días, parece imponerse la idea de que no es posible gobernar Cataluña a distancia y que Puigdemont no puede ser considerado un candidato viable. ¿Podemos cambiar de tema y comenzar a hablar de otras cuestiones?

Por ejemplo, de las altas cifras de pobreza en Cataluña. María Jesús Cañizares nos recordaba el pasado fin de semana que ésta se sitúa en un 19% en el caso del total de la población de Cataluña pero que la pobreza infantil se alza hasta un 24%. Estamos hablando de que uno de cada cuatro niños y niñas no tienen acceso a los mínimos necesarios para desarrollarse: no comen lo que necesitan, viven en familias que no tienen recursos suficientes para pagar las facturas de agua o de luz, no pueden calentar su hogar en invierno o viven realojados en viviendas insalubres.

La falta de acceso a un empleo digno y la precariedad laboral son otros de los grandes problemas que se ha agudizado a medida que transcurría el procés. Si en 2008 un 16% de las personas desocupadas llevaba buscando trabajo en Cataluña durante un año o más, en 2016 esta cifra se había alzado hasta el 53%, situándose entre las más altas de la Unión Europea. Se trata de personas que llevan años en el paro, sobreviviendo con prestaciones mínimas o gracias a la solidaridad de familiares, en condiciones de extrema precariedad.

Podemos seguir discutiendo sobre algo que sólo interesa de forma prioritaria a una parte de la población o comenzar a hablar de lo que interesa a toda la ciudadanía

Producto de la crisis y los recortes, Cataluña gasta hoy 1.300 millones de euros menos en sanidad, educación y protección social que lo que se gastaba en 2010. Detrás de esta cifra hay ciudadanos y ciudadanas esperando una intervención quirúrgica, colegios que no pueden ofrecer clases de refuerzo para combatir el fracaso escolar, jóvenes que no pueden acceder a cursos de formación e inserción laboral y adultos dependientes que necesitan una residencia.

Podemos seguir discutiendo sobre algo que sólo interesa de forma prioritaria a una parte de la población o comenzar a hablar de lo que interesa a toda la ciudadanía. Espectáculos como los vividos el pasado martes en el Parlamento de Cataluña no sólo socavan la imagen de nuestras instituciones, atentan también contra los intereses de la ciudadanía que comienza a estar cansada --y con razón-- de que sus problemas sigan en una lista de espera.

Cataluña necesita tener un gobierno lo antes posible y recuperar la normalidad. Un gobierno que respete la legalidad y que esté en condiciones de abordar los grandes problemas de la ciudadanía. Un gobierno que sea asumido por personas que puedan cumplir sus funciones en plenitud y que tenga capacidad de diálogo. Porque sólo saldremos de la actual situación cuando todos y todas seamos capaces de sentarnos a hablar y de buscar salidas. Cuando dejemos de negarnos unos a otros y pongamos en valor las cosas que nos unen por sobre aquellas que nos separan.

Es difícil pensar que los partidos políticos que representan a la ciudadanía en el parlamento de Cataluña están dispuestos a aceptar que el combate de la pobreza, el paro o la falta de acceso a la salud pueden seguir esperando. Cataluña no necesita una investidura telemática ni un presidente a distancia y desde luego no necesita nuevas elecciones. Necesita un gobierno que trabaje, que supere la lógica de bloques al menos en las cuestiones que son prioritarias. Si seguimos dedicando nuestras energías a descifrar los mensajes de móvil de Carles Puigdemont o elucubrando sobre el nombramiento de un gobierno simbólico, no avanzaremos.