"Os merecéis perder las elecciones por cobardes", con estas palabras me expresaba su frustración el corresponsal de un prestigioso medio de comunicación internacional por no encontrar un empresario que hubiera deslocalizado su empresa fuera de Cataluña dispuesto a hablar con él.

Durante los agitados meses de septiembre de 2017 hasta el famoso 21D, en Empresaris de Catalunya hemos participado, literalmente, en más de 300 intervenciones en medios de comunicación nacionales e internacionales para explicar la situación económica y empresarial en Cataluña provocada por el procés separatista. Esa es y ha sido nuestra misión desde que en octubre de 2014 nos constituimos como asociación para agrupar y dar voz a todos aquellos empresarios y profesionales a favor de la convivencia, la colaboración y la unidad de mercado con el resto de España. Es nuestro trabajo y así lo hemos aceptado siempre.

Pero más allá de nuestras intervenciones, siempre ha sido difícil encontrar a otros empresarios que estuvieran dispuestos a pronunciarse públicamente en contra del procés. Y si bien es cierto que desde octubre del pasado año algunos de nuestros asociados decidieron romper el silencio y aceptar salir en los medios, la gran mayoría de empresarios se han mostrado evasivos. Recuerdo el caso de un conocido al que le propuse hacer unas declaraciones off the record (sin mención de nombre personal ni de su empresa) para un medio japonés sobre por qué había deslocalizado su empresa fuera de Cataluña y cómo rechazó tal propuesta alegando que "nunca se sabe" y que "se podrían enterar". ¿Enterarse, quién? Y hete aquí el problema. El silencio y los silenciados. Sí, mucho se ha escrito ya sobre la espiral de silencio impuesta en Cataluña desde el pujolismo mediante su perverso plan Catalunya 2000 para convertirnos a todos al credo nacionalista o, por lo menos, para no oponernos a él. Calladitos estábamos mejor. Y sí, mucho se ha escrito también sobre cómo desde las instituciones del Estado se ha compadreado con el nacionalismo en Cataluña, permitiéndoles imponernos el silencio.

 

Siempre ha sido difícil encontrar a empresarios que estuvieran dispuestos a pronunciarse públicamente en contra del procés

 

Hasta tal punto que, en descargo de los empresarios, en Cataluña ha dominado la sensación de que el nacionalismo tenía libertad de actuación por parte del Estado y que, por lo tanto, estaba todo decidido, estábamos vendidos. Sí, el Estado no siempre ha estado presente, ni mucho menos se ha impuesto cuando debía haberlo hecho. Con la reciente excepción de la aplicación del artículo 155.

Afirmaba Jordi Cañas en el documental Disidentes (Fran Jurado, 2016) que la situación había cambiado, que ahora estábamos mejor que nunca ya que los no nacionalistas habíamos empezado a alzar la voz y a no aceptar más el silencio. Cierto, y el fenómeno Tabarnia o la existencia misma de Societat Civil Catalana, D'Espanya i Catalans, CLAC, Concordia Cívica o Empresaris de Catalunya, entre otras asociaciones, son un buen ejemplo. Pero no suficiente, todavía queda mucho trabajo por hacer, principalmente en la clase empresarial.

Uno puede entender que a ningún empresario le resulte cómodo ni conveniente pronunciarse sobre o en contra del poder político. Aunque de alguna forma ya se haga directa o indirectamente (a través de sus asociaciones y patronales) cuando se trata, por ejemplo, de debatir reformas laborales o fiscales.

Pero lo que se ha vivido y se está viviendo en Cataluña desde el inicio del procés se escapa del debate político ordinario. La gravedad e injusticia del pulso separatista demandaba una mayor claridad y contundencia por parte de la clase empresarial catalana sobre los graves perjuicios que ya se estaban provocando a la economía catalana, a sus empresas y a sus trabajadores.

La tan manida responsabilidad social corporativa (RSC) no puede limitarse a un mensaje vacuo o a una mera declaración de intenciones y bonhomía, a modo estrategia de comunicación y marketing social. La responsabilidad exige acción, determinación y denuncia cuando la situación lo requiera. Y el procés lo requería, y mucho.

 

La gravedad del pulso separatista demandaba una mayor claridad y contundencia por parte de la clase empresarial catalana sobre los graves perjuicios que ya se estaban provocando

 

Llámenme soñador, pero pienso que las empresas, ya sean catalanas o riojanas, tienen una responsabilidad social y una obligación real de contribuir de forma activa al mejoramiento social y económico de la sociedad en la que operan. En procurar que el interés general de la sociedad, empezando, por qué no, por sus accionistas, empleados y clientes se vea fortalecido y no amenazado. Y aquí, discúlpenme ustedes, muchas grandes empresas catalanas no han cumplido con esta obligación social.

Se sabe y se sabía que las pulsiones separatistas iban a producir un grave perjuicio a la confianza en la economía catalana, que la iban a ralentizar y que afectarían a la inversión, el consumo, el empleo o a la creación de empresas. Como así está ocurriendo. El coste de oportunidad está siendo incalculable (o de unos 1.000 millones de euros, según el ministro Guindos). El daño era predecible, y aun así, muchos decidieron seguir en silencio, no fuera que "el poder se enterase".

A pesar de lo ya escrito y analizado, cabe esperar que los próximos tiempos vislumbren la publicación de artículos y estudios explicando cómo una sociedad moderna y avanzada, y en concreto su clase empresarial, fue tan pasiva y temerosa del poder político ante una tragedia inminente. Porque más allá del silencio impuesto, a veces agobiante, de acuerdo, subyace la responsabilidad del silenciado de aceptarlo o no, de sucumbir o no la presión del poder político, aún a sabiendas de sus desastrosas acciones.