No, no fue ninguna maragallada aquella denuncia pública hecha en sede parlamentaria por el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, al aludir al 3%. Existe ya una sentencia judicial, la de la Audiencia de Barcelona sobre el caso Palau, que considera demostrada de forma fehaciente que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió con importantes pagos de la constructora Ferrovial como comisiones o mordidas por la adjudicación por parte del Gobierno de la Generalitat, entonces presidida por Jordi Pujol y con Artur Mas ocupando siempre destacados cargos, de concesiones de grandes obras públicas.

La sentencia de la audiencia no solo considera probadas estas mordidas sino que va más lejos, puesto que condena al extesorero de CDC, Daniel Osàcar, a una pena de cuatro años y cinco meses de prisión, y condena asimismo a la propia CDC con el decomiso de 6,6 millones de euros. Este es, según lo que la audiencia juzga como demostrado, el importe de las ilegales comisiones que CDC recibió de Ferrovial.

Es la primera sentencia judicial que condena a CDC por financiación ilegal. No será la última, según todos los indicios. Existe otra causa paralela, iniciada en los juzgados de El Vendrell, en un principio por una denuncia presentada por una edil de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero que se ha extendido a otros muchos casos de supuesta financiación ilegal de CDC a través de cuantiosas comisiones recibidas de diversas empresas constructoras a las que tanto la Generalitat como ayuntamientos, diputaciones provinciales y consejos comarcales controlados por CDC concedieron importantes contratos de obra pública.

Conviene recordar que la sentencia del caso Palau ha sido dictada por la Audiencia de Barcelona, esto es, un tribunal catalán, y que los ilícitos condenados se produjeron, según lo que la misma sentencia considera probado, durante al menos una década, de 1999 a 2009, hasta que los Mossos d'Esquadra, actuando como policía judicial y con los correspondientes mandatos, irrumpieron tanto en el Palau de la Música Catalana como en los domicilios y los despachos de Fèlix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull, los tres principales gestores del Palau, y también en las sedes de CDC y de Ferrovial.

Pasados casi trece años, es evidente que aquella denuncia de Maragall en el Parlament ante Mas ha quedado rotundamente demostrada

Han pasado casi trece años desde aquel día de febrero de 2005 en que el socialista Pasqual Maragall, como presidente de la Generalitat y en el hemiciclo del Parlamento de Cataluña, públicamente le dijo a Artur Mas, entonces líder de la oposición y de CDC, "ustedes tienen un problema y es el 3%". La respuesta de Mas --"usted ha perdido completamente los papeles"--, amenazando con retirar su apoyo a la elaboración de un nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía, hizo que Maragall frenase en seco y retirase aquella acusación tan contundente.

Pasados casi trece años, es evidente que aquella denuncia de Pasqual Maragall ha quedado rotundamente demostrada. No, aquella denuncia no fue ningún invento; no fue ninguna maragallada. Las auténticas maragalladas, pero en este caso vergonzosas y moralmente inadmisibles, son las de quienes ahora dan su apoyo parlamentario y político a los sucesores de aquel 3%. Sobre todo cuando pretenden hacerlo en nombre y representación de Pasqual Maragall, el único político catalán que, aunque fuese solo por unos instantes y luego se retractase, tuvo el coraje y la honradez de decir en público lo que casi toda la sociedad catalana sabía pero no se atrevía a denunciar.

¿Qué hubiese sucedido en Cataluña si aquel día de febrero de 2005 Pasqual Maragall no se hubiese retractado de su acusación? Ignoro lo que hubiera podido ocurrir. No obstante, estoy seguro de que la situación actual en Cataluña no sería peor que la actual. Probablemente sería incluso mucho mejor.